Partidos por la OTAN

EL AMPLÍSIMO consenso parlamentario que se está forjando en torno a una renovada y más plena participación de España en la nueva OTAN puede reforzar la posición de este país en las negociaciones venideras con los aliados. Ello no debe esconder que, sólo ocho meses atrás, los principales partidos que propician dicho consenso acudieron a las elecciones con propuestas que defendían el modelo vigente de participación. Todos sabían que iban a cambiar de posición, y tal premeditación de quiebro respecto a los programas no resulta democráticamente saludable.

El PSOE, primero en la ejecutiva y posteriormente en el comité federal, ya ha realizado su acto de contrición. Incluso la postura de Izquierda Socialista en su seno le evita que la oposición a la más plena participación española se sitúe enteramente fuera del PSOE, en Izquierda Unida (IU) y en alguna formación nacionalista, como el BNG. En su programa, IU no sólo mantenía -y mantiene- el respeto de las condiciones del referéndum y la necesidad de una nueva consulta popular para cambiarlas, sino que defendía «iniciar el proceso de salida de España de la OTAN».

El PP concurrió a las elecciones con un programa en el que, si bien se abogaba por «una más estrecha vinculación con la OTAN», también se afirmaba que, «por obligado respeto a la voluntad expresada por el pueblo español, no se planteará la revisión de las modalidades de nuestra integración en la Alianza Atlántica». El PP parece no necesitar, o querer, explicar su cambio. Pero, justamente por su responsabilidad gubernamental, alguna explicación debería ofrecer al respecto.

El camino a recorrer por España en su negociación con los aliados va a ser largo, y probablemente no exento de escollos. La reunión ministerial del Consejo Atlántico en diciembre no constituye un punto de llegada. No conviene echar las campanas al vuelo; ni, por supuesto, crear nuevos problemas o agravar otros existentes en el proceso. Así, no cabría siquiera pensar en desgajar a Canarias del mando único que pretende España sobre su propio territorio y espacio estratégico, pues se generarían nuevos problemas, de los que ya ha advertido Coalición Canaria. De modo similar, no cabe esperar que el problema de Gibraltar se pueda solucionar en la OTAN -marco al que no conviene llevar los contenciosos bilaterales de los aliados, aunque se pueda aspirar a que se facilite, o al menos no se dificulte, una eventual solución-. Y no estaría de más que del debate en el Congreso de los Diputados, los próximos días 13 y 14, surgiera una ambición española que fuera más allá de nuestros asuntos nacionales, pues justamente es desde allí -como refleja nuestra participación en las operaciones de paz en la antigua Yugoslavia- desde donde se refuerzan posiciones para lograr lo de aquí.

El mandato parlamentario que salga del debate en el Congreso -primera ocasión desde la investidura que Aznar y González tienen de confrontar posiciones y estilos- no puede ser preciso y cerrado, pues de otro modo los aliados convertirán sus términos en techo, y no suelo, de las aspiraciones españolas. A este respecto, el texto de la comunicación del Gobierno para el debate en el Congreso contiene imprecisiones innecesarias. ¿No hubiera valido más mencionar el estatuto no nuclear de España por su nombre y evitar así un debate estéril con IU sobre un asunto que, dicho sea de paso, hará que la integración no sea «plena»? Para evitar repetir errores del pasado, el Gobierno debería poner a disposición de los ciudadanos la más plena información. Y el Parlamento, dejar las cosas claras.

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