PILAR LOZANO , Bogotá
Nueve a uno están las apuestas en Colombia a favor de que el jueves Estados Unidos, de nuevo, castigará al país en materia de lucha contra el narcotráfico. Aunque los funcionarios del Gobierno aseguran que el asunto no les desvela y que las últimas medidas que se han tomado en este campo se han hecho por «convicción» y no por coacción, los hechos muestran lo contrario. Colombia ha gastado en antesalas para lograr la certificación más de dos millones de dólares (288 millones de pesetas) y ha cumplido al pie de la letra la mayoría de las exigencias que le hizo el coloso del norte, a mediados del año pasado, para sacarlo de la lista negra de los países descertificados.

Las acciones que más han congraciado a los estadounidenses son la Ley de Extinción de Dominio, que persigue los bienes adquiridos con dineros ilícitos; el aumento de penas por narcotráfico -aunque dejaron en claro que llegaba un poco tarde, pues no es retroactiva y los grandes capos ya están en prisión-; el acuerdo marítimo que permite la vigilancia de naves de la Armada norteamericana a embarcaciones colombianas -para los analistas ésta es la más vergonzosa y la más clara muestra de lo arrodillado que está el Gobierno-; el reemplazo del glifosato en la erradicación de cultivos por el imasapir, un herbicida más fuerte, y el nombramiento de un embajador en Washington sin aspiraciones políticas.

A pesar de todo, el pesimismo es la regla general. La única esperanza es que las sanciones económicas no lleguen de inmediato, sino que se dé un margen de espera. También es pensamiento generalizado que la descertificación es injusta; que mientras México seguramente obtendrá el «visto bueno» por ser un país económicamente muy importante para EE UU, con Colombia no habrá ningún tipo de consideración y que el castigo, más que por las no acciones contra el narcotráfico, será, como el año pasado, contra el presidente Samper.

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La carrera contrarreloj para lograr a toda costa una buena nota se ha librado también en el campo de las relaciones públicas. Cuatro grandes empresas norteamericanas fueron contratadas, por jugosas sumas, para limpiar la mala imagen de Colombia. «¿Vale la pena?», título el diario El Tiempo, el más importante del país, un informe de página entera sobre el tema en su edición del domingo. Según la crónica de su corresponsal en Washington, a los estadounidenses esta campaña les ha causado risa. «Nos interesan las acciones, no las relaciones públicas», han repetido varios funcionarios.

En Radio Net, que estrenó recientemente la fórmula de 24 horas continuas de información, los periodistas comentan el tema de moda en Colombia, se lamentaban de que nada había servido: ni la ley de aumento de penas -que se aprobó hace apenas una semana y contempla condenas de hasta 60 años-, y la nueva condena de 22 años para Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los máximos jefes del cartel de Cali. Concluían entonces que la descertificación será de nuevo contra el presidente. La otra sensación es que Colombia, como nunca, es un país arrodillado. «Para someter a (Manuel Antonio) Noriega (ex presidente panameño), los norteamericanos tuvieron que bombardearlo. A Samper bastó con quitarle el visado», dice uno de los más prestigiosos columnistas del país.

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