ALICIA MEDEROS, Madrid

Aun cundo el número de universitarios de la red privada española apenas representa, -según datos facilitados por estos rectorados-, el 1,7% del total (en torno al millón y medio), el número de matrículas que reciben estos centros crece año tras año. Esta circunstancia la explican los responsables de estas universidades por la dificultad de encontrar plaza en las universidades públicas y también por el atractivo de una enseñanza personalizada (una media de 40 alumnos por aula), sin olvidar el poderoso reclamo que supone para las familias una oferta que se publicita como trampolín garantizado al mundo laboral. Un aspecto, este último, muy ponderado por las familias, ya que el precio medio por año de las carreras técnicas supera el millón de pesetas y el de las carreras de humanidades se sitúa en torno a las 700.000 pesetas. En la universidad pública los precios rondan las 97.000 pesetas para las carreras técnicas y 65.000 pesetas para las humanidades.

Comparaciones

«La comparación no es posible», apostilla Graciano Palomo, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea de Madrid (CEES). «La universidad pública la pagamos entre todos y el precio por año no se corresponde con el coste total de la carrera que en algunas supera los cuatro millones. En las universidades privadas son las familias quienes costean la carrera y cuando pagan un millón de pesetas por una ingeniería saben que sus hijos van a recibir una formación completa con prácticas, con grupos reducidos de alumnos por aula y con un cupo de doctores a tiempo completo dedicados a enseñar. En relación al empleo, puedo demostrarle que el 75% de las dos primeras promociones que impartía el CEES antes de ser oficialmente universidad, encontró trabajo».

«La calidad de una universidad, pública o privada, no se mide en porcentajes de empleo. Ésta es una vieja idea ya superada. Desde luego, no es el objetivo de una universidad pública garantizar el puesto de trabajo, sino la formación de los alumnos, aun cuando nos preocupe el factor empleo y hayamos dado pasos firmes para lograrlo buscando convenios con empresas, por ejemplo», advierte un grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, al tiempo que señalan al tipo de titulaciones que ofrecen las universidades privadas como demostración de que su objetivo principal es la rentabilidad económica.

«No olvide que la mayor parte de ellas son sociedades anónimas y están obligadas a ser rentables o a desaparecer. La Universidad de Navarra, por ejemplo, es la única que imparte Medicina. ¿Por qué? Porque hay que invertir mucho dinero en equipos, laboratorios, profesionales o conciertos con hospitales».

«Quien crea que una universidad privada es un negocio está no sólo equivocado sino condenado al fracaso», argumenta Luis Díaz Marcos, director de desarrollo universitario de la Universidad Antonio de Nebrija. «Obviamente aspiramos a ser rentables, pero nuestras titulaciones tienen vocación perenne. Llevamos diez años formando alumnos y desde el principio cumplíamos los requisitos legales para serlo; habíamos anticipado el sistema de créditos; los planes cuatrimestrales, las prácticas y los idiomas. Aspectos que no cumplen en la actualidad muchas de las universidades públicas españolas. Para nosotros la formación no es un negocio, nos cuesta dinero y, desde luego, no eliminamos una titulación por el hecho de que no tenga demanda laboral»

Eliminar una titulación no resulta, además, tan fácil como pudiera pensarse. Las universidades privadas homologadas están sujetas a unos requisitos legales previos y para suprimir una titulación necesitan la autorización de la Consejería de Educación correspondiente. «Si una titulación dejara de ser demandada, es decir, si no llegáramos al mínimo de alumnos que nos permite cubrir gastos, nos plantearíamos la posibilidad de no admitir a más, pero nunca de cerrar la titulación con alumnos en curso», interviene Antonio Belver Sánchez, secretario general de la Universidad Alfonso X El Sabio, uno de los campus sobre el que algunas voces achacan escasez de alumnos en algunas titulaciones este curso.

A. M. / TERESA CENDRÓS ,Madrid / Barcelona

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Para acceder a una universidad privada los alumnos deben superar una prueba psicotécnica (aptitudes) que realiza y evalúa la propia institución con el fin de calibrar, dicen, las condiciones del aspirante a una determinada carrera: «Es una manera de comprobar si el alumno se equivoca o no al elegir una opción», coinciden en señalar los responsables de estas instituciones.

Si bien es cierto que el decreto de mínimos obliga a estos centros a exigir la selectividad a aquellos alumnos que cursen carreras de ciclo largo, este requisito desaparece para las carreras de tres años. Esto es un aliciente importante para un buen número de alumnos.

Es el caso de Marta R., alumna de la Universidad Alfonso X El Sabio. «Mi intención era hacer Empresariales en la Complutense, no pude entrar por la nota de selectividad, así que me matriculé en ésta donde no era necesaria para la diplomatura».

Marta se muestra satisfecha con la calidad de los estudios que cursa en la universidad privada, aunque reconoce que no es «todo lo que prometen». «Lo mejor de esta universidad es, quizá, la atención personalizada del profesor, pero tampoco es para echar campanas al vuelo. En algunas materias no se cumplen todas las horas de prácticas y los laboratorios muchas veces están masificados. Respecto al trabajo seguro, habrá que esperar a que salga la primera promoción dentro de dos años. Es verdad que se hacen prácticas en empresas, pero sólo los alumnos seleccionados», apostilla.

Desde esta universidad, que tiene suscrito un convenio con la patronal CEOE, se asegura que conseguir empleo para los alumnos no es «el único objetivo ni el más importante».

«En la Alfonso X El Sabio nuestros alumnos hacen prácticas en empresas desde el 2º año académico, claro que hay una selección porque es fundamental que el alumno esté preparado, pero no puede entenderse como un filtro, sino como un requisito que beneficia al propio alumno», señala Antonio Belver. «En breve dispondremos de una oficina de empleo propia que permitirá la salida profesional de nuestros estudiantes«.

El caso de la Universidad San Pablo-CEU es bien distinto. Tiene carácter de fundación y nace de la Asociación Católica de Propagandistas (institución apostólica de laicos). «De ahí que en nuestro ánimo no está el lucro«, advierte su director de Relaciones Externas, Arturo Martínez de la Concha, «aunque es obvio que tampoco podemos perder dinero».

«Sin embargo», continúa, «hemos mantenido algunas humanidades que nos resultan gravosas porque en nuestro ideario la formación humanística es prioritaria. Este criterio siempre está por encima del económico».

Para muchos, la Fundación San Pablo está a la cabeza de las universidades privadas españolas, -no en vano es la única autorizada a impartir estudios de tercer ciclo (posgrado)-, en cuanto a calidad de los servicios educativos que ofrece: ratio media de 13 alumnos por profesor; 240 doctores; 30 convenios de prácticas con empresas; bolsa de empleo y un amplio programa de becas (300 el pasado año).

Pero también hay protestas. En alguno de los colegios adscritos los alumnos expresan sonadas quejas, como en Arquitectura Técnica, donde los estudiantes hablan de masificación.

«Desconozco esta situación» replica Martínez de la Concha, «en los dos campus que tenemos no es así. En todo caso, nosotros no nos atrevemos a decir que un universidad privada es, por definición, mejor. No es posible la comparación global. Hay pésimas y extraordinarias universidades públicas y privadas. Lo razonable es que la gente se informe bien y después elija«.

La Universidad Ramón Llull (URL), de inspiración cristiana y con sede en Barcelona, fue reconocida por el Parlamento catalán en mayo de 1991. En septiembre del mismo año empezó su andadura. De momento, es la única universidad privada de Cataluña, ya que en puridad la Oberta de Catalunya es semiprivada, con participación de la administración catalana.

La URL no nació de la nada. Su embrión fue la federación de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y Teología de Cataluña y la Escuela Blanquerna -ambas dependientes del arzobispado-, la Escuela de Telecomunicaciones de La Salle y el Instituto Químico de Sarrià. El promotor de esta universidad fue el cardenal Narcís Jubany, anterior arzobispo de Barcelona.

En los cinco años que lleva funcionando, la URL ha logrado impartir 33 carreras. Para el curso próximo, tiene previsto lanzar otras tres: Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Laborales. La oferta de la Ramón Llull abarca todas las áreas de conocimiento, desde las Ciencias Sociales a las Humanidades, pasando por estudios técnicos y Ciencias Experimentales.

El proceso de acceso a la URL es independiente de la preinscripción de las universidades públicas. Un estudiante puede solicitar una plaza en la Ramón Llull y simultáneamente preinscribirse en el sistema público. Según datos de la universidad, de los alumnos que se preinscriben a la vez en la URL y en una universidad pública, el 45% prefiere la plaza privada, pese a obtener una pública; el 22% se matricula en la Ramón Llull al no poder ingresar en un centro público; y el 33% restante opta sólo por la URL.

En la actualidad, hay sobre la mesa del Comisionado de Universidades de la Generalitat dos solicitudes de promotores particulares para la creación de otras tantas universidades privadas. Uno de los proyectos tiene un carácter muy local: los Estudios Universitarios de Vic, con varios centros que ahora funcionan como adscritos a universidades públicas. Detrás de la segunda propuesta, la de la Universitat Lliure de Catalunya, hay conocidos empresarios, políticos democristianos y personas vinculadas al Opus Dei.

A. M. ,Madrid
En el conglomerado de centros que imparten estudios superiores capítulo aparte merecen las autodenominadas universidades extranjeras. El decreto de mínimos de 1991 señala que para poder utilizar la denominación de universidad éstas debían reunir una serie de requisitos mínimos (metros cuadrados por aula; laboratorios; porcentajes de doctores en el claustro docente...). La mayor parte de las que funcionan en España utilizan el reclamo de sus centros de origen, europeos y/o norteamericanos. Un reclamo publicitario eficaz que nuclea a un buen número de alumnos (alrededor del millar según los datos facilitados por Círculo de Progreso ), que pagan en torno al millón de pesetas pese a que sus títulos ( bachelor, master y doctorados) no tienen validez oficial.

Sus mentores no conceden demasiada importancia a la falta de homologación. Les basta, dicen, con el reconocimiento que el mercado laboral les otorga, aunque algunos se muestran partidarios de que la Administración educativa española regule el sector con el fin de esclarecer cuáles son en rigor universidades y cuáles únicamente centros privados de master . «A nosotros no nos preocupa la homologación pero sí creemos que debería regularse el mercado porque se nos mete a todos en el mismo saco», dice Almeida Guzmán, responsable de comunicación en la Columbus Euroamerican University instalada en Madrid. «Nuestros títulos los reconoce la Columbus University y el mercado laboral».

Una opinión semejante a la expresada por el padre Sullivan, responsable de la Suffolk University en España. «Estamos iniciando los trámites legales para ser homologados, así que nuestra universidad cumple todos los requisitos. Pero hay muchos que no. Es un problema de política educativa española».

La Secretaría de Estado de Universidades advierte que una vez transferidas las competencias en materia de universidad, el control y aplicación del decreto de mínimos corresponde a las distintas Consejerías de Educación.

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