El fiscal togado José Carrillo Colmenero pidió ayer diez años de cárcel para el coronel Juan Alberto Perote al término del juicio a puerta cerrada celebrado en el Tribunal Militar Central contra el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid. Perote está acusado de haber sustraido 1.245 microfichas cuando fue separado del servicio secreto. El defensor de Perote, Jesús Santaella, pidió la absolución de su cliente, argumentando que se llevó «inadvertidamente» las microfichas y que su contenido no está clasificado ni afecta a la defensa nacional. La sentencia, según fuentes próximas al tribunal, se conocerá la próxima semana y contra la misma cabe recurso ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
del Tribunal Militar (S. Burgos). |
El fiscal acusa a Perote del delito de «procurarse información legalmente clasificada relativa a la seguridad o defensa nacional», previsto en los artículos 53 y 54 del Código Penal Militar, y solicita la máxima pena prevista, al aplicarle el agravante de ser poseedor de la información clasificada en razón de su cargo.
La petición del acusador conlleva las penas accesorias de pérdida de empleo (expulsión de las Fuerzas Armadas) y suspensión de cargo público y derecho de voto durante el tiempo de condena. Si el tribunal confirmase los diez años de cárcel, Perote debería cumplir al menos 19 meses de privación de libertad, una vez descontados los beneficios penitenciarios y los 21 meses de prisión preventiva, y no podría volver a vestir el uniforme de coronel que ha llevado en el juicio.
El hecho de que las conclusiones provisionales no fueran redactadas por el actual fiscal sino por su antecesor en el cargo, el también general auditor José Antonio Jáudenes, daba credibilidad a una posible modificación. Sin embargo, el desarrollo del juicio, por lo que ha trascendido, afianzó la acusación.
Particularmente negativos para Perote fueron los testimonios del ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano y del actual responsable del servicio secreto, Javier Calderón, quienes ratificaron el carácter clasificado de los documentos sustraídos por Perote. Se da la circunstancia de que Manglano y Perote volverán a encontrarse el viernes, cuando ambos han sido citados a declarar por el juez Garzón en el marco del sumario Oñederra -donde se investigan los primeros atentados reivindicados por los GAL- y no es descartable que el coronel aproveche para tomarse la revancha contra su antiguo jefe.
No obstante, aún asumiendo las tesis del fiscal, el tribunal tiene un margen para reducir la pena hasta 6,5 años de cárcel, ya que Carrillo ha optado por el límite máximo de la horquilla prevista en el Código Penal Militar.
En sus conclusiones provisionales, ahora ratificadas, el fiscal explicaba que, en la primavera de 1990, Perote mandó microfilmar las notas de sus despachos con Manglano entre noviembre de 1982 y octubre de 1989, sin dar cuenta a nadie de tal decisión y conservando en su poder las correspondientes microfichas.
Aunque Perote sostiene que ordenó esa operación para destruir el soporte papel y ganar espacio, tal destrucción no se produjo hasta pocos días antes de abandonar el centro, en noviembre de 1991, recuerda el fiscal. El carácter clasificado de estos documentos es evidente para Carrillo, al margen de que no llevasen sello debido, ya que estaban destinados exclusivamente al uso interno, y la prueba de ello es que se guardaban en un armario de seguridad cuya combinación sólo conocían dos personas.
Perote no informó a su sucesor en la Agrupación Operativa, el coronel Manuel López Fernández, agrega el fiscal, de la existencia de las microfichas y sólo las devolvió en enero de 1992, cuando fue requerido para ello, tras descubrirse su falta. Parte de estos documentos, constata el fiscal, fueron publicados, «tras haber sufrido distintas alteraciones y manipulaciones», por el diario El Mundo a partir del 12 de junio de 1995.
Por su parte, el letrado de Perote, Jesús Santaella, sostuvo ante el tribunal que el coronel se llevó «inadvertidamente» las microfichas, mezcladas con su documentación personal, y que las devolvió en cuanto le fueron reclamadas desde el Cesid.
Argumentó que dichos documentos no estaban legalmente clasificados, al no haberse cumplido los requisitos reglamentarios y al carecer de validez, desde su punto de vista, el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1986 que declaró secreto todo lo relativo al Cesid.
En todo caso, según la defensa, su contenido no afecta a la seguridad y defensa nacional o, por lo menos, no ha podido demostrarse que sea así, ya que dichos documentos no se han incorporado al sumario. Al margen del previsible recurso al Supremo, Santaella ya ha anunciado su decisión de pedir la nulidad del juicio, entre otras razones por haberse celebrado a puerta cerrada, apelando para ello al Tribunal Constitucional.
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