El PNV cree que la sentencia contra HB es fruto de la «descomposición» del poder judicial

JUAN MIGUEL MUÑOZ, Bilbao
El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, la principal fuerza política de Euskadi, descalificó ayer en términos muy duros la sentencia del Tribunal Supremo que condena por colaboración con ETA a siete años de cárcel a los 23 miembros de la cúpula de HB. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, leyó ayer en la sede de su partido en Bilbao un preciso y duro comunicado del EBB (Euskadi Buru Batzar), según el cuál la sentencia refleja «síntomas de descomposición» en el poder judicial y responde a «presiones políticas».

Xabier Arzalluz, ayer en la sede del PNV, lee el comunicado. A su lado, J. A. Urbiola (S. Cirilo)

Arzalluz descalificó los argumentos jurídicos de la sentencia -a la que el PNV «no se adhiere», aunque acata- y cuestionó la independencia del poder judicial en un sistema democrático que tachó de «inmaduro» y en el que, añadió, el «poder ejecutivo ha lesionado deliberadamente en repetidas ocasiones el Estado de derecho». «Que el poder judicial presente síntomas de descomposición y se vea zarandeado por presiones políticas o de grupos de intereses o ambientales es un fenómeno mucho más grave para la democracia», apostilló.

Flanqueado solemnemente por otros cuatro dirigentes del PNV, Xabier Arzalluz rechazó ayer expresamente cualquier apoyo a los 23 condenados de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Pero a partir de ahí criticó con vehemencia la sentencia del Tribunal Supremo. Los peneuvistas, se justificó, han permanecido en silencio hasta ahora -se declaración llega 48 horas después de emitida la sentencia- para no interferir, al contrario de lo que en su opinión han hecho otros, en la decisión del tribunal. Y puso como ejemplo declaraciones, habladas y escritas, que denunciaron «presiones del Ministerio del Interior y de grupos de opinión sobre los magistrados» de la Sala Segunda. Con tono tajante, el líder peneuvista razonó su temor a que «la combinación de presiones políticas, un clima social preparado y disposiciones penales cuidadosamente afiladas puedan constituir en el futuro marcos de condena para otros comportamientos políticos no aceptados por el poder». Por ello, proclamó: «No podemos adherirnos a la sentencia».

Acompañado por los presidentes del PNV en Vizcaya, Navarra y Álava y por el secretario general de la ejecutiva vasca, Ricardo Ansotegi, el máximo dirigente del PNV destacó que, por primera vez, los abogados de los 23 condenados emplearon argumentos legales, «Código (Penal) en mano», frente a su habitual recurso a esgrimir motivos políticos para no someterse a la justicia española. Y, por contra, se declaró sorprendido por el hecho de que sólo se rebajara en un año la petición del fiscal, que solicitaba ocho años para los imputados. Después, desgranó los argumentos jurídicos que han conducido a este partido a descalificar el fallo.

A su juicio, la sentencia criminaliza cualquier actividad de proposición o apología de conceptos políticos como la autodeterminación y la independencia, y admite la posibilidad de cometer un delito sin realizar una acción u omisión punible. El PNV -que ha remitido por correo su opinión sobre la sentencia al presidente del Gobierno, José María Aznar, a los principales miembros de la judicatura y a las embajadas, según Europa Press- atribuye al fallo profundas quiebras jurídicas. Arzalluz señaló que no se ha probado el vínculo de cada condenado con la decisión de emitir el vídeo electoral en el que se plantea la denominada Alternativa Democrática de ETA y, por tanto, se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. Además, estima erróneo que el fallo considere el delito consumado, y no en grado de tentativa, ya que el vídeo no se llegó a emitir.

Desmenuzados los argumentos jurídicos, el líder del Partido Nacionalista Vasco hizo, sin aspavientos, su más duro ataque contra el poder judicial y el sistema democrático, al que describió como «inmaduro». Aseguró, en clara alusión al GAL, que el Gobierno ha lesionado deliberadamente el Estado de derecho, que el poder judicial «presenta síntomas de descomposición» y que se ve zarandeado por presiones políticas. Su corolario es contundente: «Si en una sociedad democrática se tambalearan los controles judiciales, nos hallaríamos ante la quiebra del sistema mismo». Sin embargo, también se congratula el PNV por el hecho de que la sentencia no recoge alguna petición del fiscal que, según Arzalluz, considera criminales derechos «de carácter supranacional, como el de la autodeterminación».

Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, prefirió subrayar el reproche propinado a los dirigentes radicales y omitió cualquier referencia a los argumentos jurídicos esgrimidos por su partido.

El silencio de 48 horas del principal partido político del País Vasco, el único que no reaccionó de inmediato a la condena a siete años de cárcel a los dirigentes de HB, había levantado suspicacias, críticas y expectación. De ahí que ayer Arzalluz justificara que «no es serio hablar del fallo sin conocer someramente» los fundamentos jurídicos de la sentencia. A partir de ahí enfatizó contra HB: «Nuestro partido sólo ha recibido de ellos y de su entorno insultos, amenazas y descalificaciones. Ningún partido ha recibido tantos ataques y agresiones físicas de los actores de la kale borroka (lucha callejera), bendecida por la dirección de HB».

El presidente peneuvista añadió que los ciudadanos vascos están hartos de la coalición afín a ETA, de su arrogancia y de su agresividad, que «enlaza con los asesinatos, secuestros y extorsiones» de la organización terrorista. «No habrá en Euskadi más lágrimas por el encarcelamiento de los miembros de la Mesa Nacional que las que derramen sus inmediatos seguidores. Y, por supuesto», apostilló, «(ni) el PNV ni la gran mayoría de este pueblo apoyará la huelga del día 15».

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