Mi posición en el caso GAL ha estado orientada por el deseo, y el deber, de limitar al máximo los daños, los destrozos, en lo personal y en lo colectivo.

Se ha dicho que un reconocimiento expreso desde instancias políticas, una asunción de responsabilidades en la denominada guerra sucia, era necesaria para la correcta resolución del problema y para la terminación de la polémica pública. Y ¿también? para que cese la persecución contra las personas.

La verdad es, pienso, que los que defienden esto no lo han analizado suficientemente. Veamos.

a) En lo colectivo. No es posible ver dónde está la ventaja para las instituciones democráticas, para la propia coexistencia de los españoles, ni para el crédito público o internacional de nuestro país, reconocer una falsedad como la de que detrás de la guerra sucia estaba el Gobierno o el partido socialista. No lo entiendo. ¿Puede alguien explicar convincentemente los beneficios de reconocer una atrocidad semejante?

b) En lo personal. Ahora hay una serie de personas imputadas. Fundamentalmente, como consecuencia de declaraciones preparadas o amañadas, o forzadas por una utilización abusiva de la prisión preventiva. Está suficientemente claro que nuestro Ordenamiento no otorga ningún efecto exculpatorio, ni atenuador, a la llamada obediencia debida. Cada uno tiene que responder de sus propios actos.

Con estas premisas, si en una colectividad de personas relacionadas jerárquicamente, alguien de la cúpula declara que ordenó la comisión de un delito, que tuvo necesariamente que cometerse siguiendo la vía jerarquizada hasta llegar a los autores materiales, el efecto sería que todas las personas de esa línea quedarían inculpadas con un testimonio muy calificado. Quienes hoy niegan su participación en determinados hechos delictivos o resultan incriminados por testimonios deleznables verían considerablemente fortalecidas las acusaciones que se formulan contra ellos.

¿Dónde está el beneficio para las personas imputadas en el llamado caso GAL en que alguien del Gobierno socialista cometa la barbaridad de reconocer algo delictivo que no ha sucedido?

A pesar de lo anterior, ha habido muchos comentaristas, tertulianos, y también políticos adversarios del PSOE, que han dicho y reiterado que un reconocimiento público, una autoacusación o cosas semejantes, por parte de un responsable político, permitiría la solución de este problema, la eliminación de los daños que padece la sociedad española e, incluso, que las personas de los escalones más bajos fueran exoneradas. Por eso me he permitido hacer una propuesta.

Es la siguiente: insisto en que las imputaciones que se hacen contra mí son falsas y que, además de falsas, son injustas. No obstante, tengo claro que quienes han montado todo esto ya han realizado un juicio paralelo y emitido una sentencia condenatoria - el manoseo político-mediático de los procedimientos judiciales está en relación inversa con la realización de la justicia- . No soy un iluso y sé que esa sentencia paralela puede confirmarse.

En ese entendimiento, me dirijo a los que defienden la tesis de que la autoinculpación de un personaje político, asumiendo todas las responsabilidades, arreglaría las cosas. Aquí lo tienen. Estoy dispuesto a asumir las que ustedes digan y a autoinculparme de lo que se les ocurra. Una sola condición: que sean consecuentes con su tesis y se pongan inmediatamente a defender que el caso GAL debe cerrarse. Y que todos los imputados, menos el que firma, deben ser exonerados. ¿De acuerdo? Estoy dispuesto. Díganme dónde debo firmar ese compromiso o cómo debemos formalizarlo. Espero su respuesta congruente con lo que vienen sosteniendo.

Mientras recibo esa respuesta seguiré defendiéndome y defendiendo a quienes creo se lo merecen. Las líneas de defensa son dos:

a) Reitero que las imputaciones que se me hacen son falsas e injustas, y por eso las niego tajantemente, con toda firmeza. Con igual firmeza niego que haya ninguna implicación del Gobierno o del partido socialista. Es evidente que la denominada guerra sucia no comenzó con el Gobierno socialista. Terminó cuando ejercía sus funciones el Gabinete al que yo pertenecí.

Aclararé que, en este punto, mi posición -a la que me atendré en todo momento- no es la de que «otros también», sino la más decente de que «nosotros tampoco». No pido la solidaridad que nosotros otorgamos, creo que generosamente. Sólo que se respeten las garantías y el espíritu de nuestros textos constitucionales. No pedimos que este Gobierno nos defienda -nosotros lo hicimos con nuestros antecesores-. Sólo solicitamos juego limpio y que los miembros del Ejecutivo no colaboren -como ya han hecho- con quienes, a base de manipulaciones y dosis abundantísimas de mala fe, han montado este escándalo destructivo.

b) El procedimiento seguido para acusarnos nada tiene que ver con el juicio justo al que, según nuestro ordenamiento constitucional, tiene derecho cualquier ciudadano. Un sucio ajuste de cuentas, que ha contado con un par de jueces movidos por afanes vengativos, o sectarismo político, o enfermizo afán de notoriedad, se ha disfrazado de procedimiento judicial. Nada tiene que ver con el concepto de justicia. Han abusado del respeto general que merece la Institución.

Otros magistrados se han dejado contaminar, por razones diversas, prejuzgando o consintiendo actuaciones de sus colegas contrarias a elementales derechos y al respeto debido a cualquier persona.

En las cuestiones de procedimiento, igual que en las de fondo, utilizaré todos los recursos que crea convenientes y me otorgue nuestro ordenamiento. Digan lo que digan, haré lo posible por tener un juicio justo, del que hasta ahora no hay indicios. Me parece elemental.

Repito que los funcionarios de los cuerpos de seguridad, sea cual sea su rango, que por servir al interés público, de buena fe y sin beneficio personal, cometan errores que resulten punibles deben ser acreedores a ese tipo de medidas.

Los responsables políticos es otra cosa. En cualquier caso, en lo que a mí concierne, no quiero que nadie tranquilice su conciencia, y se comporte injustamente, pensando que otros remediarán el atropello por esta vía. No me gusta ese burladero. Que se lo guarden. Quiero justicia. No aprecio los sucedáneos.

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José Barrionuevo Peña, diputado socialista, fue ministro del Interior entre 1982 y 1988 y está procesado en el caso GAL.

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