| 03/03/97 |
O
bligatoriedad.
Ésta es una de las claves del debate sobre el nuevo proyecto de ley lingüística que gira en torno a los derechos individuales en relación a la lengua.
El conseller Joan Maria Pujals proclama que "la nueva ley garantizará el derecho individual de elección de cualquiera de las dos lenguas oficiales e impulsará el uso de la lengua propia de Cataluña".
El PP se reafirma en que "no aceptaremos imposiciones de ningún tipo".
"¿De ningún tipo?", se preguntan desde ERC.
ERC hace su aportación al debate.
Francesc Ferrer i Gironès --diputado independiente en Esquerra y con un largo historial de paciente y documentado activista en favor de la normalización del catalán-- ha recopilado, por ahora, 13 leyes españolas, 73 reales decretos y 23 órdenes ministeriales para demostrar que la legislación estatal tiene en materia lingüística un carácter asimétrico al darse una situación de "castellano obligatorio, catalán optativo".
Eso es, "los ciudadanos que quieren vivir plenamente en catalán en Cataluña se encuentran respecto a los ciudadanos que quieren vivir en castellano en una situación discriminatoria a la hora de ejercer sus derechos lingüísticos, por lo que es necesaria una ley que acabe con esta discriminación".
De la documentación recopilada se deduce, según esta argumentación, que la normativa estatal, vigente también en Cataluña, "impone" a los ciudadanos la "obligatoriedad" de utilizar el castellano en muchos ámbitos de la actividad cotidiana de manera que esta lengua queda convertida en preeminente mientras que, en las correspondientes comunidades autónomas, se permite con carácter "optativo" y "subordinado" el uso del catalán y de las otras lenguas oficiales de manera que, a veces, el uso de estas lenguas es legalmente "insuficiente" al no reconocérsele eficacia jurídica y al precisar de la pertinente traducción del castellano.
ERC aportará esta documentación a la ponencia parlamentaria conjunta que ha de elaborar la "ley de uso de las lenguas oficiales en Cataluña".
Su objetivo es facilitar nuevos elementos a la discusión sobre la libertad de opción a utilizar una u otra lengua y la correspondiente obligación de respetar esta libertad.
Los republicanos, a su vez, pretenden con este informe, según Ferrer Gironès, "desenmascarar la incoherencia de aquellos sectores, especialmente del PP y a veces del PSC, que se presentan como acérrimos defensores de las libertades individuales frente a la más mínima obligación en materia lingüística en la legislación catalana, pero que aceptan el carácter impositivo existente en la legislación española".
Dicha documentación ofrece una cascada de normas dictadas año tras año, no elaboradas con consenso, sino por decisión del gobierno central de turno o por la mayoría parlamentaria del momento, y que cubre los más diversos aspectos de la actividad cotidiana de los ciudadanos (ver cuadro adjunto).
"La lista podría ser inmensa --asegura--, ya que incluso obliga a utilizar la lengua castellana en los envases de los preservativos y en reglamentaciones que van desde los ajos a la venta de alcachofas o del ganado bovino".
La enumeración de algunas de estas normas, que en su articulado tratan la cuestión lingüística, ponen sistemáticamente de relieve esta asimetría entre "castellano obligatorio, catalán optativo" en cualquier ámbito de la vida ciudadana.
Algunos ejemplos: real decreto 1348/1985 que aprueba el reglamento de ordenación de los seguros privados; ley 11/1985 sobre patentes; real decreto 58/1988 sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos domésticos; ley 11/1988 de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores; el Real Decreto 1122/1988 que aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios envasados; ley 32/1988 de marcas comerciales; real decreto 1597/1989 que aprueba el reglamento del registro mercantil; ley 25/1990 sobre el medicamento.
El diputado Ferrer pregunta al PP y a algunos sectores del PSC "si piensan proponer la modificación de la legislación estatal en materia lingüística para eliminar su carácter impositivo u obligatorio o para establecer una igualdad en el tratamiento del castellano y del catalán, así como de las otras lenguas oficiales, de manera que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en catalán de la misma manera que pueden ejercerlos en castellano; eso es, que se pueda vivir y actuar plenamente en catalán en Cataluña".
También les pregunta si, en este mismo sentido y en aras al respeto a los derechos lingüísticos individuales, piensan proponer la modificación del artículo 3.1 de la Constitución que establece que "el castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla".
Copyright La Vanguardia 1996