Los contactos entre los GRAPO y el Gobierno, iniciados hace un año, están a punto de fructificar en la disolución de la organización terrorista a cambio de la legalización de su brazo político, el Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), según fuentes conocedoras del proceso. Uno de los problemas que había era la posición que adoptara el dirigente Fernando Silva Sande, que está en paradero desconocido. Pero esta duda ha quedado resuelta al comunicar a sus compañeros que apoya las conversaciones pese a tener algunas reservas. Otro escollo es que el Gobierno desea que los GRAPO digan dónde está el empresario Publio Cordón, al que secuestraron en Zaragoza en junio de 1995, o que den información que permita localizarle.
los GRAPO (foto de archivo). En el recuadro, el activista Fernando Silva. (Auocolor). |
Durante los dos últimos meses, dos oficiales del Cesid, que están llevando el peso de los contactos, han visitado la prisión de Sevilla II para hablar con los presos de los GRAPO.
Una de las principales incógnitas era saber qué posición adoptaría Fernando Silva Sande, presunto cerebro del secuestro de Publio Cordón y que se halla en paradero desconocido desde que se fugó de la prisión de Granada en 1992. Sin embargo, hace una semana hizo saber a sus compañeros presos que apoya el proceso en que están embarcados pese a albergar algunas desconfianzas.
Hace dos meses, fuentes conocedoras de la marcha de las conversaciones temían que Silva Sande optara por «quedar al margen» del proceso y decidiera continuar con las actividades de la organización. Pero hoy su convicción es la contraria, de tal forma que ahora afirman que en las conversaciones participa «todo el mundo», incluido él.
Una de la reivindicaciones de los GRAPO es que se conceda la libertad a Milagros Caballero Carbonell, presa en la cárcel valenciana de Picassent, en aplicación del artículo legal que así lo permite por sufrir una enfermedad incurable. Instituciones Penitenciarias ha clasificado ya a esta mujer en tercer grado, lo que suele ser el preludio para la concesión de la semilibertad. En diciembre pasado quedó en libertad el ingeniero de telecomunicaciones Manuel Pérez Hernández, aquejado de una enfermedad, que era otra de las condiciones impuestas por su organización.
Según fuentes penitenciarias, a los 11 grapos recluidos en Sevilla II se les ha levantado la medida que conllevaba la intervención de sus comunicaciones orales y escritas y es probable que en breve se reagrupe en sólo tres o cuatro cárceles al medio centenar de presos de esta organización.
Un secuestro sin final
El principal escollo con que choca el diálogo GRAPO-Gobierno es el caso Cordón. «Este asunto tiene que resolverse. Tenemos que saber qué sucedió con Publio Cordón en el momento en que se le liberó», afirma el viceministro de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. «Lo que es un hecho absolutamente demostrable e irrefutable es que a Cordón le secuestraron los GRAPO y que cobraron un rescate. Y los GRAPO deben decir dónde está Cordón o dar suficientes datos al Gobierno para conocer dónde se halla ahora», añade.
Los grapo mantienen oficialmente que Cordón fue liberado en agosto de 1995 en Barcelona. Según los activistas, el empresario fue dejado en libertad, con el mismo chándal que vestía cuando fue secuestrado el 27 de junio anterior, en la avenida de la Diagonal, a la altura del barrio de Pedralbes. Él había pedido que le llevaran hasta el restaurante Vía Veneto , de la calle de Ganduxer, pero no pudieron llegar hasta allí y optaron por abandonarle precipitadamente ante el temor a ser descubiertos por la policía.
El número dos del Ministerio del Interior reconoce que «los GRAPO han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo» y que «las expectativas son buenas siempre y cuando se pueda aclarar qué le sucedió a Publio Cordón». Martí Fluxà agrega: «Me gustaría pensar que estamos en un proceso que permitirá decir que la violencia de los GRAPO ha desaparecido o está a punto de desaparecer, pero todavía queda un trecho por recorrer».
El Gobierno considera «enormemente positivo para la sociedad española» que los GRAPO se disuelvan y se transformen en un partido político legal. Esta organización ha causado más de 80 asesinatos, atentados con bombas y varios secuestros desde su nacimiento en octubre de 1975. Fuentes de Interior juzgan de «pura lógica» que pongan punto final a sus actividades revelando qué ocurrió con el empresario Publio Cordón, presidente de Previasa, después de que su familia pagara 390 millones.
Si nada quiebra la marcha de las conversaciones, es probable que representantes del Gobierno se entrevisten en breve con Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas , secretario general del PCEr, e incluso que contacten con el fugitivo Silva Sande.
«El interés por hallar una salida es mutuo»
J. D. /J. A. R., Madrid / Sevilla
Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) difundieron el pasado 3 de diciembre un comunicado en el que confirmaban que «hay un proceso de negociación para la superación del uso de la violencia armada» y que tal proceso se inició a principios de 1996, durante el último Gobierno socialista.
Ahora, medios conocedores del proceso señalan que los GRAPO harán pública su opinión sobre la marcha de las conversaciones y su disposición a abandonar la violencia. Pero aún no está claro si anunciarán un alto el fuego definitivo o si se tratará de una tregua temporal.
«Pensamos que en las actuales circunstancias, el interés por llegar a una salida justa y negociada del conflicto es mutuo» para el Gobierno y para los GRAPO, según se indicaba en el quinto punto del comunicado que divulgaron hace dos meses. Aseguran que pretenden difundir sus ideas «antifascistas, antiimperialistas y comunistas» en «unas condiciones que no precisen el uso de la lucha armada».
El Gobierno está dispuesto a legalizar a su brazo político (el Partido Comunista de España reconstituido), si adapta sus estatutos a la Constitución. «No hay ningún problema para que sus dirigentes se presenten a las próximas elecciones, siempre que renuncien al uso de la violencia», dice el viceministro de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà.
Interior asegura que los GRAPO no han perpetrado atentados ni otros delitos desde que el proceso de diálogo entró en lo que puede ser su recta final.
© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid
digital@elpais.es |
publicidad@elpais.es