El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, aseguró ayer que imponer el conocimiento de una lengua cooficial -el euskera, el catalán o el gallego- es considerado inconstitucional por el Alto Tribunal. Así respondió en el Senado a Ricardo Gatxagaetxeberria, del PNV, que exigió su conocimiento -en su caso, del euskera- por parte de los funcionarios de la Administración periférica del Estado en las diferentes comunidades.
|
Concretamente, el senador nacionalista pidió que en la relación de puestos de trabajo de la Administración se demande preceptivamente el conocimiento de esa lengua, en unos casos, o al menos se valore, en otros. En ese sentido, apuntó que los datos sobre el conocimiento del euskera por los funcionarios que ejercen en el País Vasco resultan «desoladores» y recordó que, en 1994, tan sólo se valoró dicho conocimiento en 50 de las 356 plazas convocadas en conjunto.
La contestación de Mariano Rajoy fue significativa. Primero ofreció una respuesta de principios. El ministros de Administraciones Públicas afirmó que «imponer a los ciudadanos de una comunidad autónoma el uso obligatorio de una lengua ha sido calificado expresamente de inconstitucional por el Alto Tribunal».
Movilidad geográfica
A continuación, dio una segunda razón de tipo pragmático. Dentro de la Administración General del Estado existe la movilidad geográfica, que permite a un funcionario solicitar una vacante de los servicios centrales de un ministerio en Madrid o en cualquier comunidad, indicó.
«Si el objetivo de garantizar a los ciudadanos el derecho a la libre elección de la lengua en que quieren relacionarse con la Administración debe traducirse en que la totalidad de los funcionarios deban conocer la lengua cooficial de la comunidad en que trabajan», prosiguió, «se estaría rompiendo el principio de movilidad geográfica al no permitirse en la práctica que un andaluz o un castellano puedan trabajar en Galicia si no conocen el gallego».
Ana Isabel Oyarzábal mantuvo tesis próximas a la de Rajoy. «No se nos embale», dijo la senadora socialista al autor de la propuesta. Así, pidió «prudencia y flexibilidad» en la introducción del uso de las lenguas por los funcionarios para no atropellar su derechos. Aunque admitió que los ciudadanos de las comunidades tienen derecho a que se les responda en el idioma cooficial, afirmó que hay que aplicar el «sentido común». «No puede imponerse una lengua a los funcionarios», concluyó.
A su vez, Rajoy se comprometió a avanzar en el conocimiento de las lenguas cooficiales por parte de la Administración. Asimismo, adelantó el contenido de una próxima orden ministerial que obligará a poner a disposición de los ciudadanos impresos bilingües en las dependencias de la Administración General del Estado situadas en sus comunidades con el fin de que puedan elegir en cuál desean tramitar sus gestiones.
© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid