La incorporación de España al euro no implicará un fuerte sacrificio. El Plan de Estabilidad 1997-2000, que prevé un crecimiento del 3,2% anual y reducir el déficit al 1,6% del PIB, permitirá la creación de un millón de empleos en cuatro años, sin recortes en los gastos sociales ni en la inversión. Así lo aseguró, al menos, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al presentar el plan que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El único esfuerzo anunciado es una subida de las tasas y de algunos impuestos indirectos como consecuencia de la prevista armonización en la UE, y una reducción de los gastos corrientes.
tras Consejo de Ministros (M. Escalera). |
A juicio de Rato, el Plan de Estabilidad aprobado ayer «es realista y se asienta en bases sólidas». El beneficio más palpable que se derivará del mismo es la creación de empleo: «Alrededor de un millón de puestos de trabajo» en los próximos cuatro años, según Rato.
¿Algún sacrificio salarial? El discurso de años anteriores, según el cual los altos salarios perjudican seriamente al empleo, se ha esfumado. El plan aprobado estima que los sueldos crecerán por encima de la inflación en esos cuatro años, incluidos los deslizamientos. La idea fue aprovechada ayer de inmediato por los sindicatos de funcionarios para reclamar la subida salarial de este año.
Privatizaciones
Todo indica que el Ejecutivo ha perdido el miedo a la inflación, pese a que apuesta por una aceleración de la actividad económica. La previsión de un crecimiento del 3,2% como media de estos cuatro años implica subir un punto respecto a 1996. La inversión será el principal motor del relanzamiento, aunque con un menor optimismo respecto de la construcción.
La inversión pública, tradicionalmente pagana de los ajustes del gasto llevados a cabo hasta ahora, tampoco sufrirá un recorte. Más bien aumentará en los próximos años, aunque teniendo en cuenta la aportación privada. Tampoco habrá recortes en las prestaciones sociales. Se aplicará del Pacto de Toledo en lo relativo a las pensiones y se acentuará la lucha contra el fraude.
El plan recoge también la promesa electoral del PP de rebajar la presión fiscal en los próximos años. En concreto, se reformará el impuesto sobre la renta para la «adecuación de las estructuras de tarifas y tipos máximos» a los de la UE. La rebaja incidirá sobre las rentas del trabajo y se perseguirá favorecer el ahorro. El documento no explica si habrá un recorte de las deducciones, aunque la previsión de que los ingresos públicos bajarán en relación al PIB no lo exigiría.
El único susto que se puede esperar de este plan en próximos años es la subida de las tasas y precios públicos y el aumento de algunos impuestos indirectos. Rato restó importancia a ambos aspectos. Sobre las tasas explicó que se trata de que los usuarios de determinados servicios públicos no esenciales -lo que excluye la sanidad- paguen por su utilización.
En cuanto a los impuestos especiales, no especificó ni el cuánto ni el cuándo, pero dijo que en algún momento habrán de armonizarse en la UE, lo que abre la vía a subidas en carburantes, alcohol y tabaco. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también se refirió ayer a dicha armonización.
Rato ciñó al capítulo de gastos corrientes el ajuste necesario para cumplir el objetivo de reducir el déficit público hasta el 1,6% del PIB y la deuda hasta el 65,3% en el 2000. La reducción de tipos de interés, la racionalización del gasto sanitario y las privatizaciones son los instrumentos que permitirán, según el plan, lograr esos objetivos. Rato explicó que, salvo los servicios públicos esenciales, todo es privatizable de aquí al 2000, ya que el Gobierno está «más interesado en la liberalización de mercados que en la titularidad de las acciones».
En cuanto a la comisión parlamentaria que investiga los expedientes de Hacienda, el vicepresidente acusó al PSOE de estar interesado en que «se cierre». Pese a ello, Rato cree que de la documentación remitida hasta ahora por Hacienda se desprende «que los responsables políticos (del PSOE) sabían lo que pasaba, que los efectos de esta negligencia afectaron a un número pequeño de contribuyentes y que es mucho dinero».
Una ley para ganar transparencia en las ventas a plazos
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El Gobierno también aprobó el proyecto de ley sobre Ventas de Bienes Muebles a Plazos que persigue dar mayores garantías tanto para compradores como para vendedores. La norma, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, exige que los contratos especifiquen el importe del desembolso inicial y la parte que se aplaza. Además, para el que consumidor pueda comparar, debe consignarse el precio del producto en el caso de que se hubiera pagado al contado. Tienen que constar también las condiciones financieras, la periodicidad de los pagos, la expresión del TAE (tasa anual equivalente) y el coste total del crédito.
La norma persigue también reforzar los derechos del empresario en el caso de impago al conceder a los contratos inscritos en el Registro de Ventas a Plazo de Bienes Muebles fuerza ejecutiva. Esto significa la posibilidad de juicio ejecutivo, es decir, un proceso rápido que no necesita otra prueba que la presentación del propio contrato. Para que estos contratos tengan fuerza ejecutiva deben constar en escritura pública o póliza intervenida por un corredor de comercio. La ejecutividad se puede aplicar también a los contratos de leasing o arrendamiento financiero, siempre que cumplan las condiciones.
El anteproyecto, que viene a sustituir la ley de 1965 que obligaba a un desembolso inicial. Se suprime, además, la obligación de realizar un desembolso inicial como condición necesaria para formalizar un contrato de este tipo. Se contempla igualmente un régimen de penalizaciones al vendedor en el caso de que omita algunas de las cláusulas que deben figurar en el contrato.
El Gobierno aprobó ayer también el reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto de Sociedades del año 1995. En él se contempla un nuevo régimen para la valoración de operaciones vinculadas, es decir, aquellas entre sociedades de un mismo grupo. Se regulan los procedimientos para la valoración de esas operaciones que suelen consistir en compraventas de bienes, servicios o préstamos, así como las deducciones que se pueden aplicar.
En cuanto a las amortizaciones, el reglamento se adecúa a la nueva forma de determinar la base imponible del impuesto de sociedades en base al resultado contable, como se estableció en la ley. Se desarrolla también la provisión para insolvencias que pueden aplicar las entidades financieras, así como las exenciones fiscales por reinversión.
Se modifican por último algunos aspectos del Reglamento de la Ley del IRPF. En concreto, se permiten las compraventas de strips de deuda pública sin la retención fiscal del 25%. Estas operaciones consisten en el intercambio de bonos y obligaciones troceados que, a partir de ahora, podrán llevarse a cabo sin la intervención de Hacienda.
El Gobierno aprobará la reforma laboral el 15 de mayo
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El ministro de Trabajo, Javier Arenas, puso ayer fecha a la aprobación por el Gobierno de las normas que regularán el acuerdo para la reforma laboral alcanzado entre la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO. «Antes del próximo 15 de mayo el Gobierno tendrá los textos», afirmó Arenas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con carácter previo, Arenas se propone consultar con empresarios y sindicatos el contenido de esas normas. También ofreció ayer a los grupos políticos un acuerdo previo para determinar si la forma elegida es la del decreto o la del proyecto de ley.
En este sentido, el ministro de Trabajo hizo un llamamiento al PSOE para que sea coherente con el apoyo que este partido ha dado al acuerdo de las fuerzas sociales. «Los que no estén de acuerdo con que la reforma se aplique cuanto antes deben dar una explicación pública». Pidió también que de este asunto no se haga «una operación de desgaste al Gobierno» y recordó al PSOE que hizo su reforma laboral de 1994 por decreto y sin acuerdos previos.
Arenas anunció la creación de una comisión formada por los secretarios de Estado de Economía, Presupuestos, Hacienda, Empleo y Seguridad Social, para analizar los actuales incentivos a la contratación. De este grupo de trabajo se esperan propuestas en la dirección de reordenar esos incentivos.
Arenas confirmó que el Ejecutivo proyecta rebajar las cotizaciones sociales para los nuevos contratos indefinidos. Sobre la posibilidad de penalizar la contratación temporal, el ministro señaló que el Gobierno no adoptará medidas de este tipo sin consultar con la patronal y los sindicatos.
Críticas en CC OO
Por otra parte, el sector crítico de Comisiones Obreras anunció ayer su rechazo a la reforma laboral pactada por considerar que no creará empleo e insistió en que se celebre una consulta al respecto entre todos los afiliados. Agustín Moreno, representante de esta corriente dentro del sindicato que lidera Antonio Gutiérrez, dijo que al no haberse incorporado en el acuerdo medidas como la reducción de la jornada laboral, la creación de empleo no está garantizada.
Moreno indicó, además, que se seguirán realizando contratos temporales por lo que no se reducirá la precariedad en el empleo. Por su parte, Salce Elvira, otro de los miembros de la corriente crítica, destacó que los sindicatos ha hecho «grandes concesiones a cambio de muy pocas contrapartidas».
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