El PP se opone a que la ley exija a las empresas atender también en catalán

Los socialistas aprueban el texto de Pujals y los populares se mantienen en la ponencia

BARCELONA. -- El consenso sobre la futura ley del catalán ha empezado a cojear por el flanco del PP. El texto que va a servir de punto de partida para el debate sobre la nueva legislación --que ayer publicó "La Vanguardia"-- fue acogido con reservas por parte de los populares catalanes, que entienden que determinados apartados del documento de trabajo "vulneran el derecho natural de las personas a expresarse en la lengua que deseen". El presidente del partido, Alberto Fernández Díaz, y el del grupo en la Cámara catalana, Josep Curto, se referían a la intención del Govern de que las empresas privadas que presten servicios al público atiendan a sus clientes en el idioma que éste solicite. Precisamente, es este apartado el que concentró los pocos reproches que el PSC realizó al texto del conseller Joan Maria Pujals.

Contra las sanciones

Los socialistas catalanes se mostraron globalmente de acuerdo con las líneas marcadas por el Departament de Cultura y expresaron su confianza en que esta "obligatoriedad" sobre las empresas que prestan un servicio público quede reducida a los grandes grupos empresariales.
Pese al rechazo mostrado sobre varias cuestiones, el PP está dispuesto a mantenerse dentro de la ponencia parlamentaria que realizará al articulado de la ley. De esta manera, se trata de no romper el consenso y poder incidir en le redactado final de la nueva legislación. Además de la negativa explicada, los populares son contrarios a la imposición de sanciones por vía indirecta a aquellos ciudadanos que vulneren la ley del catalán y también rechazan la aplicación de cuotas lingüísticas en algunos medios de comunicación --por ejemplo, en los operadores de televisión por cable y en las futuras televisiones privadas de ámbito autonómico--. Asimismo, señalan que el documento de la conselleria discrimina el uso del castellano en la Administración de la Generalitat y en las administraciones locales.
Con las reticencias del PP puestas sobre la mesa, la ponencia para elaborar la nueva ley del catalán empezará a trabajar inmediatamente con todos los grupos dispuestos a participar en el debate. Pujals, que se mostró globalmente satisfecho con la reacción de los grupos, se mantendrá en contacto permanente con todas las formaciones para seguir la evolución del debate en ponencia. El conseller pretende que la elaboración del articulado sea rápida.
A primera hora de la mañana, el dirigente socialista Joaquim Nadal reunió a su grupo para explicar su conformidad con las líneas definidas por Pujals y para disipar el temor que puede surgir en las bases del partido ante una legislación que imponga el uso de una lengua. En el PSC se considera que la Conselleria de Cultura ha atendido los criterios que habían solicitado. Incluso desde el Govern se ha dado a entender a los socialistas que se han dejado de lado las posturas radicales que podrían haber contentado a ERC para contar con el apoyo del primer partido de la oposición.
Desde las filas de Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira amenazó con romper el consenso político sobre la nueva ley. Pero esta reacción estaba vinculada no tanto al contenido del documento que el martes aprobó el Govern como al resultado de la votación que ayer tuvo lugar en el pleno sobre el etiquetaje en catalán. Esta formación había presentado una proposición de ley que pretendían que se incluyese en la ley del catalán. Todos los grupos, menos el PI, rechazaron la propuesta por una cuestión de forma aunque la negativa de CiU puede interpretarse como un gesto hacia los populares y socialistas en aras al consenso en el debate sobre el catalán.
El documento elaborado por el Govern fue bien recibido en líneas generales por IC, que recordó que en el debate debe primar el consenso social sobre el político.

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