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El País Digital
Sábado
25 octubre
1997 - Nº 540
'Un acuerdo para la transición'
Los partidos parlamentarios se comprometieron hace 20 años con los Pactos de la Moncloa a superar la crisis económica y a homologar España con los países democráticos
MANUEL NAVARRO, Madrid
España 1977. Adolfo Suárez se encuentra
con una difícil herencia. El régimen franquista ha soslayado
la primera crisis energética de 1973 sin tomar ninguna medida para
impedir el deterioro de la economía, más preocupado por su
propia superviviencia que por el futuro de España. Mientras que
otros países desarrollados han respondido al alza del petróleo
-que ha pasado de 1,63 dólares por barril a principios de 1973 a
14 dólares a principios de 1974- imponiendo duras restricciones
al consumo y forzando planes de ahorro energético, en España
la gasolina se ha mantenido a 11 pesetas el litro y sólo ha subido
a 12 pesetas en 1974. Cuando comienza 1977 su precio ya se ha elevado a
28 pesetas, pero la sangría en divisas que ha costado el mantenimiento
de los precios ha neutralizado los ingresos provenientes de los 34 millones
de turistas que visitaron nuestro país ese año.
Suárez no cuenta con la confianza de los partidos
democráticos, a los que debe legalizar, y tiene que ganarse a pulso
la confianza de los españoles.
Inflación al 26,4% anual
Al miedo de revivir los horrores del alzamiento franquista
de 1936, la población suma el deterioro de la situación económica.
En 1977 ya había 900.000 personas en el desempleo, el 5,7% de la
población activa, de las que sólo 300.000 contaban con un
seguro de paro. Los precios subían a una tasa del 26,4% anual, mientras
que el salario mínimo se había anclado en 15.000 pesetas
(en aquel año un litro de aceite costaba 125 pesetas y uno de leche
35 pesetas). La renta per cápita se situó en 226.098
pesetas, con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,8%.
El déficit exterior alcanzaba los 14.000 millones de dólares
(unos 1,2 billones de pesetas), tres veces más que las reservas
del Banco de España.
Al mismo tiempo, la presión del movimiento sindical
permite que los salarios aumenten hasta un 7,5% en tasas reales, frente
al 5% de la Comunidad Europea.
En un histórico envite, el 17 de marzo Suárez
promulga el decreto de amnistía para los presos políticos
y, todavía más, el Sábado Santo, el 9 de abril, legaliza
al PCE, lo que cuesta una declaración adversa del alto mando militar
y la dimisión del almirante Pita da Veiga, ministro de Marina. Pero
el proceso de apertura es imparable. El 28 de abril son legalizados los
sindicatos y el 13 de mayo la presidenta del PCE, Dolores Ibárruri
(Pasionaria) llega a Madrid: un símbolo del cierre del enfrentamiento
entre los españoles.
Los partidos democráticos y la opinión pública
parecen sorprendidos y hasta encandilados por la línea política
de Suárez, hasta poco tiempo atrás denunciado como un oscuro
funcionario del Movimiento. Cuando se convocan, a mediados de junio, las
primeras elecciones democráticas, la Unión de Centro Democrático,
un heterogéneo grupo de elementos centristas que Suárez ha
conseguido aglutinar, se hace con la mayoría relativa del Congreso
de los Diputados. El 4 julio se forma en España el primer Gobierno
democrático después de la II República.
Pero Suárez debe negociar todo. Su minoría
no le permite adoptar leyes sin consenso y el nuevo régimen no hace
aconsejable tomar medidas que puedan romper el arco democrático.
La adopción de un paquete de medidas políticas
que reformen las leyes franquistas con vistas a homologar España
a los valores y a las prácticas de las sociedades democráticas
era una asignatura pendiente, en la que el presidente del Gobierno podía
contar con el respaldo mayoritario. Más difícil era afrontar
la crisis económica, ya que de las soluciones que se planteasen
podría salir fortalecido un modelo de economía social o de
economía de mercado.
Hacia el diálogo
Intentando levitar por encima de los dos opciones, el
vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, hacía
un angustioso llamamiento: «O la democracia acaba con la inflación
o la inflación acaba con la democracia».
El 11 de julio, el Gobierno presenta una «Declaración
Programática» en la que se planteaba la devaluación
de la peseta, en un 19%, para aliviar las presiones sobre las exportaciones
españoles y, por consiguiente, sobre el déficit exterior,
al tiempo que anunciaba una reforma fiscal. Era el momento en que el ministro
de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, hizo famoso
el «Hacienda somos todos» con el objetivo de que pagasen más
los que más ingresos obtuvieran.
El PCE responde positivamente a la propuesta, aunque solicita
que ese programa sea puesto en marcha por un Gobierno de «concentración
democrática». Pero esa idea choca con los planes de Suárez,
quien recuerda que «no se trataba de establecer ni un Gobierno paralelo
ni, mucho menos, un Gobierno de concentración». En esa línea,
el presidente del Gobierno convocó el 8 de octubre a los representantes
de todos los partidos políticos parlamentarios para establecer un
diálogo conjunto.
Fuentes empleó más de una hora para desgranar
el contenido de la propuesta. Mientras, los representantes vascos abandonaron
la reunión apresuradamente: ETA había ejecutado al presidente
de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea.
Tras unas agotadoras sesiones de trabajo que se alargaron
hasta el día 9, Gobierno y partidos parlamentarios aceptan un documento
bautizado como «Resumen de Trabajo» y que es la base del paquete
económico de los Pactos (véase
recuadro).
El gran obstáculo para conseguir el éxito
del plan era el alto índice de paro existente, que hubiera exigido
un incremento de las inversiones, algo incompatible con las restricciones
impuestas a la política monetaria. Y este fue el primer fracaso
de los Pactos de la Moncloa. Otras 100.000 personas fueron a engrosar el
desempleo en los meses siguientes, con lo que se llegó a finales
de 1978 con más de un millón de parados.
En el haber del acuerdo, sin embargo, hay que recordar
el recorte de la inflación, que pasó del 26,4% en 1977 al
17% en 1978; la balanza de pagos mejoró sustancialmente y se consiguió
un superávit de 2.500 millones de dólares al año siguiente,
mientras que el crecimiento económico duplicó el 1,1% previsto.
«La situación política resultaba propicia»,
recuerda José Víctor Sevilla Segura, más tarde secretario
de Estado de Hacienda con el primer Gobierno socialista, «puesto
que desde la perspectiva de la derecha existía en el país
-como pusieron de manifiesto las elecciones- una izquierda considerable,
cuyos propósitos eran ignorados y, en parte, temidos».
De esta forma, los Pactos de la Moncloa pueden ser considerados,
con el paso del tiempo, como un hábil movimiento de Suárez
que consiguió el respaldo de todas las fuerzas hostiles, enseñando
la zanahoria de la liberalización política, para que le permitieran
realizar la transición dentro del marco de la economía de
mercado.
Quizás esa fuera la razón por la que el
contenido económico de los pactos se firmó solemnemente en
el Palacio de la Moncloa al 25 de octubre -con retransmisión de
TVE en directo incluida- y los de contenido político se rubricaron
recatadamente dos días más tarde en un salón del Congreso
de los Diputados (véase recuadro).
En ese camino se había descolgado Alianza Popular,
que firmó los pactos económicos pero que se negó a
rubricar los políticos. Su líder, Manuel Fraga, se justificó:
«No hemos creído que este pacto fuese ni oportuno ni efectivo».
Fuentes se retiró, desilusionado, en febrero de 1978, después de comprobar la falta de interés político por parte de UCD para acometer las reformas económicas estructurales (véase recuadro de incumplimientos). En la dimisión le acompañó Alberto Oliart, ministro de Industria y Energía. Así, el único socialdemócrata que quedó en el Gobierno Suárez fue Fernández Ordóñez, sin la fuerza suficiente para impedir que el Ejecutivo comenzase a realizar una «lectura de derechas» del contenido económico de los Pactos, algo que supuso el fracaso final de lo que se definió años mas tarde como «el compromiso histórico» español.
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Una foto para la historia
Firma de los Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977. De izquierda a derecha, Enrique Tierno (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (Federación Catalana del PSOE), Joan Raventós (Convergencia Socialista de Cataluña), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (Minoría Catalana) y Leopoldo Calvo Sotelo (UCD). Foto:Europa Press.
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