Pujol sacará adelante mañana la ley del catalán con la oposición del PP y Esquerra Republicana

LUIS MAURI, Barcelona
El Parlament de Catalunya aprobará mañana la nueva ley del catalán con los únicos votos en contra de los independentistas de ERC y los conservadores del PP. La mayoría nacionalista ha conseguido convertir la cuestión lingüística en el eje principal del debate político en Cataluña durante los últimos 12 meses. Un eje que ha difuminado, para desespero de la oposición socialista, la discusión sobre el pacto entre José María Aznar y Jordi Pujol. No obstante, CiU no ha salido indemne del trance: el debate sobre la ley del catalán ha durado el doble de lo previsto y por el camino los nacionalistas han tenido que renunciar a bastantes de sus objetivos principales, como el de imponer el uso del catalán en la actividad comercial privada.

Narcís Serra y Jordi Pujol, durante una reunión en el Palau de la Generalitat (C. Ribas).

Después de un año de prolijas, complejas y en ocasiones contradictorias negociaciones, el Parlament aprobará mañana la nueva Ley de Política Lingüística, que viene a sustituir a la de Normalización Lingüística de 1983. Esta última fue aprobada en su día por unanimidad. En aquella fecha, ERC actuaba como satélite político de la coalición nacionalista de centro derecha CiU, mientras que Alianza Popular, precedente del actual PP, no tenía representación parlamentaria en Cataluña.

La escena política catalana ha cambiado notoriamente desde 1983, y mañana no habrá unanimidad. Ésta contará con el respaldo de un bloque mayoritario integrado por Convergència i Unió (CiU), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV) y el Partit per la Independència (PI), y se enfrentará al rechazo del Partido Popular (PP), cuya ejecutiva debe hoy ratificar definitivamente su voto negativo, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A Esquerra Republicana, la ley le sabe a poco, mientras que al PP le produce empacho. La fragua del pacto mayoritario no ha resultado sencilla ni rápida. Al menos, no tan sencilla ni tan rápida como había imaginado el autor del proyecto, el consejero de Cultura del Gobierno catalán, Joan Maria Pujals. Éste y su director general de Política Lingüística, Lluís Jou, siempre estuvieron convencidos de que la adopción de leyes «intervencionistas», en boca de Jou, era la mejor manera de fomentar el uso social del catalán.

De esa convicción, y del entonces todavía impreciso conocimiento del alcance y de la traducción del pacto suscrito entre José María Aznar y Jordi Pujol, nació el proyecto Pujals de nueva ley del catalán. El factor protagonista del proyecto había sido bautizado como «disponibilidad lingüística», un eufemismo que en realidad desvelaba la voluntad de la Administración nacionalista de regular o imponer el uso de las lenguas en el comercio y otras actividades sociales y económicas privadas.

No sólo el PP estuvo desde el primer momento en contra de la iniciativa impulsada por Pujals. El primer grupo de la oposición, el PSC, también consideraba que no había ninguna razón para reemplazar la ley de 1983 y sí muchas para no hacerlo. Entre estas últimas, la principal era que la cuestión lingüística constituye una materia sensible que puede poner en peligro la cohesión social en Cataluña. IC-EV, sin tanto énfasis, tampoco demostró entusiasmo especial en la revisión de la normativa lingüística. Sólo los partidos independentistas (ERC y el PI) coincidían en la reclamación de una nueva legislación más intervencionista de fomento del uso social del catalán. Pero Pujals -quizá convencido entonces de que el poder de influencia de CiU sobre el PP catalán era mayor del que en realidad es- hizo oídos sordos a las objeciones de la oposición.

Enseguida los nacionalistas constataron la necesidad de conseguir el apoyo de los socialistas a la nueva ley. Sin él, CiU consideraba inviable sacar adelante el proyecto. Aritméticamente era posible, pues CiU podía formar mayorías parlamentarias con los independentistas, pero política y socialmente era muy arriesgado. Una ley lingüística desprovista del respaldo del primer partido de la oposición (el PSC) se convertiría en una peligrosa fuente de conflictividad social y podría acarrear una desestabilización en el mapa electoral catalán.

Incomodidad socialista

El PSC, por su parte, tampoco se encontraba cómodo en el debate sobre la lengua. Atrapados entre sus bolsas de electores catalanohablantes y castellanohablantes, los socialistas temían que cualquier movimiento desequilibrado en sus postulados lingüísticos les dejase al descubierto dos flancos electorales: el más catalanista, ante CiU, y el más españolista, ante el PP.

Pese a todas estas consideraciones, el PSC, como los demás partidos catalanes, acabó aceptando en su día negociar sobre una nueva ley del catalán. Luego, a la vista de las tormentas políticas desencadenadas por este debate, más de un dirigente de CiU admitió en privado que mejor habría sido quedarse con la ley de 1983. Consciente de la incómoda situación de CiU a medida que el debate lingüístico se prolongaba, el PSC jugó la carta de la eternización de la discusión y, a renglón seguido, puso sus condiciones para contribuir a encontrar una salida. La principal de ellas fue que CiU renunciase a su intención de regular el uso verbal de la lengua en el comercio y en las actividades privadas en general. Cuando CiU aceptó esta condición, el pasado mes de julio, ya quedó claro que habría una nueva ley del catalán.

A la vuelta del verano, sin embargo, el PSC endureció sus planteamientos. El PSC no aceptó que las personas físicas pudieran ser sancionadas bajo ningún concepto; en todo caso, las empresas y los funcionarios.

Al final, los máximos líderes de los nacionalistas y de los socialistas, Jordi Pujol y Narcís Serra, respectivamente, escenificaron el acuerdo definitivo, merced al cual cada parte cedía en sus posiciones. La futura ley aportaría cada vez menos innovaciones a la práctica cotidiana de la sociedad catalana.

Ocho puntos de posible inconstitucionalidad

L. M., Barcelona
El Consejo Consultivo de la Generalitat encontró objeciones de inconstitucionalidad a ocho puntos de la proposición de ley pactada por el bloque del consenso. CiU y el PSC, primero, y luego IC-EV y el PI, asumieron la mayor parte de las recomendaciones del Consultivo y dejaron la ley a punto de ser aprobada por la Cámara antes de que acabase el año, meta simbólica fijada por los nacionalistas. Pujol no quería acudir a su cita de enero con Aznar para renegociar el pacto de gobernabilidad sin saber a ciencia cierta cuál sería el voto del PP a la ley del catalán.

Los nacionalistas siempre dijeron que no perdonarían al PP un voto negativo a una ley emblemática como la del catalán. Pero fuentes de la propia coalición CiU admiten en privado que el anunciado rechazo del PP, que debería confirmarse tras la reunión de la ejecutiva prevista para hoy, no les va mal, sino todo lo contrario: permite a Pujol aparentar que su alianza con el PP no es tan sólida y estrecha.

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid