MADRID.
-- Apenas un mes después de que 103 emigrantes africanos ilegales detenidos en Melilla fueran expulsados de España en condiciones como mínimo polémicas, medio millar más se encuentran "retenidos" en Ceuta y Melilla, esperando que se produzca una medida similar u obtener "papeles" para poder trasladarse a la Península.
Días pasados el delegado del Gobierno en Melilla, Enrique Beamud, convocó a los medios de comunicación para mostrarles en vivo y en directo cómo las fuerzas de seguridad localizaban, detenían y expulsaban a emigrantes ilegales en un plazo de tiempo récord.
Dicho y hecho: el delegado, los periodistas y miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se dirigieron a la zona de la escollera próxima al casco antiguo de la ciudad (donde se reúnen los ilegales para intentar colarse en algún barco que se dirija a la Península) y detuvieron in situ a 51 personas, todas ellas de nacionalidad marroquí, que, una vez identificadas, fueron trasladadas a la frontera de Beni-Enzar, donde se les entregó a las autoridades de su país.
"Dentro de un cuarto de hora estarán de nuevo por aquí", comentaba con cierta sorna uno de los periodistas que asistieron a la operación, para quien "es imposible controlar la frontera" por la que atraviesan día y noche contrabandistas, trabajadores legales e ilegales.
"Una parte importante de la economía de Melilla se basa precisamente en el comercio dirigido hacia Marruecos, legal o ilegal, de modo que cualquier intento de hacer impermeable la línea fronteriza nos perjudicaría gravemente", reconoció telefónicamente el dueño de uno de los "bazares" más conocidos de la ciudad.
En Ceuta se encuentran también "retenidos" en estos momentos unos cuatrocientos ilegales, en su mayoría africanos, instalados en un viejo campamento juvenil (Calamocarro) situado en las afueras de la ciudad.
La inquietud de las autoridades locales crece día a día.
Temen que puedan reproducirse incidentes como los de Melilla ante la desesperación de los africanos, algunos de los cuales llevan muchos meses esperando su expulsión o su traslado a la Península.
Problema político
El problema de los inmigrantes africanos negros es, sin embargo, más peliagudo que el de los marroquíes ilegales.
Marruecos se niega a "readmitirlos" pretextando que no hay pruebas documentales de que procedan de su territorio.
La reacción marroquí va mucho más allá de una simple negativa al acuerdo firmado con España sobre "readmisión": las autoridades marroquíes no aceptan tampoco peticiones o reclamaciones procedentes de los jueces y magistrados de Ceuta y Melilla porque rechazan la soberanía española sobre estas dos ciudades.
"Readmitir" a los emigrantes africanos equivaldría, según el Gobierno de Rabat, a reconocer la jurisdicción española sobre las antiguas plazas de soberanía.
Para proceder a la expulsión de estos ilegales --en caso de que, según la ley de Extranjería, no sean "admisibles" en territorio español-- las autoridades deben trasladarlos a Málaga para, desde allí, como sucedió con anterioridad, enviarlos a sus países de origen, algo noprecisamente fácil entre otras razones porque casi todos ellos se niegan a revelar de dónde proceden y carecen de documentación.
Por otra parte, la situación del medio millar de ilegales retenidos en Ceuta y Melilla es diferente.
Sobre algunos pesa ya una orden de expulsión, otros han solicitado asilo y les ha sido denegado y otros esperan una respuesta de las autoridades españolas.
Parece cada día más claro que los "chárters de ilegales" se van a reanudar pese a las dificultades que entrañan.
Portavoces sindicales de la policía declararon días pasados que el mejor modo de proceder en las expulsiones era "de uno en uno y con garantías tanto para los expulsados como para sus acompañantes".