Lunes
5 mayo
1997
CARLOS ARROYO / LUCÍA ARGOS
La educación y la sanidad, los dos raíles fundamentales del Estado de bienestar, se desplazan gradualmente hacia manos privadas.
La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, venció sus primeras tentaciones de aplicar a grandes zancadas sus ideas de mercado, pero se ha prodigado en declaraciones sobre lo que está mal: selectividad, acceso a las cátedras universitarias, funcionamiento del Consejo de Universidades, enseñanza del latín, el griego, la historia y la literatura en secundaria, habilidades matemáticas de los escolares, oferta de optativas en bachillerato y alternativa a la religión. Todo ello está pendiente de estudio.
Lo que sí ha llegado al BOE son dos reales decretos: el que modifica sustancialmente la admisión de alumnos en colegios e institutos y el que reforma parcialmente los planes de estudio universitarios.
En el decreto de admisión, que el PP llama de libertad de elección, el punto clave es el que ya están concediendo los centros por «una circunstancia relevante apreciada justificadamente». Para los defensores del sistema público, la combinación de ese punto discrecional con la menor importancia de la proximidad al centro permite la selección de alumnos. Es decir, pone trabas a la escuela pública, que puede acabar especializándose en acoger a los alumnos rechazados por centros concertados.
La reforma de la sanidad, agobiada por sus problemas financieros, no podía esperar más. El decreto de gestión, ya en vigor, permite no sólo la dirección conforme al derecho privado, sino también la participación de capital privado en los centros que darán asistencia a la población con dinero público. Es, de hecho, la viga maestra de la reforma sanitaria.
El segundo gran caballo de batalla del Ministerio de Sanidad ha sido recortar el gasto farmacéutico. Y lo ha hecho por lo sano, rebajando en tres puntos por decreto el margen de farmacéuticos y distribuidores. Como esto es a todas luces insuficiente, los nuevos dirigentes sanitarios se han pasado un año tanteando al ciudadano con anuncios de recortes sobre sus prestaciones que no se han llevado a la práctica. Parecen descartadas por ahora la tasa de 100 pesetas por receta o el copago en servicios hospitalarios. No así una profunda reforma de la aportación en medicamentos para adecuarla a la renta y el estado de salud. Los pensionistas pudientes a lo peor tienen que pagar algo por sus medicinas, pero, a cambio, Sanidad dice que les indemnizará si tarda más de nueve meses en operarles. Lo comido por lo servido.
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