Lunes
5 mayo
1997

LUIS R. AIZPEOLEA
La primera medida política que tomó el PP al llegar al Gobierno hace un año fue la drástica supresión de 66 de los 316 directores generales. . Lo hacía en cumplimiento de su promesa electoral de reducir altos cargos, una de las banderas más esgrimidas por José María Aznar en las fechas previas a su victoria. Tanto que algunos de sus colaboradores llegaron a prometer un ahorro de 79.000 millones al erario público por ese concepto.

Enseguida, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, comprendió que esa promesa era imposible de cumplir. Con la mera supresión de 66 directores generales, el Gobierno ahorraba el chocolate del loro porque todos ellos continuaban, como funcionarios que eran, en la Administración. La lección fue tan clara que en julio Rajoy cambió la bandera de la reducción de altos cargos por la de la racionalización de la Administración.

Los 66 directores generales suprimidos es todo lo que queda de la promesa. El Gobierno también redujo los subdirectores generales de 1.490 a 1.391, pero aumentó el personal eventual al servicio del Gobierno de 174 a 204, y el de La Moncloa, de 104 a 164. Total: lo comido por lo servido.

Además, el Gobierno no ha podido evitar que se le disparen los niveles altos de la Administración -28, 29 y 30-, que han crecido en 170 funcionarios: el sensacional ahorro prometido se ha trocado en un aumento del gasto de personal en 541 millones. El Ejecutivo ha tratado de frenarlo suprimiendo vacantes -19.000 en el último Consejo de Ministros-, con el consiguiente malestar del funcionariado, que ve frenada su promoción profesional.

Ahora juega su principal baza con la reforma de la Administración periférica, vinculada a la aplicación de la recién aprobada Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). Con la simplificación de la Administración periférica del Estado Rajoy cree que puede conseguir un ahorro, al menos, en alquileres de edificios, y una racionalización de la estructura.

El Gobierno ha incumplido otra de sus promesas emblemáticas: la profesionalización de la Administración y la restricción de la libre designación en los nombramientos. Su expresión ha sido el relevo insólito de 3.000 cargos profesionales de la Administración y su sustitución, en la mayoría de los casos, por funcionarios afines al PP, contradiciendo con ello sus promesas.

El vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, en una interpelación parlamentaria no mencionó las promesas de profesionalización del PP en la oposición y recordó que su partido había ganado las elecciones .

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