El PP propone que los varones que hoy tienen 15 años sean los últimos llamados a la mili

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Los varones españoles mayores de 15 años -incluidos los que cumplan dicha edad en los diez días que restan de 1997- serán llamados para que hagan forzosamente la mili o la prestación sustitutoria, mientras que los menores pueden ya olvidarse de pisar un cuartel o realizar trabajos sociales, salvo con carácter voluntario. Así lo plantea el Grupo Popular en su propuesta de dictamen final para la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Profesionalización de las Fuerzas Armadas. El texto excluye expresamente del deber de incorporarse a filas a todos los «nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983».

La principal novedad del documento elaborado conjuntamente por el PP y el Ministerio de Defensa radica en su compromiso de suprimir el servicio militar obligatorio «como máximo» el 31 de diciembre del 2002. Hasta ahora, el anuncio de que el Ejército español sería totalmente profesional en el año 2003 iba acompañado de la coletilla «si las circunstancias económicas lo permiten», lo que abría la puerta a un eventual aplazamiento.

En el texto que el PP entregará a la comisión parlamentaria como propuesta de dictamen final desaparece cualquier condicionante a este compromiso y, por el contrario, se plantea la posibilidad de adelantar la fecha de supresión de la mili. El periodo de transición desde el reclutamiento forzoso al voluntario será «lo más breve posible y, en todo caso, el proceso debe estar concluido en su conjunto el 31 de diciembre del 2002», afirma.

Para despejar la incertidumbre sobre su futuro que actualmente padecen millones de jóvenes, el documento agrega que no estarán sujetos al servicio militar obligatorio los españoles que, en condiciones normales, sin disfrutar de prórroga, deberían incorporarse a filas después de esa fecha. «Es decir», aclara, «todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983».

No a la amnistía

El texto subraya que todos los nacidos antes de ese día serán llamados para cumplir la mili o la prestación sustitutoria y que se adoptarán medidas para cerrar posibles vías de escape y «evitar su incumplimiento». Aunque no se refiere expresamente a ello, este párrafo excluye la concesión de amnistías para los 800.000 jóvenes que actualmente disfrutan de prórroga al servicio militar o los más de 100.000 que están pendientes de incorporarse a la prestación sustitutoria.

La única esperanza de eludir la mili que deja el texto a los mayores de 15 años radica en que finalmente se adelante la fecha de su eliminación -como proponen todos los partidos, salvo el PP- o en que sean declarados excedentes de cupo. El documento reconoce que el aumento progresivo de los soldados profesionales debe ir acompañado de una reducción proporcional de los soldados de reemplazo. En consecuencia, si este año han sobrado 16.442 reclutas, en años sucesivos sobrarán cada vez más.

El documento no incluye la promesa electoral del PP de reducir a seis meses la duración de la mili y aumentar hasta 30.000 pesetas mensuales la paga de los soldados de reemplazo, aunque se refiere genéricamente a la necesidad de «incentivar (sic)» el cumplimiento del servicio militar obligatorio mientras siga existiendo.

Tampoco contiene ninguna alusión a la propuesta de acortar la prestación sustitutoria para equiparar su duración con la del servicio militar, que actualmente tramita el Congreso a iniciativa de CiU, ni a la despenalización de la insumisión, que el pleno de la Cámara rechazó esta semana por un solo voto de diferencia.

Insiste, por el contrario, en que el periodo de transición hacia un Ejército totalmente profesional constituye un «momento crítico» durante el cual debe construirse el nuevo modelo «sobre bases sólidas», sin que se resienta la operatividad de las Fuerzas Armadas, y con el riesgo añadido de que se produzca una «deslegitimación progresiva» del servicio militar obligatorio.

El texto del PP servirá como borrador para el dictamen definitivo de la Comisión Mixta sobre Profesionalización de las Fuerzas Armadas. Los miembros de la ponencia, a largo de un año han recibido decenas de informes y han escuchado las opiniones de casi un centenar de expertos, discutirán el texto durante el mes de enero, de forma que en febrero, cuando se reinicie el curso parlamentario, pueda discutirse en la comisión, junto con sus enmiendas. Finalmente, tendrá que ser aprobado por los plenos tanto del Congreso de Diputados como del Senado.

El documento del PP ha sido largamente discutido con sus socios de Convergència i Unión (CiU), que han mantenido varias reuniones en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, es muy probable que CiU también presente enmiendas, pues muchas de sus propuestas no han sido asumidas por el PP. Por ejemplo, la de reducir por debajo de 120.000 la cifra máxima de efectivos de las futuras Fuerzas Armadas. Con todo, para lograr el mayor consenso posible, el PP y Defensa han optado por una reducción genérica y abierta.

Uno ejército con 160.000 a 170.000 efectivos por 1,3 billones

M. G., Madrid
Las Fuerzas Armadas españolas tendrán el 1 de enero del 2003 entre 160.000 y 170.000 efectivos, todos voluntarios, y costarán 1,3 billones de pesetas, equivalentes al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según la propuesta del PP.

La cifra total de militares es uno de los puntos más polémicos. El Objetivo de Fuerza Conjunto provisional, presentado por el Ministerio de Defensa, propone 170.000 efectivos, de los que 120.000 serían soldados o marineros profesionales y 50.000 cuadros de mando. Todos los grupos de la oposición consideran excesivo este volumen, ya que el modelo aprobado en 1991, con mili obligatoria, era de 180.000.

El documento del PP opta por una horquilla, cuyo límite superior coincide con la pretensión de Defensa, mientras que el inferior se acerca a las propuestas de la oposición sin satisfacer ninguna. En ambos casos (160.000 y 170.000) se mantienen inalterables los mandos (50.000), mientras que varía la tropa y marinería profesional (110.000 y 120.000).

Respecto al coste, se propone que el presupuesto de Defensa sea en el año 2003 de 1,3 billones de pesetas de 1998, equivalentes al 1,5% del PIB, lo que supone un incremento de 400.000 millones y cuatro décimas de PIB sobre lo previsto para el año próximo. Este dinero se repartiría a partes iguales entre gastos de personal y de material; frente a lo que sucede ahora, que los primeros representan el 57% del presupuesto y los segundos sólo el 43%.

A los soldados profesionales se les ofrecen dos tipos de compromiso: de corta duración (entre 12 y 18 meses) y de larga (máximo de tres años). Los segundos serán ampliables por periodos sucesivos hasta convertirse, incluso, en contratos permanentes.

También podrán ascender en las Fuerzas Armadas por promoción interna y, si regresan a la vida civil, su etapa militar les servirá como mérito preferente para optar a empleos en las Administraciones Públicas, según el documento del PP. © Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid