Socialistas y populares, dispuestos al consenso con CiU para regular el uso de las lenguas

La nueva ley será indicativa para el ciudadano e imperativa para la Administración

BARCELONA. -- Socialistas y populares aceptaron ayer iniciar los trámites de una ponencia conjunta que discuta la redacción de una nueva ley reguladora del uso del catalán y del castellano en Cataluña. El consenso inicial se extiende a los restantes partidos con representación en el Parlament, aunque las cautelas expresadas permiten augurar un largo proceso de negociaciones.
Tras una dilatada sesión de trabajo, que comenzó a las 9 de la mañana y terminó pasadas las 8 de la tarde, durante la que recibió a los máximos representantes de los partidos de la oposición, el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, dispone de un principio de acuerdo para consensuar una ley reguladora del uso de las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano. En una breve comparecencia ante los medios informativos, Pujals expresó su satisfacción por la receptividad mostrada por sus interlocutores. Fuentes de la citada conselleria expresaron su confianza de que la junta de portavoces que debe reunirse el próximo martes convoque ya la ponencia conjunta que estará integrada, en principio, por los presidentes de los grupos parlamentarios.
Pese al optimismo del conseller, el secretario general del PSC, Narcís Serra, expresó leves reticencias ante la necesidad de un nuevo texto legislativo."La ley de 1983 --dijo Serra-- es un texto constituyente, una ley emblemática y un bloque granítico que ha garantizado la convivencia y ha resistido los ataques anticatalanistas." A partir de tales consideraciones, los socialistas reclamaron a Pujals un informe previo al comienzo de los trabajos legislativos, que justifique la conveniencia de una nueva ley. Sólo después de constatar esta necesidad, el PSC entraría en el debate parlamentario con sus propias propuestas.
También el secretario general del Partido Popular de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, mostró su disposición inicial a participar en una ponencia conjunta, en especial ahora, cuando han recibido garantías del conseller en el sentido de que una nueva ley no contemplaría la aplicación directa de sanciones ante posibles incumplimientos. "El PP catalán --dijo Fernández-- está dispuesto a participar en la redacción de una nueva ley que sea una lección de 'seny', respeto y libertad." También tras entrevistarse con Pujals, Alberto Fernández expresó su idea de que "no estamos ante una reforma de la ley del 83, ni siquiera ante una nueva ley del catalán; sino ante un texto legal que debe regular el uso en Cataluña de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y ello sin contemplar sanciones, cuotas o imposiciones de ningún tipo".
Una vez aceptado que la futura ley debe aprobarse por consenso tratando incluso de conseguir la unanimidad de todos los grupos de la cámara catalana, las próximas semanas centrarán el debate en torno al informe previo y al texto que elaborará la conselleria. "Antes de empezar la elaboración de un proyecto de ley es necesario reflexionar sobre la situación actual", dijo Serra.
Superada esta fase, se entraría en las propuestas de articulado, a partir de la iniciativa del Gobierno. En este sentido, el secretario general de CDC, Pere Esteve, afirmó que "no será una ley "light"," saliendo así al paso de quienes estiman que el consenso sólo es posible a base de rebajar planteamientos.
El futuro texto legislativo aspira básicamente a impulsar el empleo del catalán en la vida cotidiana; tendrá "un carácter indicativo para el ciudadano e imperativo para la Administración", y pretende, entre otros objetivos, que los comercios y empresas de servicios atiendan a sus clientes en la lengua que estos empleen. Asimismo, regulará el uso de la lengua en los documentos mercantiles y públicos, que deberán redactarse en la lengua elegida.

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