El País Digital
Miércoles
13 agosto
1997 - Nº 467

Más de 800 inmigrantes africanos esperan hacinados en Melilla cruzar el Estrecho

I. N., Madrid
Son más de 800 inmigrantes africanos los que esperan en Melilla su oportunidad para llegar a la Península, en condiciones «por debajo de la dignidad humana», denuncian Organizaciones No Gubernamentales. Carece de agua, comida, camas... La Delegación del Gobierno reconoce que las condiciones «no son óptimas» pero afirma que se trabaja para mejorarlas. Está previsto abrir un nuevo Centro de Acogida Temporal en noviembre. Tendra capacidad para 300 personas.


Un grupo de inmigrantes, ayer
ante una comisaría de Melilla (Efe).

Han llegado a territorio español, Melilla, de forma ilegal, después de cruzar la alambrada que trata de sellar los nueve kilómetros y medio de frontera con Marruecos, cuya vigilancia ha sido reforzada. A pesar de la alambrada; de las cámaras de vídeo; de las pistas de sensores y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se han colado. Ahora, esperan a que se les conceda el asilo o a que se deniegue el trámite de su solicitud. Son más de 800, entre subsaharianos y argelinos y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) ha denunciado que su situación está «por debajo de la dignidad humana».

La APDH asegura que los inmigrantes subsaharianos, procedentes principalmente de Nigeria, Mali y Costa de Marfil y acogidos en el centro La Granja, «duermen a la intemperie, cuentan con una sola comida al día y disponen de unos servicios médicos totalmente insuficientes». El representante de la organización en Melilla, Pepe Alonso, criticó ayer también el trato que reciben los argelinos, a los que asegura que las autoridades quieren «esconder» durante la Semana Náutica que se celebrará con motivo del V Centenario de la fundación española de la ciudad.

Las denuncias de esta organización se perciben como «injustas» en la Delegación del Gobierno en Melilla, donde se reconoce, sin embargo, que las condiciones «no son óptimas». Pero se añade: «Se les trata bien. Si el trato fuera vejatorio e infrahumano, a lo mejor venían menos».

También niega las denuncias otra organización que trabaja con los inmigrantes, Cruz Roja -encargada de distribuir las tres comidas diarias elaboradas por el tercio de la legión y que corren a cargo del Imserso, antiguo Inserso-, donde se asegura que las 500 raciones que se distribuyen actualmente para los más de 800 inmigrantes son suficientes. «Si no, no se explica que después se tire comida que sobra». Apuntan también un problema añadido de los argelinos: «Son musulmanes y no se fían de la comida».

«Precariedad absoluta»

Pero las críticas sobre la situación de los inmigrantes en la ciudad española en el norte de África no llegan sólo desde APDH. Un grupo de otra Organización No Gubernamental (ONG), Médicos del Mundo, visitó hace varias semanas la ciudad para realizar «un estudio de campo» y elaborar un informe sobre las condiciones de vida de los inmigrantes. Javier Álvarez, pediatra en el Hospital comarcal de Vélez-Málaga y coordinador de la organización en Málaga, afirmó que los dos colectivos -subsaharianos y argelinos- viven en la «precariedad absoluta y carecen de las más elementales condiciones de higiene, alimentación y salubridad».

Álvarez asegura que en La Granja hay agua corriente pero no potable y que en el centro Lucas Lorenzo, donde viven actualmente cerca de 100 argelinos, sólo se dispone de agua durante tres horas y media. El representante de Médicos del Mundo critica la ausencia de asistencia médica y de un control epidemiológico y aboga por integrar a los inmigrantes en el sistema sanitario público.

La presencia de los inmigrantes en Melilla no es una situación nueva. Se acentuó especialmente a partir de 1991. Y no parece que vaya a desaparecer. Uno de los principales problemas -además del que supone la falta de una política migratoria clara del Gobierno español y de la Unión Europea, criticada por las ONG y reconocida por algunas autoridades- es que son demasiados inmigrantes para los medios actuales de la ciudad.

Las ONG apuestan por la documentación de los ilegales sin cupos restrictivos y con un análisis individual e inmediato de su situación, una recomendación que también ha hecho pública el Defensor del Pueblo.

Para el delegado del Gobierno, Enrique Beamud, que sabe que la inmigración en Melilla es un fenómeno con el que hay y habrá que vivir, la solución pasa por conseguir estabilizar el número de inmigrantes subsaharianos, consiguiendo que la mayoría de ellos puedan ser integrados en los programas de acogida que el Gobierno mantiene con diversas ONG con los que se consigue la entrada en la Península. Y mientras se logra este objetivo, intentar mejorar sus condiciones.

Con esta finalidad se va a construir en Melilla, en un solar cercano al puesto fronterizo de Farhana, un nuevo Centro de Acogida Temporal (CAT) «en condiciones». Está previsto que se ponga en marcha en noviembre.

Representantes de la Delegación del Gobierno, Imserso, Cruz Roja, Insalud y otras organizaciones que tomaron el relevo al Ayuntamiento de la ciudad autónoma en la organización de los inmigrantes han mantenido ya las primeras reuniones para plasmar un proyecto que cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de pesetas. En el nuevo centro se instalará una oficina de atención a los extranjeros y se organizarán programas de acogida y ayuda al empleo para los inmigrantes.

La capacidad del CAT, fijada en un máximo de 300 personas, parece ser el único problema. Porque aunque se cumplan los deseos de Beamud y se estabilice el número en noviembre, el flujo de inmigración es creciente, o como lo describe Álvarez, «entran más de los que salen».

Un problema que amenaza con desbordarse

J. M. GUIRVAL, Melilla
La inmigración ilegal en Melilla es «un problema». Y un problema que amenaza con «desbordarse». Así lo cree Eduardo del Rosal, comisario jefe de Melilla, que considera que para frenarlo debe «afrontarse con la seriedad y rigor necesarios».

Una de las medidas adoptadas para conseguirlo ha sido identificar a los inmigrantes subsaharianos y elaborar un censo en el que aparezcan sus datos personales, una tarea que se realiza conjuntamente con el Insalud y el Inserso.

La APDH ha denunciado este censo, en el que cree que se emplea información confidencial, según la Ley de Protección de Datos, algo que «viola los derechos fundamentales de las personas». El delegado del Gobierno, Enrique Beamud, negó ayer estas denuncias y aseguró que se mantiene la confidencialidad de los datos médicos.

Otra de las medidas adoptadas en Melilla ha sido un refuerzo de la vigilancia en La Granja ante la posibilidad de que, con la llegada del calor, surjan problemas entre los inmigrantes allí acogidos.

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