Silenciosamente se abrió paso y, sin quererlo, desató una ola de airada protesta. La Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses --aprobada por los diputados el 9 de octubre-- ya cuenta con múltiples detractores en el sector comercial y turístico, quienes ven en ella una amenaza a la apertura económica.
Pero quienes están en el bando opuesto (filólogos, escritores y legisladores, entre otros), sostienen que llegó a buena hora pues hoy, más que nunca, el idioma se debe proteger del "vandalismo cultural".
Esta legislación no es nueva. Viene a ser un remozamiento de la ley 5899, que en 1976 creó la Comisión Nacional de Defensa del Idioma, la cual, por cierto, "no tenía ninguna funcionalidad. La comisión carecía de poder para vigilar y sancionar", explicó Carmen María Valverde, diputada que escribió el proyecto.
La recién nacida normativa dispone, entre otras cosas, que "deberán escribirse correctamente en español o en lenguas aborígenes de Costa Rica la razón social y las denominaciones de las organizaciones sin fines de lucro, los nombres comerciales, las patentes y marcas; rótulos, anuncios y publicidad, y los folletos de información turística".
A su vez, da mayores atribuciones a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, integrada por un miembro de los ministerios de Educación y de Cultura, de la Academia Costarricense de la Lengua, las universidades estatales y la Asociación Costarricense de Filólogos.
Ellos serán los encargados de revisar todos los documentos habidos y por haber para garantizar que se respete el idioma. En su tarea serán auxiliados por 81 comisiones cantonales.
No obstante y dada la gran cantidad de atribuciones, Hilda González, viceministra de Cultura, Juventud y Deportes, objeta la operatividad de esta comisión. A su criterio, existe una dificultad práctica: "Tiene injerencia sobre una gama muy amplia de actividades. Para que funcione bien, hay que garantizar que tenga muchos recursos, sobre todo tecnológicos, para poder tener la información pertinente y oportuna".
Fuera de tiempo
¿A qué se arriesgan quienes violenten la nueva legislación? En principio, a una multa que puede oscilar entre uno y cinco salarios mínimos mensuales (¢50.000). Los detalles sobre las sanciones los establecerá el reglamento a la ley, que en estos momentos prepara el Ministerio de Cultura.
Aunque la ley tiene sus excepciones, esto no parece ser del agrado de los comerciantes. Es el caso de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM, por sus siglas en inglés), que solicitó al presidente José María Figueres Olsen el veto.
"Es absurdo que, mientras el Poder Ejecutivo promueve la enseñanza del inglés en las escuelas, la Asamblea Legislativa prohíba el uso de idiomas extranjeros para expresarse comercialmente", dice la carta.
Esta posición es compartida por Mauricio Ventura, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), quien insiste en que "las empresas cuentan con nombres, marcas... ¡En fin!, no pueden pretender que de un plumazo nos acomodemos a estas nuevas diposiciones".
Virginia Sandoval, secretaria de la Academia Costarricense de la Lengua, y Oscar Montanaro, de la Asociación Costarricense de Filólogos, refutan lo anterior y sostienen que que ya era tiempo de que hubiera una forma de proteger el idioma.
