Los presuntos responsables del caso Filesa , la trama de financiación irregular del PSOE, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir de mañana para responder de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedades en documentos mercantiles y privados, apropiación indebida, y delitos fiscales y contables, entre otros. El escenario montado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo incluye finalmente una lista de 26 ocupantes del banquillo sobre los que lloverán las acusaciones del fiscal y el abogado del Estado, del Partido Popular (PP) y del empresario José María Ruiz Mateos.
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Si el tribunal aceptase una nulidad de actuaciones tan sustancial como la del caso Naseiro, que declaró nulas las escuchas telefónicas acordadas por un juez sobre el entramado de comisiones exigidas a constructores para financiación del PP, el caso Filesa seguiría el mismo rumbo que aquél: desarticulada la prueba sobre la que estaba montado todo el proceso, los acusados quedarían exonerados de culpa por inexistencia de pruebas.
El tribunal también puede optar por aceptar sólo algunas de las nulidades planteadas que no afecten al proceso de forma tan contundente. En tal caso, las acusaciones no podrían utilizar las pruebas viciadas de nulidad, lo que podría beneficiar e incluso exonerar totalmente a los inculpados a los que afectasen.
Los letrados defensores replantearán la nulidad reclamada en su día por la «invitación» del juez instructor hecha a los aforados para declarar sin suplicatorio. Para las defensas, ésta es una de las cuestiones clave, porque de ser admitida quedarían exonerados los dos principales inculpados -los parlamentarios Josep María Grisó y Carlos Navarro- y decaería entonces la competencia del Supremo para juzgar Filesa.
Aforados
El abogado Pablo Jiménez de Parga explicó que, cuando menos, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse de una vez sobre el momento de cursar el suplicatorio en demanda de autorización para proceder contra un aforado, cuestión que ha suscitado fuertes contradicciones en el seno de la Sala Segunda en los últimos años.
Otra de las reclamaciones de nulidad se refiere a la forma en la que el juez Barbero instruyó el procedimiento. Los comparecientes declararon primero como testigos, después como testigos acompañados de letrado y finalmente como imputados. Los defensores plantearán la nulidad de las declaraciones de sus defendidos efectuadas en calidad de testigos que luego pudieron servir para imputarles.
También se cuestionará la licitud de las pruebas obtenidas en el origen de la instrucción, y concretamente los papeles sustraídos ilícitamente por el denunciante Carlos van Schowen. Algunos de los registros practicados en sedes bancarias y empresariales por Barbero serán igualmente presentados como nulos por falta de las necesarias garantías.
El ministerio fiscal, el abogado del Estado, el PP y Ruiz Mateos han coincidido en acusar sólo a 9 de los 26 inculpados, en tanto que el resto son acusados por tres o menos de las acusaciones. Entre las penas solicitadas por cada una de las partes median diferencias abismales, pero entre las del conjunto de las acusaciones y las que solicita el PP la diferencia es estratosférica.
La calificación provisional del abogado Juan Ramón Montero Estévez, en nombre del PP, está tan plagada de tintes partidistas que llega incluso a pedir 46 años y 10 meses de cárcel para unos innominados «responsables de la comisión ejecutiva» del PSOE. Por lo demás, solicitudes iniciales de 64 años de cárcel para los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep María Sala (a los que Ruiz Mateos sólo pide 18 años) o de 57 años para Guillermo Galeote (para el que el fiscal pedía inicialmente 3 años y Ruiz Mateos 8), son más propias de juicios de terrorismo que de delitos socioeconómicos.
Tras el trámite de calificación, el auto de apertura de juicio dictado por el Supremo incrementó el número de acusados, desde los siete contra los que abrió juicio el segundo juez instructor, Enrique Bacigalupo, hasta el total de 26. Sin embargo, al apreciar el Supremo muchos de los razonamientos de Bacigalupo y tras hacer una primera criba sobre los extinguidos por prescripción, una gran parte de los delitos imputados, singularmente muchos de falsedad, no podrán ser objeto de acusación, por lo que las peticiones de pena han quedado sustancialmente reducidas.