El País Digital
Jueves
3 abril
1997 - Nº 335

Guerra sucia en Colombia

Una asociación de derechos humanos denuncia la complicidad de EE UU

JOSÉ M. CALVO , Washington
Oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas dirigen a civiles armados y a grupos que trabajan en estrecho contacto con el Ejército para conseguir información sobre las actividades de la guerrilla y para eliminar a colombianos sospechosos de colaborar con las facciones guerrilleras, según un documentado informe de la organización de derechos humanos de EE UU Human Rights Watch, que denuncia al mismo tiempo el «preocupante papel jugado por EE UU en esta alianza entre militares y paramilitares».

«De acuerdo con nuestras pruebas, el paramilitarismo no es un fenómeno aislado o independiente de lo que ha sido la represión en Colombia. Los casos corresponden a una estrategia que cuenta con la participación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas», asegura a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch / Americas, que recientemente transmitió las denuncias al Gobierno de Bogotá y su convencimiento de que «los altos mandos militares continúan organizando, estimulando y desplegando a los paramilitares en una guerra clandestina contra aquellos sospechosos de ayudar a las guerrillas».

Human Rights Watch, que dedica el informe a la memoria de Wilson Cáceres, un militante de los derechos humanos desaparecido en Colombia en 1995, recuerda que el uso de civiles armados por parte de los partidos políticos colombianos tiene una larga historia que arranca en el siglo XIX. Hace ocho años, Human Rights Watch señaló que aunque no podía demostrarse que «altos mandos del Ejército colombiano daban órdenes directas a grupos paramilitares de cometer atrocidades, es obvio que su respuesta a las acusaciones -cerrar filas, evitar u obstruir cualquier investigación seria- comprometía sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de las leyes».

Ahora, en su último informe, titulado Las redes de asesinos en Colombia, la organización afirma que no sólo no se castigó a los oficiales de bajo y medio nivel implicados en la oleada de violencia paramilitar que se desarrolló en los años ochenta, sino que estos oficiales «han sido ascendidos y recompensados, y ocupan ahora las más altas posiciones en las Fuerzas Armadas de Colombia». Unos pocos, los más comprometidos, añade el informe, han sido obligados a aceptar la jubilación anticipada o han tenido que abandonar la institución.

Para Human Rights Watch, los dirigentes de las Fuerzas Armadas implicados «no sólo han promovido, estimulado y protegido a los grupos paramilitares, sino que los han usado para suministrar información, asesinar y masacrar a los colombianos sospechosos de ser aliados de la guerrilla», que en muchos casos son campesinos o activistas de derechos humanos.

En su apartado de apéndices, el documento de Human Rights Watch aporta el texto original de la directiva 200-05 / 91 de las Fuerzas Armadas colombianas sobre la organización de las redes de inteligencia, fechado en abril de 1991, y el informe policial sobre la matanza de Puerto Patiño, en enero de 1995, en la que ocho personas perdieron la vida a manos de un comando paramilitar, algunos de cuyos componentes, señala el informe de la policía, «vestían uniformes reservados a las fuerzas militares y otros iban como civiles». En los burdeles de La Guapachosa y Los Charcos, el comando «ordenó a todos los presentes que se arrojaran al suelo; les identificaron uno por uno mientras les insultaban y les acusaban de ser guerrilleros», para hacer finalmente una selección y secuestrar y asesinar a ocho de ellos.

En las conclusiones de la investigación de la policía de Puerto Patiño se señala que «la masacre fue ejecutada por paramilitares (grupo Los Macetos) con el apoyo de algunos miembros de las fuerzas militares en cabeza del señor mayor del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base de Aguachica, y del señor Roberto Prada, quienes participan en las diferentes actividades y operaciones que realiza este grupo; situación que se desata a raíz del vasto avance guerrillero en la zona y de la grave situación de pobreza de sus pobladores, quienes se ven obligados a ingresar en cualesquiera de los dos bandos.

Además de denunciar la «estrategia de impunidad» que el sistema de justicia militar aplica a los oficiales responsables de matanzas ejecutadas por bandas paramilitares, el informe aporta pruebas de que la CIA y el Pentágono han trabajado con militares colombianos en 1991 para conseguir «la reorganización de sistemas de inteligencia que desembocaron en la creación de redes asesinas que identifican y matan a civiles sospechosos de ayudar a las guerrillas». «Nosotros», señala José Miguel Vivanco, «creemos que las autoridades colombianas han sido tremendamente ineficaces, pero que no se puede hablar de tolerancia en el caso del Gobierno, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que no sólo han tolerado, sino protegido y utilizado a los paramilitares para tareas represivas».

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