AITOR GUENAGA,
Bilbao
Cuando se cerró el pacto PNV-PP en abril de 1996 y fue revalidado en octubre con la transferencia de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos) a cambio del apoyo a los Presupuestos del Estado del PP, surgió desde Cataluña un sentimiento de agravio que enturbió las relaciones entre nacionalistas vascos y catalanes. Agravio que corrió como la pólvora por las comunidades limítrofes con el País Vasco y por las gobernadas por el PSOE.
De nuevo, la especificidad tributaria vasca, que hunde sus raíces en el régimen foral y es uno de sus últimos vestigios, supone motivo de discordia en un momento en el que el PSOE ha tomado el sistema de financiación diseñado por el PP como bandera para cultivar una frontal oposición al Gobierno. Frente que, según admite el secretario general del PSE-EE, Ramón Jáuregui, va a crear disensiones en el socialismo vasco y puede hacer peligrar su alianza con PNV y EA en el Ejecutivo autónomo.
Lo que han acordado PNV y PP esta semana es revalidar hasta el 2002 la metodología para calcular el cupo y dejar igual el índice de imputación, cifrado en un 6,24%. Este porcentaje representa el peso que tenía el País Vasco en el conjunto de la economía española en 1981, y en función de él Euskadi tiene que contribuir a financiar las competencias no asumidas. El índice del 6,24% acordado entonces con el Gobierno de UCD era provisional, aplicable para ese año, pero prorrogable mientras no se negociara uno distinto. Y cada cinco años estaba prevista la revisión de las liquidaciones anteriores (leyes quinquenales de Cupo). La primera se firmó en 1986, con los socialistas ya en el poder. 16 años después, el Gobierno de José María Aznar ha vuelto a reafirmar un índice que el PSOE tampoco se atrevió a tocar.
El cupo, pues, es el dinero que la comunidad vasca paga al Estado para financiar los servicios de la Administración central y no transferibles a la comunidad autónoma (Defensa, Casa Real, Correos, Asuntos Exteriores...). Y se calcula mediante una compleja fórmula (que tiene en cuenta los impuestos no cedidos o no concertados) cuyo dato principal es ese 6,24% del presupuesto de gastos del Estado no asumidos por el País Vasco. La cantidad resultante ha ido variando a lo largo de los años. Por ejemplo, el cupo líquido (lo que debe pagar la comunidad autónoma vasca) llegó en 1987 a 110.830 millones, pero luego fue bajando por el hecho de que el Estado transfería servicios al País Vasco; y esta comunidad, por tanto, debía pagar menos. El pasado año se fijó en 7.173 millones. Y el cupo líquido de 1997 daría negativo, de no ser por la prometida transferencia de los impuestos especiales: 140.000 millones, según se calcula, una parte de los cuales -o la totalidad, depende de la fórmula que se utilice- habrá de transferir luego al Estado vía cupo.
El compromiso de Aznar choca con las pretensiones del ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en la mesa de negociación ante el vicelehendakari , Juan José Ibarretxe. Rato pretendía entrar a fondo en una reforma de la metodología de estimación del cupo para conocer el peso real de la economía vasca actualmente en el conjunto del Estado.
José María Aznar parece haber renunciado a esta reforma y prefiere dejar las cosas como estaban. «Es exactamente lo mismo de antes, ni una peseta más, ni una peseta menos», ha resumido el presidente.
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El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, solía recordar en sus intervenciones públicas tras el acuerdo sellado en abril y octubre de 1996 con José María Aznar, que cuando se restableció en las Cortes constituyentes de 1978 el Concierto Económico y, posteriormente, en 1981, los nacionalistas vascos acordaron con UCD la ley del Concierto Económico y fijaron el cupo, Jordi Pujol no quería saber nada de ese sistema tributario. «Los catalanes, entonces, no lo querían porque al recaudar los tributos desde las diputaciones vascas asumíamos un riesgo que ellos no estaban dispuestos a correr», manifestaba Arzalluz.