El fiscal pide 23 años de prisión para Barrionuevo y Vera
Entiende que los imputados en el 'caso Marey' aceptaron combatir a ETA «con sus propias armas»
JULIO M. LÁZARO,
Madrid
El fiscal pide también penas que totalizan 16 años de cárcel para el ex secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, -hoy en la órbita del PP-, 12 años para el ex policía José Amedo y ocho para Michel Domínguez y otros cuatro policías que custodiaron a Marey durante su secuestro. Está previsto que el juicio comience hacia el mes de enero, y el tribunal estará integrado por la Sala Segunda en pleno.
Conmoción en el PSOE
La dureza de las penas solicitadas, 178 años en total para doce procesados, causó sorpresa en medios judiciales y una fuerte conmoción en medios del PSOE, al que el fiscal menciona expresamente en las primeras líneas de su escrito. Luzón atribuye exclusivamente a los «ambientes políticos gubernamentales y del PSOE» el origen de la idea de luchar contra ETA «con sus propias armas» y «al margen de limitaciones legales, con actuaciones en el sur de Francia».
El fiscal deriva el delito de malversación del hecho de haber utilizado un millón de francos franceses, procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior, para el pago de los mercenarios franceses y de los gastos originados por el secuestro.
El ministerio público aprecia en Barrionuevo, Vera, Sancristóbal, Álvarez y Planchuelo la agravante de prevalimiento de su cargo público en el delito de pertenencia a banda armada. Sin embargo, pide que se mantenga la situación de libertad bajo fianza en que están los procesados.
Luzón sitúa el origen de las acciones en el año 1983, «ante el auge del terrorismo procedente de ETA» y dado «el convencimiento de la escasa colaboración que en la lucha antiterrorista prestaba Francia, por algunos considerada como santuario o burladero de los terroristas».
Según el fiscal, el servicio secreto Cesid llegó a elaborar un estudio teórico sobre posibles actos de represalia, en el que se examinaban las ventajas e inconvenientes de la realización de acciones armadas a uno y otro lado de la frontera, en el que se concluía que «la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro».
«Aceptada entre distintos mandos del ministerio del Interior», prosigue el fiscal, la posibilidad de acciones contra ETA y su entorno, se produjo el 5 de octubre de ese mismo año el secuestro del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios por la banda terrorista, «lo que sirvió de detonante para el inicio de tales actividades».
Barrionuevo y Vera, puestos de acuerdo con Damborenea, con el que habían celebrado varias reuniones, autorizaron a Sancristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya, a que «organizara el secuestro en Francia de algún miembro de ETA que tuviera la suficiente información en relación al secuestro del señor Martín Barrios, concretándose el objetivo en Larretxea Goñi».
Siempre con la aprobación de Barrionuevo y Vera, continúa el fiscal, Sancristóbal encomendó la operación a Francisco Álvarez, delegado de la Lucha Antiterrorista para el País Vasco y Navarra, quien, después de una labor de vigilancia en la que participó Amedo, envió a Francia a un inspector y tres miembros de los GEO (Grupo Especiales de Operaciones) que intentaron el secuestro sin conseguirlo y fueron detenidos y encarcelados por las autoridades francesas.
Fracasada la acción y tras hallarse el cadáver de Martín Barrios, los dirigentes de Interior acordaron realizar un nuevo secuestro en Francia, aunque sin intervención de funcionarios españoles. El nuevo objetivo fue Mikel Lujúa Gorostiola, considerado destacado miembro de ETA y la acción sería ejecutada por dos mercenarios franceses, Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier.
Pero el día señalado para el secuestro, el 4 de diciembre de 1983, Talbi y Echalier llamaron a la puerta de Segundo Marey, en su domicilio de Hendaya, y confundiéndole con Lujúa, le metieron por la fuerza en un automóvil y emprendieron la marcha en dirección a España.
Tras diversas peripecias, el paso a España por la frontera navarra de Dantxarinea fue facilitado por Amedo, quien se dirigió, con los secuestradores y su víctima, a una cabaña próxima a Colindres (Cantabria). Por el camino se les unieron los inspectores Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja, a quienes Francisco Álvarez encomendó la misión de acompañarles diciéndoles que se trataba «de una cuestión de Estado, respaldada por el Gobierno y de índole secreta».
«Asentimiento del ministro»
Conocido el error, tanto por comunicación de Vera como de Amedo, se reunieron Sancristóbal, García Damborenea, Álvarez y Planchuelo, quienes se mostraron «de acuerdo en continuar el secuestro, con objeto de conseguir la liberación del inspector y geos detenidos en Francia». Sancristóbal se lo comunicó a Barrionuevo, «obteniendo el asentimiento del ministro».
El escrito del fiscal detalla varios comunicados que se redactaron en los días siguientes, en los que se exigía la liberación de los cuatro detenidos en Francia bajo la amenaza de ejecutar a Marey, que había quedado custodiado por Saiz Oceja y los inspectores Luis Hens y José Ramón Corujo.
El día 8 de diciembre fueron liberados en Francia el inspector y los geos españoles por decisión de la Corte de Acusación de Pau. Dos días después, «decididos a liberar a Marey», Sancristóbal comunicó con Barrionuevo, «que mostró su conformidad».
García Damborenea redactó un comunicado en el que idearon poner como firma «GAL Grupos Antiterroristas de Liberación», que fue traducido al francés y colocado en el bolsillo de Marey al ser liberado. Finalmente, trasladaron a Marey a Francia, dejándole de madrugada un kilómetro más allá de la frontera. Michel Domínguez avisó a la policía gala por teléfono y les advirtió que acudieran pronto, debido al intenso frío reinante.
Durante los diez días que duró el secuestro de Marey, sus guardianes le tuvieron con una capucha en la cabeza, alzándosela cuando tenía que comer. A causa del encierro, Marey sufrió un «estreñimiento rebelde», hundimiento de la resistencia física, adelgazamiento de siete kilos y debilitamiento de la masa muscular «y sobre todo», añade el fiscal, una reacción de terror con neurosis «que hace al paciente desear la muerte». El fiscal describe también una bronquitis crónica y afecciones como conjuntivitis, escoriaciones y sabañones a causa del frío.
36 millones de indemnización para la víctima
J. M. L.,
Madrid
La abogada del secuestrado, Olga Tubau, manifestó ayer a Servimedia que la petición de 23 años de prisión para Barrionuevo y Vera le parecía «lógica» . La letrada dijo que todavía no ha estudiado la tipificación de los hechos ni las penas que se pueden pedir, pero aseguró que la calificación que pueda hacer no será demasiado diferente de la que ha realizado el fiscal. No obstante, indicó que puede haber alguna discrepancia en la cuantía de las indemnizaciones, pues considera insuficientes los 36 millones solicitados por el fiscal.
El fiscal acusa a los procesados del caso Segundo Marey de un delito de pertenencia a banda armada del Código Penal de 1973, cuya aplicación considera más beneficiosa que la del Código Penal de 1995. Sin embargo, al calificar los delitos de la detención ilegal de Marey y la malversación de caudales públicos, el fiscal elige el Código de 1995.
Como prueba testifical, el fiscal propone la declaración del coronel Juan Alberto Perote, ex jefe operativo del Cesid, del secuestrado Segundo Marey y del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Este último estuvo imputado en el sumario, pero finalmente no fue procesado por el juez Baltasar Garzón. Roldán era delegado del Gobierno en Navarra la noche del secuestro de Marey y habló con Vera, que le dijo que no hiciera nada.
El fiscal Luzón no pide en su escrito la declaración testifical de Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas, aunque ésta previsiblemente será propuesta por otras acusaciones a las que representan el abogado de HB Miguel Castells, y el letrado de la acción popular, José Luis Galán.
Barrionuevo, Vera, Álvarez, Planchuelo y Amedo deberán pagar, según la petición del fiscal, un millón de francos al valor del cambio medio del último trimestre de 1983, por el dinero procedente de los fondos reservados utilizado para el secuestro.
Manuel Cobo del Rosal, abogado de Vera, no se mostró muy sorprendido, en declaraciones a Europa Press, por la petición del fiscal, y aseguró que «era de esperar esa petición ya que por pedir, que no quede» .
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José María Luzón, fiscal del caso Marey -que investiga el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey Sempere a manos de los GAL en 1983- hizo ayer públicas sus conclusiones provisionales, en las que pide un total de 23 años de prisión para el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Acusa a ambos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de fondos públicos y reclama penas similares, por encima de los 20 años, para otros ex altos cargos de la cúpula socialista de Interior que, según su informe, aceptaron combatir a ETA fuera de la ley y «con sus propias armas», ante el auge del terrorismo y tras el «detonante» del secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios.
Al igual que para Barrionuevo y Vera, el fiscal del Supremo ha pedido fuertes penas para el grupo de responsables policiales implicados en el sumario matriz del caso GAL que jugaron el papel de arrepentidos y fiaron su línea de defensa a la inculpación de sus superiores, con el ánimo de llegar hasta el ex presidente Felipe González. Las peticiones para este grupo, que convinieron una estrategia de refuerzo y apoyo a los intereses de las acusaciones, son de 22 años para el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal y de 21 años para el ex jefe del Mando Único para la Lucha Antiterrorista, Francisco Álvarez y el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo.
ante el Supremo (L. Magán).
El fiscal José María Luzón pide una indemnización de 36 millones de pesetas para Segundo Marey, que deberán pagar conjunta y solidariamente los procesados y de la que se hace responsable civil subsidiario al Estado.