la puerta de la sala de sesiones (L. Magán).
CONCHA MARTÍN,
Madrid
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la puerta de la sala de sesiones (L. Magán). |
El actual Gobierno del PP ha conseguido que funcionara su pacto con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, pero para ello ha tenido que dejar de lado su inicial acusación de amiguismo contra los socialistas. Especialmente CiU, pero también el PNV han sido muy reticentes a acompañar en este arriesgado viaje al Gobierno que sustentan. Por ello, las conclusiones de la comisión incluyen algunas propuestas del PSOE y de IU-IC, cuyas piezas tampoco encajan en este complicado puzzle.
Medio año después de que el PP con el presidente del Gobierno, José María Aznar, a la cabeza se lanzara precipitadamente a esta piscina, subsisten algunas preguntas. En las respuestas pueden estar las claves políticas de este endiablado asunto, de una complejidad técnica grande, que ha abierto profundas heridas en la Administración tributaria.
• ¿Por qué efectúa el Gobierno la denuncia? La respuesta es técnica pero su traducción es política. En diciembre pasado, alguien avisa al Gobierno de que el Tribunal Supremo está a punto de emitir una segunda sentencia sobre la prescripción de los expedientes fiscales. Resultó ser falso. La primera sentencia del Supremo data de febrero de 1996 y establece que las deudas fiscales generadas más de cinco años atrás prescriben si la inspección se ha paralizado durante más de seis meses. Queda claro que, a estos efectos, la inspección termina con la liquidación final del acta y no con la fase inicial de investigación y comprobación de una deuda fiscal, en contra de lo que mantenía Hacienda. Pero esa sentencia necesita una segunda para que siente jurisprudencia; es decir, para que el criterio contrario no pueda ser invocado en posteriores recursos. Y esa segunda sentencia todavía no se ha producido.
El falso aviso precipita una denuncia del Gobierno, que peca, en primer lugar, de falta de oportunidad técnica . El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, convoca una rueda de prensa el 14 de enero de este año para explicar que una deuda fiscal de 200.000 millones de pesetas está «a punto» de prescribir y que de esta forma el anterior Gobierno socialista ha beneficiado a unos 600 contribuyentes. El actual director de la Agencia Tributaria y anterior responsable de la Unidad del Fraude Fiscal, Jesús Bermejo, es quien alerta al nuevo Gobierno del problema heredado . Sería «injusto» que el nuevo Gobierno cargara con ese coste político cuando saliera la todavía esperada nueva sentencia. De paso, alguien decide que ésta puede ser un arma política demoledora contra los socialistas que, apenas medio año después de las últimas elecciones, ganaban en los sondeos. Y se saca la conclusión de que un ambiente político crispado eleva la moral de los votantes del PP. Se desatan así las acusaciones de amiguismo, trato de favor a los ricos, negligencia, amnistía fiscal encubierta, robo y ocultación de documentos...
• ¿Está fundada la denuncia? A juzgar por las conclusiones de la comisión de investigación que se decidió crear al efecto en el Congreso un mes después, el Gobierno disparó con pólvora mojada. Ninguno de los grupos parlamentarios considera probado que hubo amiguismo -sólo el PP lo mantiene aunque no lo incluyó en sus propias conclusiones- o trato de favor. Hubo «negligencia en la gestión» durante el Gobierno socialista, aunque con importantes matices que desnaturalizan incluso esta acusación. Se dice que hubo negligencia, pero al mismo tiempo se señala que existió y existe un conflicto jurídico. Es decir, que la Hacienda socialista actuó de acuerdo al criterio que mantenía y defendió ante los tribunales: la inspección fiscal terminaba con la primera fase de investigación y comprobación de un fraude y no con la liquidación. Por tanto, la interrupción durante más de seis meses de los trabajos de la inspección a los efectos de la prescripción afectaba sólo a esa primera fase.
La comisión ha concluido también que a partir de diciembre de 1994, cuando la Audiencia Nacional sentencia lo contrario por primera vez -hasta entonces hubo pronunciamientos contradictorios de tribunales inferiores, incluso de la propia Audiencia Nacional- se toman medidas para agilizar la tramitación de los expedientes. En coherencia con todo ello, la comisión parlamentaria ha concluido que existe esa deuda pero no «prescrita» sino «perjudicada». O sea, que está pendiente de las decisiones que al respecto y en el futuro adopten los tribunales. La denuncia del Gobierno del Partido Popular se fundamenta así en unas bases todavía no sólidas.
• ¿Cómo se explica la posición de los nacionalistas? Aunque la comisión de investigación ha trabajado durante cuatro meses y ha escuchado las explicaciones de casi todos los responsables anteriores y actuales de la Agencia Tributaria, al final ha pesado el constantemente renovado pacto de legislatura. Con mucha claridad en el caso del PNV. Su representante en la comisión ha excluido la acusación de «amiguismo» y ha reducido la de «negligencia» a la idea de que en todo servicio público -sanidad, justicia, educación-, si se hiciera un chequeo a fondo se detectarían aspectos muy mejorables.
Pese a ello, el PNV ha estado más del lado del Gobierno que CiU. El reciente acuerdo firmado sobre el Cupo y el Concierto Vasco, a plena satisfacción del PNV, ha creado un clima más que favorable.
La posición de CiU ha sido la contraria. Hay dos factores que han pesado en su toma de postura. Primero, que los nacionalistas catalanes colaboraron muy estrechamente con el anterior Gobierno socialista y de forma muy directa en la política tributaria. Segundo, que el PP cometió la torpeza de señalar a La Caixa como el máximo exponente del amiguismo del anterior Gobierno por el caso de las primas únicas. Al final, el Gobierno de José María Aznar ejerció toda la presión posible para que CiU aceptara apoyar la conclusión de «negligencia en la gestión». La coalición considera que de esta forma ha hecho un «gran favor» al Gobierno del PP, que le ha salvado así en parte la cara en este engorroso asunto, y más en un momento en que formalmente se ha abierto la negociación de los Presupuestos de 1998. Una contrapartida clara es que la comisión ha decidido eliminar toda referencia a las primas únicas en sus conclusiones.
Ésta es, sin embargo, una nueva contradicción. Cabe recordar que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, señaló en su primera rueda de prensa que en el caso de las primas únicas -que enfrentó a la anterior administración tributaria con La Caixa y otras entidades financieras- radicaba buena parte de la deuda presuntamente prescrita.
• ¿Qué posiciones han adoptado el PSOE e IU-IC? Claramente contrarias a las acusaciones del Gobierno. Los socialistas han conseguido convertir lo que era un cubata bien cargado en una Coca-Cola light . Su posición ha sido rechazar de plano todas las conclusiones de la investigación, aunque se hayan admitido algunas de las suyas, por empeño personal del presidente de la comisión, Jon Zabalía. En cuanto a IU-IC, su representante, Joan Saura (IC), ha podido preservar su trabajo en la comisión de los vientos a favor del Gobierno que han soplado en la coalición y que se han materializado en la Ley del Fútbol.
• ¿Quién pagará los platos rotos? Aunque los socialistas no se han librado de la acusación, muy matizada, de «negligencia en la gestión», el Gobierno también ha quedado en entredicho. Algunos parlamentarios del PP creen que la operación se montó mal. Se acusó de amiguismo sin pruebas, la documentación enviada al Congreso ha sido defectuosa y se ha provocado un malestar grave entre los funcionarios de Hacienda. Hasta el punto de que la petición de dimisión que el PSOE e IU-IC han lanzado contra el director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, porque en su etapa anterior al frente de la Unidad del Fraude también le prescribieron expedientes, puede hacerse pronto realidad. Incluso se apunta que el propio secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, tiene un futuro difícil.
Los anteriores y los actuales responsables de Hacienda han desfilado ante la comisión de investigación del Congreso durante más de tres meses. Algunas de sus declaraciones más significativas son las siguientes:
• Carlos Solchaga (ministro de Economía hasta 1993): «Yo convoqué a los principales bancos de este país y a las principales cajas a una reunión absolutamente informal en mi ministerio (finales de los 80). Mi única intención fue decirles como ministro: miren ustedes las cosas que están pasando. Yo les voy a pedir una cosa, que a partir de ahora no se pasen de listos y no vayan diciendo a sus clientes de pasivo que tal o cual producto que se acaban de inventar es opaco fiscalmente».
• Pedro Solbes (ministro de Economía hasta 1996): «Desgraciadamente, el traspaso mío de poderes con el señor Rato duró menos de dos horas. Usted comprenderá que en menos de dos horas poco se podía hablar con detalle de los temas pendientes. Sí le dejé la documentación, sí le dije que si necesitaba algún elemento adicional estaba totalmente dispuesto a comentar con él cualquier otro tema»(...) «He oído palabras muy fuertes de algunos miembros de esta comisión. Me han llamado cretino. Es un lenguaje que no se debería utilizar en el debate político, pero esas cosas suceden».
• Rodrigo Rato (actual ministro de Economía): «No es un caso en el que digamos: 'Fíjese usted, estábamos pensando que podíamos aplicar la ley de esta manera y los tribunales nos dicen que la apliquemos de otra'. No. Estamos hablando de un caso en que la ley se aplicaba de una manera, menos en unos casos muy significativos»(...) «Ha faltado claramente, en mi opinión, un impulso político que era requerido ante unos hechos que han tenido una trascendencia innegable y era cantado que la iban a tener».
• Juana Lázaro (directora de la Agencia Tributaria entre 1994 y 1996): «En mis 25 años de vida administrativa no he tenido ninguna actuación que pueda perjudicar los intereses generales. En consecuencia, no admito que nadie me diga que actué por amiguismo».
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