SALVADOR SANSUÁN

El conseller Pujals, junto a los socialistas Nadal, Serra y Clotas

El Govern quiere que las empresas puedan atender al público en catalán

BARCELONA. -- Extender el uso del catalán en la empresa privada y generalizar la obligatoriedad de dicha lengua en todas las administraciones públicas son dos de los objetivos del Consell Executiu de la Generalitat, que en su reunión de ayer tarde dio luz verde a dos documentos clave para superar la ley del catalán, que data de 1983: en primer lugar, la aprobación de los criterios del Govern para la elaboración mediante ponencia conjunta en el Parlament de una ley de uso de las lenguas oficiales en Cataluña; en segundo lugar, un informe sobre las lagunas de la ley de 1983, su aplicación durante estos 14 años y su desfase jurídico como consecuencia de diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. A ambos documentos, de siete y 33 páginas respectivamente, ha tenido acceso "La Vanguardia".
El conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, ha optado por no remitir al Parlament un texto articulado, sino unos amplios criterios del Gobierno catalán para la elaboración de la nueva ley. El cambio tiene como principal objetivo tratar de buscar, desde el primer momento, el mayor consenso posible con los partidos catalanes en una cuestión en la que las posiciones, en muchos casos, si bien no son divergentes sí se encuentran cuando menos distantes. Sin embargo, tanto PSC como PP han expresado su voluntad de sentarse a negociar una nueva ley si el Gobierno justifica su necesidad y ésta se realiza con voluntad de consenso.
Ambos textos serán remitidos hoy mismo al Parlament y la ponencia conjunta, que estará formada por los presidentes de los grupos parlamentarios, se constituirá la semana próxima.
El Gobierno catalán se reserva una bala en la recámara por si la nueva ley no avanza en la ponencia y el buscado consenso entre todas las fuerzas políticas se hace inviable: en ese supuesto, el conseller de Cultura entregará no más tarde del 1 de abril un texto debidamente articulado para que se discuta en la misma ponencia o bien sea tramitado como proyecto de ley.
En el texto aprobado por el Govern donde se justifica la necesidad de una nueva ley se establecen tres grandes conclusiones: la ley de 1983 "es insuficiente para abarcar todos los campos que es necesario regular para permitir un avance sustancial en el uso social del catalán y mejorar el régimen lingüístico de Cataluña y está envejecida por razón de la evolución de la sociedad, los avances tecnológicos y su técnica jurídica". En segundo lugar, para conseguir los objetivos de extender el uso social del catalán previstos en la ley 7/1983, de 18 de abril, "no es posible la simple aplicación en su propio marco jurídico, y su extensión a otros ámbitos no se puede fundamentar exclusivamente de manera eficaz en instrumentos de planificación paralelos". Finalmente, la aplicación de la ley "ha sido satisfactoria, pese a que se ha visto dificultada en muchos aspectos por conflictos competenciales y de constitucionalidad instados por el Gobierno del Estado o provocados por la legislación estatal, nunca generosa con la protección del catalán". El comentario final del documento es que pese a que Generalitat, administraciones locales y en general las instituciones han tenido una expresa voluntad de cumplimiento de la ley de 1983, al igual que los funcionarios y la ciudadanía de Cataluña, "su aplicación no puede ir más allá sin una reforma del marco legislativo".
El segundo documento, el que fija los criterios del Govern para la nueva ley, supone en todos los ámbitos un reforzamiento de la lengua catalana, aunque hace la salvedad en numerosas ocasiones de que el derecho a la elección de la lengua oficial corresponderá siempre al ciudadano. El catalán es considerada la lengua de todas las instituciones públicas de Cataluña, así como de las empresas y servicios públicos. El documento, que propugna cuotas en algunos medios radiotelevisivos, recoge la necesidad de que las empresas dedicadas a la venta de productos o la prestación de servicios al público tendrán que estar en condiciones de poder atender en las dos lenguas. Esta exigencia afecta también a despachos profesionales y transportes públicos.

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