Desde la óptica del Gobierno, el radicalismo de los promotores del movimiento se evidencia en peticiones como aquella de que el Presidente interviniese ante el Fiscal para detener los procesos contra dirigentes sindicales de Ecopetrol.
En la Hacienda Hato Grande, en la sabana del norte de Bogotá, el presidente Samper recibió ayer con preocupación un nuevo y denso informe sobre la injerencia de la guerrilla en el paro estatal previsto para mañana.
Pocas horas antes de ser notificado sobre la ruptura del diálogo con los promotores de la protesta, le llegó a la sala de reuniones de la casona principal un documento preparado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Paro armado en Boyacá, ubicación de focos terroristas en Bolívar, marchas campesinas en Caquetá, bloqueo vial en el Chocó y preparación de asaltos a oficinas en la caja agraria... En cada folio del documento se encendían señales de alarma.
Sus llamadas a los ministros Orlando Obregón, que llevaba la vocería del gobierno en la fracasada negociación con el sindicato estatal, se alternaban con otras al Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares y a la Policía para mantenerse al tanto de la situación en áreas consideradas de mayor riesgo.
También se comunicó con los gobernadores para asegurarse de que, como lo dispuso mediante decreto, estuviesen actividades los consejos departamentales y municipales de seguridad.
Después instruyó al ministro del Interior, Horacio Serpa, para convocar a su despacho al Consejo Nacional de Seguridad que deliberará hoy, a partir de las diez de la mañana.
Hacia las diez de la mañana, cuando ya la polarización de las posiciones en el diálogo con los representantes del sindicato parecían irremediable, hizo una nueva revisión global del pliego.
La conclusión generalizada fue que en el pliego se advertía una carga de intención política, superior a cualquier búsqueda de reivindicación laboral.
El ministro del Trabajo, su viceministro y también el viceministro de Hacienda intentaron en vano, por instrucción presidencial, convencer a la contraparte de retirar el punto relativo a la suspensión de los procesos de privatización de Telecom, Ecopetrol y otras empresas de servicio público.
Por intermedio de ellos, el Jefe del Estado quiso hacerles ver que ceder en ese punto, lo mismo que renunciar a las facultades que la ley de racionalización del gasto le dio al Gobierno para suprimir o fusionar entidades, con el ánimo de desburocratizarlas, equivaldría a desandar todo el camino recorrido en materia de eficiencia del Estado.
Desde la óptica de la administración, la postura radical de los representantes de las centrales se evidenció en el hecho de que pretendían que el Gobierno interviniese ante la Fiscalía y el poder judicial para frenar los procesos en curso contra dirigentes sindicales.
"Eso es imposible. Eso sería tanto como desconocer la función autónoma de una de las ramas del poder público", replicó Samper desde Hato Grande.
A juzgar por los reportes que le llegaron, no hubo cómo contestar los reproches de los sindicatos en el sentido de que los procesos hubiesen sido reabiertos después de cuatro años y justo ahora.
La decisión del sindicato estatal de ir al paro se conoció oficialmente poco antes del mediodía y envió al cuarto de San Alejo una contrapuesta del Gobierno, cuyo esencial era el pago de una prima de compensación para que aquellos trabajadores cuyo reajuste salarial fue inferior al 13 por ciento. mentarios y sugerencias |