CiU advierte al Gobierno que la ruptura será «inevitable» si las relaciones no mejoran

CARLES PASTOR, Barcelona
La voluntad expresada hace un mes por Jordi Pujol a José María Aznar de mantener la estabilidad política al menos hasta enero de 1999 está en el aire. Si de aquí a diciembre las relaciones entre CiU y el Gobierno no mejoran, «probablemente será inevitable una ruptura», advirtió ayer el portavoz nacionalista en el Congreso, Joaquim Molins.

Jordi Pujol recibió ayer a Carlos Garaikoetxea en la Generalitat (Efe).

Pujol y Aznar coincidieron en su encuentro del pasado 7 de octubre, en La Moncloa, en que sería bueno mantener la colaboración parlamentaria entre CiU y el PP más allá del examen de Maastricht, pero se citaron para antes de Navidad con el fin de establecer el marco de colaboración futura una vez agotado el pacto de investidura y gobernabilidad. En los días siguientes, las Cortes valencianas aprobaban con los votos del PP una medida contraria a la unidad de la lengua catalana, el Gobierno anunció un decreto para regular el himno nacional y CiU pasó el mal trago de votar la tramitación de una ley de asilo en la que no cree, y últimamente la ministra Esperanza Aguirre ha impulsado un proyecto de decreto sobre la enseñanza que atenta contra la sensibilidad de los nacionalistas. Unos hechos que arruinaron el mensaje de estabilidad que se pretendía transmitir con aquel encuentro.

Camino de piedras

Molins declaró ayer a Catalunya Ràdio que si no se superan las dificultades de relación entre el PP y CiU, Aznar y Pujol, cuando vuelvan a reunirse, «no podrán hacer otra cosa que certificar el fin de la colaboración». Esa reunión, agregó, «se prepara cada día, porque son las actitudes de cada día las que componen la situación, que es muy difícil que cambie en una entrevista». La futura reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, insistió Molins, «no podrá mejorar nada si el camino de aquí hasta entonces está lleno de enfrentamientos». «Estamos hartos de decírselo (al Gobierno). Cada día les decimos que nuestra relación vendrá condicionada por nuestros comportamientos previos. Nada es gratuito, todo pasa factura; cada una de las broncas condiciona la dificultad de mañana», añadió el portavoz nacionalista.

El portavoz parlamentario de CiU reflejaba en esas declaraciones el estado de ánimo del comité ejecutivo de su partido, Convergència Democràtica, que el lunes por la tarde celebró una reunión en la cual se analizó muy críticamente el proyecto de decreto de la ministra Aguirre. A esta reunión no asistió Jordi Pujol. Ya lo había advertido el secretario general de CDC, Pere Esteve, a últimas horas del lunes: el decreto sobre la reforma de la enseñanza de las humanidades es un casus belli para CiU, y si el Gobierno lo aprueba pese a la oposición nacionalista, «el tema trascenderá su propio significado». «Vivimos un periodo de interregno», dijo Esteve para describir que las relaciones entre CiU y el PP tanto pueden inclinarse hacia la ruptura como hacia la continuidad de la colaboración.

Molins se hacía eco del malestar existente en la coalición por los últimos encontronazos con los conservadores. Pero ni su homólogo del PP, Luis de Grandes, ni el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, creen que la estabilidad esté amenazada. De todas formas, dirigentes de Convergència Democràtica consultados ayer ratificaron que el deseo profundo de la coalición nacionalista es que las relaciones mejoren y sea posible continuar la colaboración con el PP a lo largo de 1998 y mantener así los calendarios electorales previstos. Los avisos públicos tienen el objetivo de presionar al Gobierno para que rectifique y pueda evitarse una ruptura no deseada, admiten estas fuentes.

«Cada semana hay un signo de desconfianza»

Anoche, el líder de Unió Democràtica, Duran Lleida, declaró que, no «ve en el horizonte la perspectiva de elecciones generales» aunque -añadió- «cada semana hay un signo de desconfianza que no ayuda a garantizar el futuro». Duran no quiso comentar las palabras de Molins sobre una posible ruptura con el PP. Las declaraciones de Molins y de Esteve ratifican lo que ellos mismos o el consejero Xavier Trias han hecho llegar en privado a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos en las últimas semanas: que no basta con un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado, no basta con cumplir la letra del pacto de investidura, no basta con que CiU y PP coincidan en las reformas estructurales y económicas futuras. Es preciso también que, con su actitud, el PP no ningunee a los nacionalistas y sobre todo no tome iniciativas que ofendan la sensibilidad nacionalista.

Además de los decretos sobre el himno y las humanidades, CiU mantiene contenciosos con el PP en otras materias; el reconocimiento de las parejas de hecho y la futura ley del catalán, por ejemplo. Los diputados de CiU se quejan asimismo de que el Gobierno anuncia iniciativas en materias diversas -la modificación del IRPF, por ejemplo- sin consultarlas previamente con ellos.

La crisis de relación entre CiU y el PP abre la puerta, si no se supera, a unas elecciones anticipadas en Cataluña, con las que CiU buscaría un doble objetivo: recuperar la mayoría absoluta perdida a finales de 1995 o, si esto no es posible, buscar una política de alianzas en el Parlament distinta de la actual, que hace al Gobierno de Jordi Pujol prisionero de los 17 diputados autonómicos del Partido Popular y limita, por tanto, su capacidad de presión sobre el Gobierno de José María Aznar. Hace tiempo que dirigentes de CDC abogan por esta solución.

C. P., Barcelona
¿Qué pretende el Gobierno del PP al lanzar iniciativas que sus socios nacionalistas no pueden aceptar porque afectan a su sensibilidad? Es una pregunta que estos días se hacen los dirigentes de CiU. Muchos de ellos creen que los populares han llegado a la conclusión de que les resulta rentable ante su electorado mantener un punto de tensión con los nacionalismos. Joaquim Molins aceptaba ayer como plausible esta explicación y añadía que algunos miembros del PP lo han llegado a verbalizar en su presencia. Otros piensan peor: que en el PP desconocen las sensibilidades de sus socios.

Pero si se tratara de guiños del PP hacia su electorado más españolista, esto podría significar que Aznar se prepara para unas elecciones anticipadas a pocos meses vista. Una hipótesis que los nacionalistas catalanes no se atreven a contemplar. Hasta hace unas semanas, en CiU dominaba la impresión de que el jefe del Gobierno no ganaba nada adelantando las elecciones, porque ninguna encuesta indicaba que fuera a mejorar los resultados de marzo de 1996. Pero el fracaso de los socialistas en Galicia y sus malas perspectivas ante las cercanas elecciones vascas pueden animar a Aznar y han encendido todas las luces de alarma. El hundimiento del PSOE y la correlativa subida electoral del PP sería el peor escenario posible para CiU. Quedaría arrinconada en la política española y en el Parlament estaría a merced de los diputados del PP.

Las iniciativas gubernamentales sobre el himno y el contenido de las enseñanzas de las humanidades, y en particular de la historia, han caído como un mazazo sobre CiU porque han descoyuntado su propia estrategia. Precisamente cuando la coalición preparaba una ofensiva política para que se reconociera la diversidad de España, su carácter plurinacional, la ministra Aguirre se propone implantar los contenidos unitarios de la Historia de España. Cuando los nacionalistas querían potenciar los símbolos nacionalistas, dando prioridad al himno catalán en los actos públicos celebrados en Cataluña, el Gobierno otorga la prelación a la Marcha Real. Y el PP amenaza con votar en contra de la ley del catalán, dejando en evidencia a su socio convergente.

Aguirre no cede

Pero como lo último que se pierde es la esperanza, ayer Molins se mostró convencido de que la ministra Aguirre se avendrá a negociar el contenido del decreto y se podrán salvar los muebles. La titular de Educación, sin embargo, sólo se muestra abierta a «aportaciones» que «enriquezcan» el proyecto de decreto, pero no a dar marcha atrás. Ayer mismo anunció que el decreto estará aprobado a finales de este año o a principios del que viene. Sobre la afirmación de los nacionalistas de que no lo aplicarán en el territorio que administran, Aguirre declaró: «Me niego a creer que haya nadie que niegue el Estado de derecho, que es el respeto a la ley. Esto sería volver a la barbarie».

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