Obispos y rectores proponen que el catalán sea la única lengua de Cataluña
FRANCESC ARROYO,
Barcelona
«Sería deseable que se avanzara en un cambio legislativo que, en cualquier hipótesis de futuro de la articulación de Cataluña con España, estableciese la lengua catalana como la única lengua oficial en Cataluña». La frase pertenece a un texto suscrito por 350 personas, entre las que figuran rectores universitarios y obispos, que ayer fue entregado en el Parlamento catalán para que sea utilizado por la ponencia que trabaja en la revisión de la ley del catalán. El documento será repartido el Día del Libro
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El documento arranca con una denuncia contra quienes hablan de discriminación hacia los «inmigrantes de lengua española», ya que «han sido acogidos con actitudes de respeto y de simpatía hacia su lengua y su cultura».
Los firmantes aseguran que el catalán no está «normalizado desde el punto de vista del uso social», por lo que debe potenciarse legal y socialmente su generalización. «Es insensato o malintencionado», dice el documento, «reducir la protección de la lengua catalana a la afirmación de los derechos lingüísticos individuales de los ciudadanos de Cataluña sin tener en cuenta el criterio territorial». Por ello «la noble causa de la normalización social de la lengua ha de ser acogida con interés y solidaridad por todas las personas que utilizan otras lenguas pero no tienen prejuicios contra la lengua catalana».
«La lengua española», afirma el texto, «es aún hoy la lengua que tiene, en Cataluña, una mayor presencia social y más ventajas para su difusión pública. La oficialidad exclusiva del español en las instituciones generales del Estado y la cooficialidad compartida en Cataluña crean un marco jurídico desigual y desfavorable a la normalización social del catalán». Esta situación debe ser invertida, afirman, ya que «en la práctica estas leyes hacen que la única lengua obligatoria en Cataluña sea la española y que el catalán no sea necesario para vivir en Cataluña».
La nueva legislación debe permitir superar esta situación de «desventaja, de forma que el catalán recupere la condición de lengua común en todos los usos públicos y una oficialidad plena sin limitaciones».
El objetivo es lograr los cambios legales a través de «un proceso consensuado por la amplia mayoría de la población» que permita «convertir la lengua catalana en la lengua pública y normal de Cataluña». Por tanto, se pide a «todas las personas que ejercen funciones públicas (no sólo oficiales) en Cataluña que conozcan suficientemente bien el catalán para no obligar a los catalanohablantes a cambiar de lengua».
Los obstáculos a la normalización que diagnostica el texto «son de naturaleza política» y están vinculados a «las conocidas viejas ideas del centralismo político que quiere ignorar los progresos del espíritu democrático». La normalización debe alcanzar a «toda la comunidad lingüística», es decir: Cataluña, País Valenciano, Baleares y la región catalano-francesa. Los firmantes manifestaron ayer que la nueva legislación debe incluir cuotas para el catalán en los medios de comunicación y sanciones si fuera necesario.
El texto fue entregado al presidente de la Cámara catalana, Joan Reventós, por la organización Nuevas Bases de Manresa, una entidad creada en 1992 con motivo del centenario de lo que se considera el nacimiento del catalanismo político. La ponencia parlamentaria que estudia la revisión de la ley de normalización lingüística incorporará el documento como material de trabajo junto con otros que se han expresado en un sentido distinto.
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