El fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, elevó ayer a definitivas unas conclusiones en las que mantiene prácticamente las mismas peticiones de condena que antes de comenzar el juicio y que oscilan entre los 19 años de prisión para los tres principales implicados, Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, y los 3 años de cárcel para empresarios que supuestamente pagaron por informes inexistentes. Para el senador Sala pide 6 años. La petición del fiscal ha sido calificada de «muy dura» por los defensores, ya que está acomodada al nuevo Código Penal, que prevé el cumplimiento íntegro de las penas.
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Las calificaciones presentadas ayer se han visto fuertemente condicionadas por el auto del Tribunal Supremo que el pasado 19 de julio declaró nula el acta de acusación del PP, redujo a 12 el número de acusados y aplicó la prescripción a un buen número de delitos. En aplicación de ese auto, las penas se habrían situado entre los 18 años y los 4 meses de prisión.
El Partido Popular, cuya acta de acusación fue declarada nula por el tribunal al principio del juicio, tuvo que conformarse con adherirse a las conclusiones del resto de las acusaciones. El abogado del PP, Juan Ramón Montero, hizo una confusa declaración en la que se sumó a la acusación del fiscal y a la del empresario Ruiz Mateos «en la medida en que coincidan» con las peticiones que el PP reclamaba en el acta anulada.
El abogado del Estado, que prácticamente no ha intervenido en el proceso, elevó a definitivas las mismas conclusiones provisionales que al inicio del proceso.
Marcos García Montes, el abogado que representa la acusación del empresario José María Ruiz Mateos, redujo en casi 40 años las penas que solicitaba en sus conclusiones provisionales para los 12 acusados. Pide 10 años para tres de los principales implicados -la mitad que el fiscal- y mantiene una petición de 4 meses, por presunta apropiación indebida, para los empresarios Julio Calleja (ABB), Luis Sánchez Marcos (Elsan), Juan Antonio Molina Vivas (Enasa), Francisco Javier Iglesias (Elsan) y Eugenio Marín, que pagaron informes a Filesa.
Asimismo, García Montes ha retirado la acusación contra el empresario Diego Ramos Ramos, de la empresa Camunsa, quien, tras haber tenido que soportar durante seis años la instrucción del proceso, se enfrentaba finalmente a una pena de cuatro meses, que solicitaba para él Ruiz Mateos. García Montes ha considerado que era aplicable la prescripción al delito del que acusaba a Diego Ramos.
La calificación del fiscal está acomodada al nuevo Código Penal y, junto a las penas principales de prisión, pide 7 años de inhabilitación para el senador del PSC-PSOE Josep María Sala. Para Navarro, Flores y Oliveró pide 410 millones de multa.
El fiscal ha decidido acusar a última hora a Eugenio Marín García Mansilla, consejero y director general de Cepsa, que se sentó en el banquillo sólo con la acusación del empresario José María Ruiz Mateos, que pedía para él 4 años y 2 meses de prisión. Ayer, el acusador que representa a Ruiz Mateos, Marcos García Montes, redujo a 4 meses la petición para Marín, por un delito de apropiación indebida, en tanto que el fiscal pidió para él un total de 3 años de cárcel. Fuentes de la defensa pusieron en duda que, en virtud del principio acusatorio, el fiscal pudiera reclamar una pena al final del juicio a quien no acusaba desde el inicio. El fiscal Salinas solicita también para García Mansilla que indemnice a Hacienda con 244 millones de pesetas.
Los más beneficiados han sido los tres empresarios a los que se acusaba de pagar por informes hechos a Filesa: Luis Sánchez Marcos, Juan Antonio Molina y Francisco Javier Iglesias, para los que finalmente el fiscal pide 3 años.