Lunes
5 mayo
1997

Cuevas, Méndez, Gutiérrez, Arenas y Otero, el día de la firma del pacto social (R.Gutiérrez).

CARMEN PARRA
El PP ha tenido toda la suerte de cara para poder firmar en tan sólo un año de gobierno cinco acuerdos sociales: los Pactos de Toledo sobre pensiones, mediación en conflictos colectivos, salud laboral, formación profesional ocupacional y el nuevo Plan de Empleo Rural. Y para ser testigo de excepción de cómo los líderes de la patronal CEOE-CEPYME y de los sindicatos CC OO y UGT, José María Cuevas, Manuel Otero, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, respectivamente, suscribían otro aún más importante: una reforma laboral audaz que para impulsar el empleo estable incluye el abaratamiento del despido.

Una espléndida cosecha en la que al Gobierno presidido por José María Aznar no se le pueden negar méritos propios. Desde el principio, dejó claro que había aprendido de los errores ajenos de la etapa socialista, mimó el diálogo social -sobre todo el ministro de Trabajo, Javier Arenas-, y respetó los procesos emprendidos autónomamente por los interlocutores sociales. Pero otros méritos le son ajenos. El PP simplemente llegó en el momento oportuno y se encontró con unos sindicatos con direcciones renovadas, tras la salida de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, y con un clima de consenso ya asentado.

Mucho antes de ganar las elecciones, en enero de 1995, cuando la crispación política llegaba a sus cotas más altas, la patronal y los sindicatos pidieron a los partidos sosiego y les instaron a que no siguieran poniendo en peligro con su fuego cruzado la marcha de la economía real y de las empresas. Para predicar con el ejemplo abrieron un diálogo que dio como primer fruto, en febrero de 1996, el acuerdo para la mediación en conflictos colectivos. Su desarrollo y la adhesión del Gobierno fue precisamente la primera firma del equipo del PP.

Por si el viento favorable era poco, ha sido precisamente con el Gobierno de la derecha cuando patronal y sindicatos se han empeñado en el más complejo proceso de diálogo que han emprendido nunca. Han elaborado una reforma laboral sin condiciones previas y sin temas tabú, tras aceptar cada parte el principal argumento del contrario. CEOE ha accedido a corregir la precariedad del mercado laboral, y las centrales a rebajar el coste del despido para los nuevos contratos fijos de 45 a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades como máximo. Asimismo, se aclaran las causas para los despidos.

Un proceso que les ha acarreado críticas, sobre todo a los dos sindicatos. Julio Anguita y el sector mayoritario de Izquierda Unida, que han apoyado al Gabinete de Aznar en votaciones y en contenciosos cuando menos discutibles, en política social se han distanciado del Gobierno. Y, además, han creado una severa fisura en el seno de la izquierda con una batalla contra las centrales de imprevisibles consecuencias. De momento se está cumpliendo al pie de la letra el temor de Cándido Méndez: «IU corre el riesgo de convertirse en oposición a los sindicatos en lugar de serlo del Gobierno».

Pero no todo ha funcionado como una balsa de aceite para el PP. No ha logrado que CEOE, su aliado natural, se sume al consenso político y social sobre el sistema público de pensiones. La confederación empresarial se ha quedado fuera, dejando claramente de manifiesto que no respalda el modelo de Seguridad Social pública.

Asimismo, ha habido otros dos frentes en los que el diálogo entre el Ejecutivo y las centrales ha fracasado: las privatizaciones de empresas y la congelación de los salarios de los empleados públicos. Y las direcciones de los sindicatos se reservan el derecho a seguir criticando la política del Gobierno sobre la educación y la sanidad.

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