Liaño procesa al general Galindo por pertenencia a banda armada

JULIO M. LÁZARO, Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño decretó ayer los procesamientos reclamados por el fiscal del caso Lasa Zabala y consideró incursos en un delito de pertenencia a banda armada al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al capitán del mismo Cuerpo Ángel Vaquero, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, y a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo. Gómez de Liaño se «ahorra», según dice, el procesamiento de Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, porque éste ya está procesado por dicho delito en el caso Marey. El juez tampoco ha procesado a al ex ministro José Barrionuevo.

Galindo, en una imagen de 1992 (J. Uriarte).

El auto del juez Gómez de Liaño no se limita a ampliar los procesamientos, sino que reproduce 11 folios de hechos de los anteriores autos de procesamiento, dictados en mayo de 1997, en los que describe con minuciosidad los secuestros, torturas y asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. «Dos chicos», según el juez, que en el año 1983 decidieron abandonar sus respectivos domicilios de Tolosa y refugiarse en el sur de Francia ante las sospechas de la policía sobre sus vinculaciones con ETA, «aunque esas relaciones nunca han llegado a acreditarse».

Respecto al delito de pertenencia a banda armada, el juez señala que Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, el entonces capitán de la Guardia Civil Ángel Vaquero Hernández y los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo, «sin descartar otras personas a las que no se ha llegado a descubrir», habrían formado un grupo que «por sus objetivos, estructura claramente jerárquica, medios, vocación de cierta permanencia y naturalmente, armado», constituiría una banda armada.

Según el juez, una de las ramificaciones de los GAL, estaba constituida por «un número reducido e indeterminado de guardias civiles destinados en el servicio de información de la 513 Comandancia, con sede en San Sebastián, dirigidos por el entonces comandante y hoy general Enrique Rodríguez Galindo».

«De ese grupo formaban parte», según Gómez de Liaño, «el entonces capitán Ángel Vaquero Hernández, además de los ya procesados Enrique Dorado y Felipe Bayo. Y al lado del comandante Rodríguez Galindo, en justa proporción a su cargo, ocupaba un puesto destacado el ya procesado José Julián Elgorriaga, a la sazón gobernador civil de Guipúzcoa».

Según el auto de procesamiento, «escasas dudas» puede haber sobre la desaparición, torturas y muerte de Lasa y Zabala». «Suplicios y muertes», escribe Gómez de Liaño, «cuya crudeza y terror certifican las diligencias de inspección ocular, levantamiento de cadáveres, autopsias y pericias, sin omitir las impresionantes fotografías que de los restos de Lasa y Zabala están incorporadas al sumario. Todo con una técnica», prosigue «que parece homologada por aquéllos vértices políticos y operativos que diseñaron los objetivos, y con la dramática convicción de que para los secuestrados y torturados, su única esperanza fuera la muerte».

Declaraciones de Bayo

Liaño fundamenta los procesamientos, y singularmente el del entonces capitán Ángel Vaquero, en las declaraciones del guardia Felipe Bayo hechas en agosto pasado, que «merecen ser creídas en aquella parte que no se acomodan pura y simplemente a su propia condición procesal y situación personal».

Para el juez, el guardia Felipe Bayo «no trasluce pasiones o inquinas mal disimuladas, y si en algún momento hubo un punto de excitación» -añade el juez, refiriéndose al último careo con el testigo Ramón Goñi Tirapu-, fue porque «la actitud del careado se prestaba a ello», pues fue un testimonio «con tan pobre calidad de creíble» que «llegó a negar la más que evidencia de su voz en una cinta de audio».

El juez insiste en que no ha visto «motivos espurios» en las declaraciones de Bayo, que son precisamente las que «hacen al entonces capitán Ángel Vaquero acreedor de todos los indicios de responsabilidad criminal por todos los hechos: desde la pertenencia a banda armada hasta los asesinatos de Lasa y Zabala, previas las detenciones ilegales y tortura de ambos». El juez ha convocado la vistilla para que la partes puedan pedir la modificación de la situación de libertad en la que actualmente se encuentra Vaquero, al que también ha requerido una fianza de responsabilidad civil de 100 millones de pesetas. Si no la deposita, le embargará todos sus bienes.

Respecto a los entonces capitán Ángel Alba Coca y teniente Fidel del Hoyo, el juez acepta el criterio del fiscal Jesús Santos de que sólo cabría imputarles el conocimiento de los secuestros de Lasa y Zabala. «De uno y otro nada más dice Bayo, con lo cual la imputación se limita al delito de detención ilegal y con duración inferior a 15 días». El juez deduce que sólo cabría procesarles por detención ilegal, por lo que los hechos estarían prescritos y deja sin efecto las medidas cautelares respecto de ambos, incluyendo la libertad bajo fianza.

Liaño se refiere también a la declaración en el Parlamento del ex ministro José Barrionuevo, «quien no logró que la verdad se evaporase pese al gesto, comprensible en cierto modo, por su situación procesal, de empeñar su palabra con la coartada de unas erratas de imprenta no detectadas en galeradas». El juez no toma medidas por ahora contra el ex ministro, «sin perjuicio de retractaciones en tiempo y forma».

Al hilo de que no es posible dejar sin efecto la imputación del general Emilio Alonso Manglano, Liaño aprovecha para criticar, sin nombrarle, al juez Baltasar Garzón por haber hecho lo propio respecto al teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría. Según Liaño, «eso de la desimputación» es un «desatino» originado por la confusión entre la «condición procesal de imputado» y la «imputación judicial». Liaño agrega que al tratarse de un sumario, no hay imputación contra los que quedan fuera del procesamiento.

Los socialistas piden «serenidad» e IU ve «un salto cualitativo»

EL PAÍS, Madrid
El portavoz del PSOE en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, aseguró ayer en relación con los nuevos procesamientos en el caso Lasa-Zabala que los socialistas observan «con respeto y serenidad» las decisiones de la justicia, y reiteró que siempre han expresado su deseo de que las posibles responsabilidades se depuren en todos los terrenos.

Eguiagaray criticó que haya personas cuyo único mensaje en política sea «repetir que los socialistas formaron parte de un Gobierno y de un periodo en el que ocurrieron cosas que están pendientes de ser resueltas por la justicia». Así, lamentó que se trate de judicializar la política e insistió en el acatamiento de las decisiones de los tribunales, «las comparta o no», subrayó.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Rosa Aguilar, dijo ayer que el procesamiento del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el caso Lasa-Zabala demuestra que la justicia funciona en la trama de los GAL y supone un «salto cualitativo» en su investigación. Aguilar hizo hincapié en que lo más importante ahora es dejar trabajar a la justicia para que ésta llegue hasta el final en el esclarecimiento de los GAL.

La portavoz de IU subrayó que el procesamiento del máximo responsable del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo es un paso muy importante en esa investigación y que podría completarse si personas que prestaron sus servicios en este cuartel se decidieran a hablar sobre lo que han visto y vivido años atrás.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Andrés Ollero, pidió que se permita a los jueces trabajar sin presión política. Se trata, dijo, de una presión «innecesaria y perturbadora», por lo que cuando un conflicto pasa a manos del poder judicial debería verse liberado de su carga política con el fin de que los tribunales hagan mejor su trabajo.

Ollero calificó de «injusta» la «sobrecarga política» sobre los magistrados y eludió hacer más comentarios.

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