Dos de cal y una de arena. El portavoz de Convergència i Unió, Joaquim Molins, expuso ayer un balance en general positivo de la experiencia de colaboración de su grupo con el Gobierno, pero no ocultó la existencia de desacuerdos. Molins advirtió a Aznar del riesgo que suponen los «flagrantes incumplimientos» por parte del Ejecutivo de algunos de los acuerdos alcanzados en el pacto de abril pasado, sobre todo en cuanto a las inversiones públicas en Cataluña, y acabó su intervención afirmando que el compromiso de CiU con la estabilidad sigue en pie, pero lo supeditó a la resolución de esos asuntos pendientes: «De usted y de las acciones de su Gobierno depende, pues, el contar o no con nuestro apoyo».
Iñaki Anasagasti antes del debate de ayer. |
Molins también criticó las contradicciones del Gobierno en su política de desregulación de sectores económicos. En su opinión, o las reformas se eternizan -como es el caso de la telefonía- o «se ponen trabas al libre fluir del mercado por defender determinados intereses -en referencia a la televisión digital-». La lentitud, agregó Molins, «debería solucionarse; los entorpecimientos no deberían repetirse». Fue ésta la única referencia nacionalista al conflicto de la televisión digital.
Pero al lado del debe, Molins también presentó un haber: «La cosa funciona. Progresamos, avanzamos, prácticamente en todos los campos (...) Hoy estamos mejor que ayer y creo que, perseverando en el esfuerzo, mañana podemos estar mejor que hoy», dijo al analizar la mejora de la situación económica. Molins, sin embargo, quiso destacar que la mejoría económica tiene sus bases en el Presupuesto de 1994, el primero que los nacionalistas catalanes negociaron con el Gobierno socialista. «Fruto de ese esfuerzo continuado que, como digo, se inició en 1994, nuestra economía ha entrado ya en un círculo virtuoso, en contraposición al 'vicioso' de épocas anteriores», señaló.
Molins dejó para su último turno las discrepancias con el Gobierno y afirmó que se consideraría «un fracasado» si su grupo y el PP no fueran capaces de pactar el Presupuesto para 1998: «Estoy convencido de que tendremos Presupuesto y que éste nos llevará a Maastricht», aseguró. Junto a un balance optimista del cumplimiento del pacto de investidura -«un pacto instrumental, hecho desde la diferencia», precisó-, Molins lamentó el voto negativo del PP a la resolución del Parlamento a favor de la unidad de la lengua catalana (no aludió a la ausencia del PNV en aquella votación) y criticó que el Gobierno aún no aplique la normativa que permite utilizar varias lenguas en el etiquetaje de productos alimenticios.
Molins anunció que su grupo no aceptará unos Presupuestos para 1998 sin la mejora en la financiación de la reforma educativa, sobre todo para aquellas comunidades que, como Cataluña, la están aplicando en un altísimo porcentaje. Tampoco aceptará unos presupuestos de Sanidad que «sigan encubriendo» las necesidades reales del sistema.
En el turno de réplica, el presidente Aznar calificó de «elementos menores» los desacuerdos con CiU, pasó por alto la cuestión de la televisión digital y se mostró convencido de que se llegará a un acuerdo positivo para mejorar la financiación sanitaria, si bien en varias ocasiones repitió que resultará imprescindible mantener el rigor presupuestario al menos en los próximos dos años, un objetivo en el que el nacionalista no puede estar más de acuerdo.
Aznar confió en que «se prolongue en el futuro» la estabilidad que le proporciona el acuerdo con CiU y Molins le contestó que su grupo está «encantado» por haber asumido el riesgo de apoyar al PP. «Hoy estaríamos peor si no hubiera habido pacto. Ningún objetivo, y menos el europeo, se hubiera alcanzado sin estabilidad», dijo el nacionalista.
El Ejecutivo y sus socios prevén que se inviertan 310.000 millones al año más para la sanidad
C. P.,
Madrid
Fuentes de Convergència i Unió confirmaron ayer oficiosamente que se ha producido un principio de acuerdo en las negociaciones en curso con el Partido Popular para pactar un nuevo sistema de financiación sanitaria.
Este principio de acuerdo supondría inyectar unos 310.000 millones de pesetas más al año en el sistema sanitario español en los ejercicios de 1998 y 1999, y 370.000 millones también al año a partir del 2000. A Cataluña le correspondería el 16% de esas cantidades, de acuerdo con el porcentaje de población.
Nacionalistas y conservadores han avanzado también, según estas versiones, en propuestas para lograr nuevas fuentes de financiación que cubran ese incremento presupuestario. Estas propuestas serán sometidas a la consideración de todas las administraciones implicadas y de los partidos parlamentarios que participan en la subcomisión del Congreso de los Diputados.
CiU y PP están de acuerdo en que el Gobierno proponga recargos a los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, así como que introduzca ahorros derivados de una mejora en la gestión y un mayor control de la incapacidad laboral. También contempla este acuerdo la introducción del copago de productos farmacéuticos por parte de jubilados de un determinado nivel de renta.
Evitar un conflicto
Oficialmente, los dirigentes de CiU y responsables del Gobierno admitían ayer la existencia de avances en la negociación, pero negaban la existencia de un acuerdo, probablemente para evitar un conflicto con los demás partidos políticos. El líder de la oposición, Felipe González, dijo ayer mismo desde la tribuna del Congreso que su grupo está dispuesto a reintegrarse en la subcomisión parlamentaria de estudio sobre la reforma sanitaria siempre que las decisiones no se tomen al margen del consenso.
Desde Perú, el líder de Unió Democràtica, Josep Antonio Duran Lleida, dijo ayer que «se está en la recta final definitiva» de este acuerdo entre el Ejecutivo y sus socios catalanes.