en junio pasado (R. G.).
El juez Garzón abre proceso a la dictadura argentina por la desaparición de 297 españoles
JOSÉ YOLDI,
Madrid
El juez Baltasar Garzón acordó ayer jueves interrogar en calidad de imputado a los ex presidentes de Argentina Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri, así como a otros 99 militares, policías y médicos, presuntamente implicados en la desaparición o asesinato, en aquel país, de 297 ciudadanos españoles o de origen español entre 1976 y 1983. El magistrado de la Audiencia Nacional les investiga por delitos de genocidio y terrorismo.
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en junio pasado (R. G.). |
El magistrado de la Audiencia ha abierto un proceso a la dictadura militar argentina por la guerra sucia. Ayer dictó un auto en el que anuncia que cuando conozca las declaraciones que pretende obtener, adoptará una decisión sobre «si procede librar órdenes de detención internacionales o cualquier otra medida sobre su situación». En junio de este año, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel animó en la Audiencia Nacional a este magistrado a declararse competente para castigar a los responsables de la desaparición en Argentina de ciudadanos españoles. El proceso que sigue Garzón se inició a raíz de una querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales a la que se sumaron Izquierda Unida y asociaciones de derechos humanos.
En el caso de que Garzón llegase a ordenar las detenciones que insinúa -uno de los citados ha fallecido-, su efecto quedaría limitado, ya que los acusados sólo podrían ser detenidos en cuanto saliesen de Argentina, y no en su país, que tampoco concedería una eventual petición de extradición por parte de la Justicia española.
Aunque la relación de personas imputadas por Garzón asciende a 99, la cifra podría elevarse considerablemente, puesto que en muchos casos la citación es para el responsable o responsables de una determinada agrupación militar, como, por ejemplo, el Comando número 1 del Ejército de Tierra en Buenos Aires, o «todos los médicos de la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) que facilitaron la entrega de los hijos de los secuestrados en adopción clandestina».
Entre los citados figuran además de los ex presidentes Jorge Videla y Leopoldo Galtieri, ambos generales, varios miembros de las tres juntas militares que dirigieron Argentina durante esos años, como el general Reynaldo Benito Bignone, el brigadier Basilio Lami Dozzo, el brigadier Santiago Omar Gaffigna y el almirante Emilio Eduardo Massera. Otros militares importantes a los que cita Garzón son el general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, responsable del acuartelamiento de Campo de Mayo donde funcionaron tres centros clandestinos de detención, pero al que no podrá interrogar porque está fallecido; el general Antonio Domingo Bussi, destacado en la provincia de Tucumán; el general Luciano Benjamín Menéndez, responsable del centro de detención La Perla, en la provincia de Córdoba; los tenientes Alfredo Astiz y Antonio Pernias, destinados en la Escuela Mecánica de la Armada y el capitán Jorge Ecequiel Acosta, jefe del «grupo de calle» y del campo La Perla.
Igualmente cita como imputado al teniente de navío Adolfo Scilingo, que fue miembro de la plana mayor de la ESMA y envió un relato al presidente argentino Carlos Ménem en el que detallaba cómo habían drogado a cientos de desaparecidos y los habían arrojado al mar desde helicópteros.
Videla sería interrogado sobre su implicación en el secuestro, desaparición y asesinato de Ricarda Azucena Bermejo García, Pedro Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto, y de forma general sobre los demás desaparecidos.
El juez destaca que no pretende interferir el curso de los procedimientos judiciales que puedan seguirse ante la jurisdicción argentina, y advierte que para que el proceso que él tramita pueda llevarse a efecto «resulta absolutamente imprescindible la extensa e intensa colaboración de ésta y del resto de las autoridades de aquella nacionalidad». Garzón expresa su convencimiento de la colaboración de los jueces argentinos «dada la gravedad de los hechos y la importancia de los delitos investigados».
El magistrado no hace mención de leyes que extinguieron la responsabilidad de los militares, como la ley de Punto Final, de diciembre de 1986, cuando Raúl Alfonsín presidía el país; o los indultos concedidos en diciembre de 1990, con Carlos Ménem de presidente. Los desaparecidos en Argentina fueron 10.000, según la comisión oficial que dirigió el escritor Ernesto Sábato, si bien los organismos de derechos humanos los cifran en 30.000.
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