El Gobierno logra el apoyo de sus socios, catalanes, vascos y canarios, para cerrar el Presupuesto

C. M., Madrid
Una reunión de cinco horas puso ayer punto y aparte a dos meses de negociaciones entre el Gobierno y Convergencia i Unió, que, finalmente, anunció su apoyo a los Presupuestos. El principal escollo, la financiación de la sanidad, se salvó con el acuerdo de destinar un ahorro no determinado a mejorar este servicio y no a reducir el déficit público. CiU exigía además que se saldara la deuda sanitaria acumulada por la Generalitat catalana, pero éste no es un aspecto recogido en el acuerdo de ayer, según aseguró el ministro de Economía, Rodrigo Rato. PNV y Coalición Canaria también anunciaron ayer su respaldo a los Presupuestos, con lo que el Gobierno tiene vía libre para aprobarlos mañana, viernes.

Representantes del Gobierno y de CiU, al comienzo de su reunión de ayer en Madrid (L. Magán).

Aunque el apoyo de CiU estaba cantado, hasta ayer los nacionalistas catalanes no dieron el sí al Gobierno para los Presupuestos de 1997. Las negociaciones han tropezado varias veces con el problema más acuciante para Cataluña, la financiación de la sanidad, y su exigencia de algo más de 30.000 millones para cubrir las deudas acumuladas. Pero el Gobierno, a juzgar por las declaraciones oficiales, sólo ha accedido al principio general de que el ahorro a conseguir con la reducción del gasto farmacéutico y con la congelación de los sueldos de los funcionarios -no se especificó si sólo el de los adscritos al sistema sanitario o todos- se destine a mejorar la financiación de la sanidad y no a reducir el déficit público.

Con ello, el gasto en sanidad el año próximo aumentará en algo más del 6% previsto en los presupuestos. El acuerdo no contempla, sin embargo, el cobro de una tasa por las recetas médicas o el aumento del porcentaje que pagan los asalariados, dos de las propuestas efectuadas por CiU. El Gobierno mantiene su intención de que sea la ponencia parlamentaria que estudia la financiación de la sanidad quien asuma el coste político de esas medidas, preferiblemente antes de que acabe este año. El portavoz de CiU, Joaquim Molins, dijo ayer al respecto que «tiempo habrá para juzgarlas».

Salvo estas concrecciones, la explicación de poco más de diez minutos que ayer se dio sobre el acuerdo hizo referencia sólo a los principios generales. Contención del gasto por debajo de la inflación prevista, no subida de los grandes impuestos, no subida de la presión fiscal, no recorte de las prestaciones sociales básicas y mantenimiento de la inversión pública (con financiación extrapresupuestaria), son las líneas maestras en que tanto CiU como el Gobierno sustentan su acuerdo, junto al nuevo sistema de financiación autonómica suscrito el pasado lunes.

Además de con CiU, el Gobierno cerró el pacto con Coalición Canaria y lo dio prácticamente por hecho con el PNV, con lo que se asegura una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar los Presupuestos del año próximo a finales de diciembre. Mañana viernes, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de Presupuestos, las cifras concretas de ingresos y gastos, el proyecto de Ley de Acompañamiento y, probablemente, el proyecto de ley que modificará la financiación de las comunidades autónomas.

El portavoz del PNV, Iñaqui Anasagasti, declaró que no se puede olvidar que el apoyo a los Presupuestos es un acto político y reiteró que su grupo tiene unos acuerdos que cumplir. Anasagasti añadió que «independientemente de que nos gusten más o menos y de que no sean nuestros, tenemos unos compromisos». Sobre el acuerdo con los nacionalistas canarios, Rodrigo Rato dijo que no supondrá un coste adicional para las cuentas estatales del año 1997.

Tras una reunión con el grupo parlamentario del PP, Rato explicó por otra parte que el Gobierno no aumentará el impuesto sobre las gasolinas y afirmó que se van a adecuar a la inflación prevista (el 2,6%) la tabla de retenciones y la tarifa del impuesto sobre la renta.

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