La aprobación de la ley del catalán provoca un nuevo enfrentamiento entre Pujol y el Gobierno

LUIS MAURI, Barcelona
La nueva ley del catalán provocó ayer, día en que fue aprobada por el Parlament, el segundo enfrentamiento en dos semanas entre el Gobierno del PP y sus aliados nacionalistas de CiU. Cuando aún no se había apagado el eco de la controversia sobre la reforma de las humanidades, el número dos del Gobierno central, Francisco Álvarez Cascos, explicó ayer el voto negativo del PP catalán a la nueva ley lingüística de la Generalitat de Cataluña aduciendo la convicción de los conservadores de que dicha norma «es contraria al espíritu de libertad y de convivencia». Pujol replicó al punto tachando de «temerarias y desafortunadas» las palabras de Cascos y exigiendo a la dirección nacional del PP que respete los acuerdos del Parlamento catalán.

Vidal-Quadras abandona el pleno para no participar en la votación parcial de la ley (J. Martín/EFE).

Minutos después de que el Parlament aprobase la nueva ley del catalán con el apoyo del 80% de los diputados, Pujol subrayó el amplio consenso que arropa el nacimiento de esta norma y advirtió a Álvarez Cascos: «Que nadie pretenda crearnos desde fuera (a los catalanes) problemas que aquí no tenemos».

Poco antes, el vicepresidente del Gobierno había declarado en Madrid que el PP catalán considera que la flamante ley lingüística «es contraria al espíritu de libertad y de convivencia que debe presidir las reglas del juego en una comunidad bilingüe como la catalana», según informa Europa Press. Álvarez Cascos agregó que «las sanciones y las imposiciones (lingüísticas) pueden producir un efecto contrario» al deseado de fomentar el uso del catalán. Dicho esto, sostuvo que el Gobierno central no tiene ninguna posición respecto al debate lingüístico en Cataluña.

«El PP de aquí y el PP de allá»

Jordi Pujol tachó de «temeraria y desafortunada» la intervención de Álvarez Cascos, a quien recordó que 24 horas antes el PP catalán había hecho votos por la convivencia social en Cataluña. «Convendría que el PP de aquí y el PP de allá se pusieran de acuerdo», dijo el presidente de la Generalitat. «Y en todo caso», añadió, «que extremasen la prudencia y la discreción sobre la cuestión lingüística».

Pujol declinó opinar sobre los efectos que el rechazo de los conservadores a la ley del catalán puede tener sobre la alianza PP-CiU, cuya continuidad será revisada el mes de enero en una reunión con José María Aznar. Esta alianza es el sostén de la estabilidad del Gobierno de Aznar desde 1996.

Aunque ayer mismo el senador de CiU Joaquim Ferrer aseguraba en declaraciones a la emisora COM Ràdio que las consecuencias sobre el pacto PP-CiU serán notorias, Pujol se negó a pronunciarse en público al respecto. «(Los nacionalistas) administraremos las diferencias (con el PP) del modo que el país sufra el menor daño posible», dijo el presidente catalán por toda respuesta en conferencia de prensa. En las últimas fechas ha crecido dentro de las filas de Convergència el número de partidarios de cancelar el pacto con los conservadores y anticipar las elecciones autonómicas a 1998.

El último acto del largo trámite parlamentario de la ley del catalán, oficialmente denominada de Política Lingüística, concluyó ayer siguiendo al pie de la letra el guión previsto y anunciado reiteradamente a lo largo de los últimos meses. La flamante normativa fue apoyada por los nacionalistas, los socialistas, los independentistas de Àngel Colom e Iniciativa-Els Verds; es decir, por el 80% de la Cámara.

En contra votaron, por razones diametralmente opuestas, el PP y los independentistas de ERC. Para los conservadores, la ley atenta contra la libertad de los castellanohablantes, mientras que para ERC mantiene al catalán en una situación de postración. El único diputado del Partit dels Comunistes (PCC), Fidel Lora, escindido del grupo de Iniciativa, se abstuvo.

Todos los grupos parlamentarios reiteraron sus respectivas posiciones, conocidas desde hace meses. Pero el nacionalista Ramon Camp introdujo en su intervención una advertencia significativa. «Ésta no será la última ley del catalán», avisó el portavoz de CiU. Camp defendió la implantación progresiva del deber de conocer la lengua catalana hasta alcanzar la igualdad plena de derechos y deberes lingüísticos con el castellano.

La rebelión de Vidal-Quadras

El ex presidente del PP catalán Aleix Vidal-Quadras y tres diputados conservadores afines a sus posiciones radicales sobre la lengua y el nacionalismo en general abandonaron el hemiciclo durante la votación parcial del articulado de la ley para no tener que votar a favor de algunos artículos. El grupo del PP -igual que el de ERC- votó negativamente a la globalidad de la ley, pero a la hora de votar artículo por artículo apoyó una veintena de éstos.

Aleix Vidal-Quadras justificó su actitud asegurando que el voto favorable del PP a algunos artículos «podía inducir a confusión».

El líder parlamentario del PP, Josep Curto, dio muestras evidentes del disgusto que le provocó la actitud de Vidal-Quadras, pero declinó hacer declaraciones. Tampoco quiso confirmar si pedirá a la dirección del partido la adopción de alguna medida disciplinaria contra Vidal-Quadras. Quien sí las pidió fue el también parlamentario conservador Manuel Milián Mestre, quien dijo sentirse «violentado» por el llamamiento de Vidal- Quadras a la desobediencia civil a la ley del catalán. Milián tildó al ex presidente del PP catalán de «liberal de capillita que aplasta a quien no piensa como él».

El Parlament aprobó también una proposición no de ley que insta al Gobierno catalán a elaborar un catálogo de leyes estatales que impiden el progreso del catalán hacia la plena igualdad con el castellano. El Parlament propondrá luego al Congreso la modificación de dichas normas, entre las que destacan las reguladoras del DNI, el pasaporte y el permiso de conducir, así como las que ordenan los usos lingüísticos en la Administración del Estado y en la justicia.

Derechos y deberes

EL PAÍS, Barcelona
La ley aprobada ayer por el Parlament utiliza la legislación general ya vigente para sancionar los incumplimientos. A la vez amplía los derechos del ciudadano a usar la lengua catalana y obliga a los funcionarios autonómicos y municipales a conocerla.

Entre los deberes y derechos del ciudadano catalán figuran:

• Libre elección. El ciudadano tiene derecho a elegir la lengua en la que comunicarse con las administraciones catalanas (local y autonómica), las corporaciones y las empresas públicas.

• Documentos públicos. El ciudadano elige la lengua de los documentos públicos: notariales, registros, facturas y notificaciones de empresas públicas y parapúblicas. En caso de precisar traducción, no implicará coste ni retraso alguno para el ciudadano.

• Nombres. El ciudadano tiene derecho a la i entre los dos apellidos. Los topónimos serán siempre en catalán, también en los rótulos indicativos.

• Documentos entre dos partes. Hay libre elección de la lengua en los convenios y certificados. Si no se especifica, se hará en catalán. Si hay discrepancia entre partes, en catalán y castellano.

• Como mínimo en catalán. Los cheques, talonarios, pagarés y formularios e impresos oficiales se emitirán en catalán, y en castellano sólo si alguien lo pide.

• Obligaciones. El catalán es de conocimiento obligado para ser funcionario de las administraciones catalanas; para obtener el certificado de graduado en secundaria; para ser docente en cualquier nivel, salvo los profesores universitarios invitados. Para ser funcionario deberá acreditarse el conocimiento oral y escrito del catalán. Notarios y fedatarios públicos deberán tener personal que pueda atender al ciudadano en la lengua que éste elija. La lengua vehicular de la enseñanza no universitaria será el catalán.

• Cuotas. Podrán establecerse cuotas de catalán en el cine, con el límite del 50%. Se marca la cuota del 25% de canción catalana en emisoras de radio; 50% de la programación en emisoras de radio de concesión autonómica y en local; y 50% de la programación de producción propia audiovisual por cable.

• Rótulos y anuncios. Para todas las empresas públicas y privadas con atención al público: la rotulación, comunicación por megafonía, anuncios, avisos a los usuarios, serán en catalán como mínimo. No se incluye el nombre de la firma, pero sí los carteles. El cliente tiene derecho a usar la lengua que quiera y el dependiente debe atenderle, pero no necesariamente en la misma.

• Subvenciones. Empresas subvencionadas: todo lo relacionado con la ayuda deberá figurar como mínimo en catalán.

• Etiquetado. Las etiquetas de los productos tradicionales distribuidos en Cataluña serán como mínimo en catalán. © Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid