El Parlamento argentino aprueba la derogación de las leyes de Punto Final

CARLOS ARES, Buenos Aires
La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino derogó anoche las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas durante el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín para limitar los procesos que entonces se seguían contra oficiales de las tres Fuerzas Armadas acusados por el secuestro y la desaparición de miles de personas durante la dictadura militar. La aprobación tiene sólo trascendencia política ya que no varía la situación de los jefes militares acusados.

El trámite continúa ahora en el Senado, pero el esperado debate de los diputados se convirtió además en el acto central de repudio al golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 derrocó al Gobierno de María Estela Martínez de Perón y desencadenó la más feroz represión y persecución política de la historia argentina.

La sesión que acabó en escándalo el pasado febrero y que fracasó en las dos convocatorias siguientes, pudo al fin transcurrir pacíficamente tras un acuerdo alcanzado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Todos los diputados que hasta el día anterior se habían amenazado mutuamente con dar a conocer las listas de colaboradores civiles de la dictadura militar, aceptaron -al cumplirse 22 años del golpe de Estado- poner por encima de sus diferencias partidarias el recuerdo de los militantes torturados y asesinados o desaparecidos y la memoria de las consecuencias políticas y económicas que ese plan siniestro tuvo para el país. «Esta vez, afortunadamente, nos detuvimos antes de volver a caer en el abismo», dijo el diputado Rodolfo Terragno, inspirador de la Alianza entre los dos principales partidos de la oposición.

Hasta las siete de la tarde sólo se había registrado un incidente menor en las puertas de acceso a la sede del Congreso. Una delegación de las Madres de Plaza de Mayo forcejeó con los encargados de la seguridad, que tenían órdenes de permitir el ingreso sólo a legisladores y periodistas. Finalmente, con el apoyo de algunos diputados de la oposición, lograron entrar para colgar desde los balcones una pancarta con fotos de algunos de los 30.000 desaparecidos y otras para exigir juicio y castigo a los culpables.

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