Lunes
5 mayo
1997

MIGUEL GONZÁLEZ
En septiembre del pasado año, el titular del Ministerio de Defensa, Eduardo Serra, compareció ante el Congreso de los Diputados para explicar la decisión del Consejo de Ministros del 2 de agosto anterior de no desclasificar los polémicos papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA solicitados por tres jueces. Más allá de los argumentos jurídicos y de la solemne invocación de la seguridad del Estado, Serra ofreció una justificación política para tan controvertida decisión: el Gobierno de José María Aznar no había sido elegido para ajustar cuentas con el pasado. Así como la democracia renunció a cualquier tentación de revancha con el franquismo, argumentó entonces el ministro, también el primer gobierno del Partido Popular debía encarar el futuro asumiendo lo bueno y lo malo de la etapa anterior.

Serra encarna en sí mismo este sentido de la continuidad del Estado. Sin estar afiliado a ningún partido, ha llegado a subsecretario con la UCD, secretario de Estado con el PSOE y ministro con el PP, siempre en el departamento de Defensa. La decisión del 2 de agosto vino a afianzar la sospecha que algunos tenían de que su nombramiento, que se llegó a atribuir a sugerencia de la Zarzuela y constituyó la gran sorpresa del primer gabinete Aznar, representaba el entierro definitivo del caso GAL .

Serra El Chico -en contraposición a uno de sus antecesores en el departamento, Narcís Serra, como despectivamente se le llama desde algunos sectores periodísticos, los mismos que consideran que la victoria del Partido Popular no debía suponer el fin de la estrategia de la crispación, sino su continuación con medios más poderosos- se convirtió en el primer objetivo a batir. Durante el otoño se desarrolló una durísima campaña dirigida a forzar su cese o su dimisión, acusándole de corrupción por haber presidido una de las constructoras que pagaron comisiones irregulares al entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán.

El propio Eduardo Serra contribuyó a su debilitamiento con alguna sonora metedura de pata: como el anuncio, prematuro e inoportuno, de que el Gobierno podría desobedecer una sentencia adversa del Tribunal Supremo sobre los papeles del Cesid , anuncio realizado durante la recepción de la Fiesta Nacional; o el reconocimiento de que lo publicado por los periódicos coincidía con el contenido de los documentos del servicio secreto, que hizo en diciembre en Bruselas tras una reunión de la OTAN.

Sin embargo, no fue su inexperiencia política ni su falta de popularidad -todas las encuestas realizadas en los últimos meses le sitúan entre los ministros peor valorados- lo que acabó dejándole fuera de juego. A partir de enero de 1997, el Gobierno cambió radicalmente de estrategia. El escándalo de los 200.000 millones de pesetas supuestamente prescritos en Hacienda por dejación o amiguismo del PSOE demostró que el Ejecutivo presidido por José María Aznar sí estaba dispuesto a ajustar cuentas con el pasado, sobre todo porque ese pasado amenazaba con hacerse futuro según las expectativas de voto que otorgaban al PSOE los sondeos.

Con este nuevo clima político, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que se ordenaba desclasificar 13 papeles del Cesid se vivió paradójicamente como un triunfo del Partido Popular, a pesar de que enmendaba la plana a una de las principales decisiones adoptadas por el Gobierno durante sus primeros doce meses de mandato. Serra ni se atrevió a sugerir que cabía la posibilidad de presentar recurso y se limitó a proponer al Consejo de Ministros la desclasificación íntegra de los papeles , más allá incluso de lo que ordenaba la sentencia del Supremo.

Pese a los reveses sufridos, Serra no parece haber perdido un ápice de su ingenuidad. Sólo a ella cabe atribuir su reciente confesión pública de que no ha leído el programa electoral del PP, el partido de cuyo gobierno forma parte y con el que mantiene unas complicadas relaciones. De haberlo hecho, habría advertido cuán difícil resulta conciliar lo que en él se dice con la práctica del poder. Por ejemplo, en relación con la OTAN: mientras el programa electoral prometía no alterar el estatuto de España en la Alianza Atlántica, por respeto al referéndum celebrado en 1986, el Gobierno está negociando la plena integración militar. Es cierto que estas negociaciones se realizan con el respaldo de más del 90% de los diputados del Congreso. Pero no deja de sorprender que el Partido Popular ni siquiera se haya sentido obligado a dar explicaciones por un incumplimiento tan palmario de su programa.

Respecto a la otra gran decisión en materia de defensa -la profesionalización total de las Fuerzas Armadas y la supresión de la mili en el plazo de seis años- tampoco estaba en la oferta que el partido liderado por José María Aznar hizo a los electores. La impuso CiU durante las negociaciones que culminaron con el apoyo de los nacionalistas catalanes a la investidura de Aznar como presidente del Gobierno.

Pocos meses antes, en diciembre de 1995, el propio Aznar había rechazado incluir esta promesa en el programa del PP, tal como le propuso el que entonces era su portavoz en temas de Defensa y ahora es director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. Lo que el PP sí prometió en las elecciones fue reducir la mili a seis meses y elevar la paga de los reclutas a 30.000 pesetas mensuales. Un año después, la aplicación de ambas medidas está en el alero. Defensa las subordina a lo que decida la comisión parlamentaria que está estudiando la profesionalización de las Fuerzas Armadas, en cuyo seno hasta un representante del PP las ha calificado de «inviables».

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