La lucha en Colombia

De nuevo padece Colombia una dramática escalada en la intensidad de la lucha entre las fuerzas militares y las guerrillas, en una situación de violencia crónica que se prolonga desde hace décadas y que, a partir de agosto del año pasado, ha conocido picos extraordinariamente cruentos. En ese momento, los subversivos aprovecharon las resistencias que entre grupos campesinos había concitado un intento oficial de erradicar los cultivos de coca, para desatar una ofensiva que dejó -y mantiene- fuera del control del Estado extensas zonas del sur del país.

Ahora los combates se han entablado a las puertas mismas de Bogotá, con ataques a unidades militares que han sumado en pocos días varias decenas de muertos a las largas nóminas acumuladas durante muchos años. En respuesta a una incursión guerrillera, las tropas han lanzado una contraofensiva para desalojar a los insurgentes. Durísimos enfrentamientos se han sucedido en los últimos días, con resultados confusos, y parece cierto que se ha producido un cambio sensible en la estrategia hasta aquí seguida por el gobierno, de defender sólo puntos y localidades aisladas y abandonar las zonas rurales a los subversivos. El presidente Samper acaba de decir que prefiere "un ejército combatiente a un ejército emboscado", prenuncio, seguramente, de una orden de ataque que se estaría cumpliendo, y con la cual las fuerzas armadas abandonarían una actitud sólo defensiva o de represalia.

Esto significa, pues, que Samper considera favorables la relación de fuerzas y las circunstancias políticas como para adoptar una decisión semejante. Y hay razones -a juzgar por la fragmentaria información disponible- para creer que realmente lo es: superadas las amenazas de una deposición legal inminente como consecuencia de sus alegadas vinculaciones con el narcotráfico, y desvanecidas las perspectivas de un estrangulamiento político y económico que por ese mismo motivo estuvieron por disponer los Estados Unidos, Samper habría quedado por fin con las manos libres para acometer a las guerrillas,una enfermedad enconada que desde hace medio siglo viene impidiendo la vida normal en Colombia.

Sin haber estado en sus orígenes, la producción y la comercialización de drogas y la multitud de modalidades criminales derivadas de esa actividad nefasta constituyen el soporte actual de la guerrilla y de las diversas formas de bandolerismo que asolan al país. Para destruir ese apoyo, resulta evidente que el Estado necesita, ante todo, recuperar en plenitud su función primaria, consistente en el control territorial y en el ejercicio monopólico de la fuerza, de acuerdo con pautas jurídicas conocidas y reconocidas universalmente..

La disyuntiva en que el narcotráfico coloca a Colombia es, sin duda, extrema. Sin embargo, hay que señalar que sin sus extensiones guerrilleras de distinto carácter, el desafío queda reducido a una manifestación delincuencial, indudablemente aguda pero que el Estado puede enfrentar mediante el uso de los mecanismos legales a su disposición. En cambio, al mediar la insurgencia con sus armas en la mano, el problema se convierte forzosamente en político, con reclamos de tipo partidista y social, y con zonas ajenas a la autoridad gubernamental, cuyos pobladores van a buscar el respaldo de una autoridad sustituta -que naturalmente será la que impongan las bandas de malhechores- para poder desarrollar sus actividades más elementales con una cierta normalidad. Contener esa eventual avalancha de destrucción de las estructuras de convivencia civilizada es el sentido de la lucha entablada en este momento en Colombia: si el gobierno, a pesar de sus pecados originales, tomara la decisión y contase con el consenso necesario en el frente político y calma suficiente en el plano internacional, podría dar a su país la paz que le viene siendo negada desde hace medio siglo. Pero no será fácil .