El Gobierno tomó la decisión de no desclasificar los llamados «papeles del CESID» porque asume la «suciedad» del pasado, igual que se hizo al final de la Dictadura franquista, cuando se optó por la reforma en lugar de la ruptura.

Así lo explicó ayer al Parlamento el ministro de Defensa, Eduardo Serra, que compareció ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las razones por las que el Ejecutivo decidió, el pasado 2 de agosto, no entregar esos documentos a los jueces que investigan la trama de los GAL. Y no los entregó, según Serra, porque hacerlo hubiera supuesto «levantar la alfombra para que todos los muebles, algunos sucios, se cayeran por el suelo».

El titular de Defensa aseguró que la transición no culminó a finales de la década de los 70, sino con la llegada de José María Aznar al poder, y dijo que, al igual que tras la Dictadura del general Franco se optó por la reforma política en lugar de la ruptura, ahora también se ha optado, con la no desclasificación de los «papeles del CESID», por esa misma actitud reformista.

Serra proclamó ante la Comisión de Defensa que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto pretendía «respetar lo hecho por un Gobierno legítimo, el del PSOE», que ya acordó con anterioridad no entregar los «papeles del CESID» a los jueces. «No se trata de tejer y destejer lo que ha hecho el Gobierno anterior», dijo. «El PP ha rechazado la opción rupturista añadió porque si algo ha caracterizado a este partido es la prudencia, más que el riesgo».

El ministro independiente se refirió a la no desclasificación por el Gobierno de los documentos del CESID como «un acto muy concreto donde se focalizaba de verdad si se quería terminar la reforma que implicaba la transición sin rupturas; o si se quería terminar levantando la alfombra para que todos los muebles, algunos sucios, se cayeran por el suelo; o si queríamos asumir lo bonito y lo menos bonito, y con esa herencia proyectar un futuro mejor para nuestros hijos».

Serra reiteró que la seguridad del Estado habría resultado dañada si se hubiesen desclasificado los polémicos documentos. «Podría sentar un precedente muy peligroso, mermaría el crédito del CESID, pondría en peligro la vida y la integridad de los agentes y sus familiares, y aumentaría el recelo de futuros agentes a ingresar en los servicios secretos del Estado». El ministro de Defensa llegó a asegurar que algunos servicios de inteligencia extranjeros estaban aguardando la decisión del Gobierno sobre los «papeles del CESID» para trasvasar a España «informaciones de extraordinaria importancia», dando a entender que, si se hubiera optado por la desclasificación, esas informaciones jamás hubieran llegado a manos de los servicios secretos españoles.

CESID DESMANTELADO
Pese a su insistencia en superar el pasado, Serra sí tuvo palabras de reproche para el anterior Gobierno socialista, cuando aseguró que, a su llegada al poder, el PP se encontró «con un servicio de inteligencia parcialmente desmantelado», y descubrió que «muchos documentos habían desaparecido, y sólo hemos podido recuperar unos pocos».

Mucho más duro con el Gobierno anterior fue el portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Arsenio Fernández de Mesa, al acusar a aquél de «falta de lealtad con el Gobierno entrante y con España» por no haberle informado «del estado en que se iba a encontrar los servicios secretos». Fernández de Mesa añadió que «ningún gobierno serio hubiera transferido a su sucesor tanto fango» como ha hecho el Gobierno de Felipe González.

En cualquier caso, el ministro quiso restar relevancia al contenido de los «papeles del CESID» y a la utilidad que de ellos habrían extraído los jueces, al afirmar que dichos documentos «tienen mucho menos contenido delictivo del que, interesadamente, se ha hecho llegar a la opinión pública». Serra llegó a calificar los «papeles» de «material muy endeble», porque, a su juicio, muchos de los documentos que elabora y ha elaborado el CESID «responden a noticias, opiniones y rumores poco contrastados», y, por tanto, «poco aptos para su utilización judicial».

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