El Gobierno ve concluidos los grandes traspasos a las autonomías y abre la fase de cooperación

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
El Gobierno da por estabilizado el modelo autonómico de traspasos competenciales a las comunidades autónomas y ha decidido abrir una nueva etapa en su estrategia en la que apuesta por impulsar la fórmula de cooperación. La decisión ha sido adoptada al más alto nivel del Ejecutivo, basándose en que, una vez que se reformen los estatutos de las comunidades de vía lenta esta misma legislatura, el nivel de traspasos del Estado a las autonomías, incluidas las gobernadas por los nacionalistas, será mínimo. El Gobierno invoca reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional para consagrar la vía de la cooperación como preferente en la nueva etapa autonómica que quiere iniciar el Ejecutivo.

Aznar, con presidentes de comunidades autónomas (excepto Euskadi), y del Senado (G. Lejarcegi).

El Gobierno ha mantenido una actitud de freno ante las reclamaciones nacionalistas estelares de los últimos meses, como la cuota de formación del Inem, desde el PNV, o la exigencia de un pacto fiscal por parte de CiU, que, según el Ejecutivo, desbordan, en su actual planteamiento, los pactos que el PP suscribió con CiU y PNV en abril de 1996. La posición del Gobierno no es casual. Obedece a una estrategia autonómica muy meditada no sólo por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, sino por el propio presidente del Gobierno, José María Aznar.

El Ejecutivo parte de que «el modelo jurídico con el que la Constitución consagra el Estado de las autonomías es claro» y que se completará en lo que queda de legislatura con las reformas de los estatutos de autonomía de las comunidades de vía lenta: las dos Castillas, Madrid, Murcia, La Rioja, Baleares, Cantabria, Asturias, Extremadura y Aragón. Con los estatutos reformados, estas comunidades igualarán en servicios a las demás y las únicas diferencias procederán de los hechos diferenciales (lengua, insularidad y foralidad), según el análisis del Gobierno.

Reforma en dos fases

La ejecución de la reforma tiene dos fases. En la primera, que se desarrollará hasta el fin de la legislatura, se traspasará la educación no universitaria, la formación profesional ocupacional y los medios de Administración de Justicia a las comunidades que aún no disponen de esas competencias. Con ello culmina el desarrollo de los pactos autonómicos suscritos entre Felipe González y José María Aznar, hace seis años: el 28 de febrero de 1992.

La segunda fase se desarrollará en la próxima legislatura con el traspaso de la sanidad. Con ello culminan las reformas de los estatutos de vía lenta, que Gobierno y PSOE están pactando comunidad por comunidad. En ese momento, España se situará a la cabeza de los países descentralizados, valora el Gobierno. La Administración central controlará el 51% del gasto público frente al 49% de autonomías y municipios. En los países federales más descentralizados, la Administración central controla el 55% frente al 45% de las administraciones terrioriales.

Con este mapa jurídico-político, el Gobierno no está dispuesto a dar «más tirones autonómicos». En su análisis, al más alto nivel, cree que «el proyecto del Estado de las autonomías está claro y que el único problema lo crean las reclamaciones de unas y otras comunidades por pretendidos agravios» comparativos.

Valora que los estatutos de autonomía punteros, el vasco y el catalán, ya dan poco de sí. El Gobierno negocia las reclamaciones de competencias presentadas por el Gobierno vasco y la Generalitat en interpretación de sus estatutos, pero tiene decidido que no serán atendidas tanto las nuevas reclamaciones de calado de ambos como las de otras comunidades gobernadas por el PP o el PSOE y que, a su juicio, desbordan los estatutos.

Así, el Ejecutivo no está dispuesto a atender reclamaciones como la cuota de formación del Inem, estelar hoy del PNV, que, a su juicio, en su actual planteamiento, roza la Constitución al afectar a la unidad de caja de la Seguridad Social. Tampoco está dispuesto a suscribir un pacto fiscal con la Generalitat que abra paso a la generalización del Concierto Económico, atribución exclusiva del País Vasco y Navarra, por mandato constitucional, derivado de la foralidad.

Tampoco atenderá a reclamaciones de las comunidades de vía lenta que tratan de generalizar las policías autonómicas, competencia con la que cuentan País Vasco y Cataluña, como singularidades de sus respectivos estatutos de autonomía.

Vía de cooperación

El Gobierno ofrece como vía alternativa para esta nueva fase la cooperación entre el Estado y las autonomías. Lo basa en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. Ha sucedido con la Ley de Puertos. O con traspasos como las becas o la investigación, que ahora cierran Gobierno y Generalitat, y que el Ejecutivo pretende que se compartan. Lo mismo pretende el Gobierno con la función pública o las humanidades. Según el Gobierno, con esta fórmula se avanza hacia la Administración Única, recogida en su programa electoral.

Paralelamente, el Gobierno trata de potenciar y aumentar las conferencias sectoriales, esto es, los organismos que reúnen al Ejecutivo con las 17 autonomías para decidir sobre las cuestiones más variadas (desde cumbres europeas a asuntos sociales).

El Gobierno se reserva un mecanismo de posible aumento de los techos competenciales, el artículo 150.2 de la Constitución, pero tendrá un carácter de excepcionalidad. Las fuentes gubernamentales subrayan que en las casi dos décadas de Estado de las autonomías sólo se ha aplicado para la LOTRAVA (Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana), la LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias a Canarias) y el Tráfico para Cataluña.

L. R. A., Madrid
El Gobierno está preocupado por la imagen de cesión a los nacionalistas que ha dado con la suscripción de los pactos con CiU, PNV y Coalición Canaria -en abril de 1996- que les ha servido y sirve para mantener su acción de gobierno en la legislatura. Un informe del Ejecutivo sobre los traspasos de competencias realizados esta legislatura pretende paliar esa imagen.

El informe señala que en los casi dos años de legislatura ha sido Baleares, a la que recientemente el Gobierno traspasó la enseñanza no universitaria, la que se sitúa a la cabeza con traspasos valorados en 44.000 millones y 7.150 funcionarios cedidos. El coste de los traspasos a las 17 comunidades esta legislatura ha sido de 108.000 millones; el número de funcionarios de 23.421 y el de traspasos, de 121. A Baleares le sigue Andalucía, con cerca de 20.000 millones, y 5.640 funcionarios transferidos.

Cataluña se sitúa en una discreta séptima posición, detrás de Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria y Canarias, en cuanto a valoración de los traspasos. Concretamente, han sido traspasadas a Cataluña en esta legislatura transferencias por valor de 5.322 millones y 1.142 funcionarios. La gestión del Inem y el Tráfico son los traspasos más importantes que ha recibido la Generalitat. Pero la reclamación más favorable para Cataluña ha venido en otro terreno: en el nuevo modelo de financiación sanitaria, que fue pactado por el Gobierno con todas las comunidades autónomas que tienen cedido el Insalud.

El País Vasco está situado aún más atrás en valoración de traspasos. Con 675 millones y 143 funcionarios transferidos sólo supera a Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Madrid y Extremadura. La compensación al País Vasco no ha venido de los traspasos de competencias sino de la renovación del concierto económico que le ha otorgado una gran soberanía fiscal, única, junto con Navarra, en España.

El Gobierno valora que «es más el ruido que la realidad porque no es mucho lo traspasado en la legislatura ante el muy avanzado desarrollo del Estado de las autonomías. Se producirá otro salto importante cuando se traspase la enseñanza no universitaria y la sanidad a las comunidades que aún no lo tienen. Pero desde la próxima legislatura, el proceso autonómico estará prácticamente culminado».

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