lunes, 06 de
octubre de 1997 El Supremo sienta
hoy en el banquillo a veintitrés cabecillas de HB,
acusados de colaborar con ETA
Madrid. Nieves Colli
Veintitrés dirigentes de la coalición proetarra HB
se sentarán a partir de hoy en el banquillo de los
acusados del Supremo, donde serán juzgados por ceder
sus espacios electorales a ETA para la proyección de
un vídeo durante la campaña de los comicios
generales de 1996. Los cabecillas del «brazo
político» de la organización terrorista se
enfrentan a peticiones de condena que van de los ocho
años de cárcel solicitados por el fiscal y dos de
las acusaciones por delito de colaboración con banda
armada a los veintidós que pide la AVT, para quien
la conducta de los batasunos es la propia de un
miembro (y no de un simple colaborador) de ETA.
Veinte
meses después de que el entonces fiscal general del
Estado, Carlos Granados, presentara una denuncia
contra Herri Batasuna por presunto delito de
colaboración con banda armada, la Sala Segunda del
Tribunal Supremo juzgará a veintitrés cabecillas de
la coalición proetarra por la difusión de un vídeo
de ETA durante la campaña para las elecciones
generales celebradas el 3 de marzo de 1996.
El peculiar «vídeo electoral» muestra a tres
encapuchados que se identifican como miembros de ETA
y que hablan de lo que en el entorno de la banda
criminal viene en llamarse «Alternativa
Democrática». Encima de una mesa, bien visibles,
sus pistolas.
A la denuncia por la difusión del vídeo se
acumularon después otras dos por sendos comunicados
con los que HB justificó los asesinatos del ex
presidente del Tribunal Constitucional Francisco
Tomás y Valiente y el abogado e «histórico» del
PSOE Fernando Múgica, ocurridos en febrero de 1996.
Medidas de seguridad
El fiscal pide un total de 184 años de cárcel
por un delito de colaboración con banda armada, la
misma pena que solicitan las acusaciones ejercidas
por el PSOE y por la familia Múgica. Mucho más dura
es la Asociación Víctimas del Terrorismo, para la
que los hechos son constitutivos de los delitos de
pertenencia a banda armada y colaboración continuada
y pide penas que suman 506 años de cárcel.
La AVT va más allá y solicita también la
disolución de HB por entender que es una asociación
ilícita.
El juicio se celebrará entre severas medidas de
seguridad para evitar que se produzcan, como ya ha
ocurrido en una ocasión, altercados entre los
simpatizantes de HB que se desplacen al Palacio de
Justicia y grupos ultraderechistas.
Los abogados de los batasunos reclamaron la
pasada semana protección para ellos y para los
inculpados así como que les permitan entrar por la
puerta principal del Palacio de Justicia –cuyo
uso está restringido a los magistrados del Supremo y
a las altas personalidades del Estado– y
utilizar el aparcamiento de los magistrados para
dejar sus coches.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acordó
dejar en manos del servicio de seguridad las medidas
necesarias para garantizar el desarrollo normal de la
vista, pero no se ha accedido a las exigencias de los
batasunos, que entrarán por el también vigilado
acceso de la calle Marqués de la Ensenada.
La insólita petición de los batasunos para
utilizar la puerta principal se relaciona más bien
con una cuestión de imagen: los cabecillas
proetarras serían fotografiados en la entrada noble
de la sede judicial, la misma que, dado su rango de
ex presidente del Gobierno, utilizó recientemente
Felipe González cuando fue a declarar como testigo
en el «caso Filesa».
Los cabecillas de HB parecen tener miedo de
reencontrarse con grupos de ultraderechistas y en el
escrito que han dirigido a la Sala Segunda recuerdan
que han sido convocadas concentraciones ante el
Supremo y que han aparecido pintadas en Madrid con el
lema «español, ve al juicio».
A lo largo de la instrucción del proceso, sin
embargo, han sido numerosas las expresiones de
amenaza proferidas por los propios batasunos. En
junio de este año, por ejemplo, el acusado Floren
Aoiz advirtió que un fallo condenatorio traería un
«recrudecimiento del conflicto» con consecuencias
«para todos».
Por otra parte, la actitud de los veintitrés
acusados ha sido hostil hacia el Tribunal y ha
distado mucho de la colaboración con la Justicia.
Todos ellos tuvieron que ser detenidos y conducidos
por la fuerza al Tribunal para prestar declaración.
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