EL PAÍS , Madrid

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La Educación General Básica ha desaparecido del sistema educativo. Ha sobrevivido 27 años y por sus ocho cursos han pasado casi 15 millones de españoles, empezando por los que nacieron en 1961. El calendario de la reforma educativa sigue pasando hojas, con notables diferencias según las comunidades, pero 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) ya ha tomado el relevo al antiguo 8º de EGB en todo el país.

Esta adaptación no será fácil en centenares de municipios rurales que, pese a la inadecuación de los equipamientos, mantienen en centros de primaria a numerosos estudiantes de secundaria de 12 y 13 años, frecuentemente por la resistencia de las familias al desplazamiento de los alumnos. Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Asturias y Cantabria concentran la mayoría de estas localidades, en las que el año pasado se produjo la rebelión rural que llevó a Madrid a 50.000 manifestantes . El ministerio se ha comprometido a mejorar las dotaciones de recursos y profesorado de estos centros.

El 1 de enero, si se cumplen los plazos, el Ministerio de Educación quedará reducido a la mínima expresión, ya que cederá la gestión de colegios e institutos a las comunidades del territorio MEC: Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Aplicar la reforma en estas comunidades requiere 236 nuevos centros de secundaria, según las estimaciones de la anterior Administración socialista. De la construcción de centros depende la aplicación de la nueva FP, la eterna asignatura pendiente.

El reforzamiento de las humanidades en secundaria, uno de los compromisos más reiterados por Aguirre, tropieza con dificultades estructurales (distribución de asignaturas) y políticas (objeciones de las administraciones autonómicas). El equipo de Aguirre prepara sendos reales decretos sobre enseñanzas mínimas de Geografía e Historia, y Lengua y Literatura en ESO, y las materias de humanidades en Bachillerato. Salvo sorpresas, las nuevas normas contendrán retoques, pero no darán la vuelta a los programas actuales.

Las dificultades de adaptación al sistema, con problemas de disciplina y convivencia, especialmente en secundaria, ha provocado un ambiente de desmoralización entre los profesores, agravado por las frecuentes declaraciones de la ministra contra una reforma que se ve obligada a administrar aunque no cree en ella.

C. A. , Madrid
El primer trimestre de este curso será el último de educación centralizada en España. Si se cumpliera el calendario para el traspaso de competencias a las comunidades, colegios e institutos pasarán el 1 de enero a ser responsabilidad de los Gobiernos regionales, con la excepción de los de Ceuta, Melilla y los centros españoles situados en el extranjero.

Seguirán a cargo del departamento los siguientes servicios: programas de enseñanzas mínimas, becas, títulos de FP, coordinación y alta inspección, estadística, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), concursos de traslados nacionales y cooperación internacional.

Actualmente, los servicios transferibles del territorio MEC cuestan unos 800.000 millones. Además de esta cantidad básica , el Gobierno central ofreció antes del verano a los 10 Ejecutivos autonómicos afectados 230.000 millones distribuidos en cinco años. Es decir, 46.000 millones anuales.

La oferta fue acogida con reticencia por los negociadores autonómicos, que rechazaban la posibilidad de que los recursos extraordinarios dependieran de la recaudación fiscal de las comunidades, como planteó el Ejecutivo. Desde entonces, el panorama se ha ido aclarando con el compromiso del Gobierno de que esta financiación será con cargo a los Presupuestos del Estado.

La complejidad de la cuestión radica en que sólo aquellas comunidades que asuman la educación recibirán el 30% del IRPF (con capacidad normativa) por cesión del Gobierno central. En otros términos, la comunidad que se haga cargo de la educación gana capacidad fiscal; la que la rechace pierde un goloso margen de maniobra de dinero fresco.

CARLOS ARROYO , Madrid
Los presupuestos para educación crecerán algo más de un 6%. Esperanza Aguirre, que el pasado 23 de julio anunció un 5%, obtuvo en agosto el compromiso del Ministerio de Economía y Hacienda de que la cifra llegaría al 6%. «No es algo que estemos negociando, es algo que ya hemos conseguido», asegura el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre.

El porcentaje seguirá sometido durante dos semanas al baile propio de la última fase de elaboración del proyecto de Presupuestos, pero una inyección de esta cuantía permitiría al ministerio afrontar el nuevo curso de forma airosa. Teniendo en cuenta que el presupuesto educativo de este año es de 938.987 millones, el incremento anunciado supondría unos 56.340 millones más, una cifra que cubre sobradamente el compromiso autonómico de la ministra, de 46.000 millones anuales. Después de varios años de sequía presupuestaria -especialmente el último-, la subida no resolvería de golpe todos los problemas, pero daría un respiro, potenciado incluso por el descenso demográfico, que será de unos 70.000 alumnos en el territorio MEC, según las estimaciones.

El esfuerzo presupuestario, al que se comprometió el 10 de julio el presidente del Gobierno, José María Aznar, lleva aparejada una incógnita de clara significación política: ¿cómo se distribuirá el aumento entre escuela pública y escuela privada concertada? La oposición de izquierdas ya ha advertido que vigilará muy de cerca el reparto.

Clementina Díez, secretaria de Bienestar Social de la ejecutiva socialista, quiere huir de la guerra de cifras y concentrarse en medidas concretas para elevar la calidad de la enseñanza, para lo que su partido estudia la presentación de una proposición de ley de calidad de la educación. «Si España va bien, como pregona el Partido Popular, aprovechémoslo para invertir en educación», afirma.

Franco González, secretario de Educación de Izquierda Unida (IU), advierte que no basta anunciar un incremento presupuestario, sino que «hay que decir en qué se va a emplear», porque «de continuar la tendencia actual, una parte importante de estos recursos irá a la escuela privada». IU se propone presentar una proposición de ley de financiación.

Esperanza Aguirre es consciente de que la bonanza económica le ayudará más que cualquier otra cosa a transferir la educación, con lo que la diana de las críticas se desplazará a territorio autonómico, al menos en una parte esencial de su actual ámbito de responsabilidad.