Jueves 19 de septiembre de 1996

Vascos y catalanes fuerzan al Gobierno a cumplir todos los pactos de investidura

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
Los nacionalistas catalanes y vascos han conseguido que el Gobierno cumpla los pactos de abril, que permitieron la investidura de José María Aznar. Con los primeros, el Gobierno se compromete a reconocer el déficit global de la sanidad, (durante la tramitación presupuestaria). Asimismo, el presidente y el líder del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, en un encuentro sorpresa de dos horas celebrado en la tarde de ayer, han desbloqueado el conflicto que les enfrenta a causa del recurso contra el impuesto de sociedades de las diputaciones vascas, interpuesto por el ministro de Economía, Rodrigo Rato.



Mayor Oreja y Aznar, fotografiados
en sus escaños en julio (L. Magán).
Aznar y Arzalluz reafirmaron en su encuentro el pacto que ambos firmaron en abril. El jefe del Gobierno se comprometió a cumplir con el desarrollo del Concierto económico. También se avino a que los técnicos de ambas administraciones encuentren fórmulas que desactiven el conflicto derivado del recurso interpuesto por Rato sin soluciones humillantes para el Ejecutivo, como sería la retirada inmediata del recurso. Esta reunión estuvo precedida por otro encuentro, celebrado la víspera, entre el ministro del Interior, Jaime Mayor, y el vicepresidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, en la que el ministro se comprometió a mediar ante Aznar para solucionar el enfrentamiento.

Ni a Aznar ni a Arzalluz les interesaba la ruptura del pacto que le ha supuesto al Gobierno, además de un apoyo parlamentario, una intensa colaboración del Ejecutivo vasco en su política en Euskadi, especialmente en la lucha antiterrorista. Y menos aún por un conflicto menor, consecuencia de una descoordinación del Gobierno central: la decisión unilateral del Ministerio de Economía y Hacienda de interponer, el pasado 11 de septiembre, un recurso ante el tribunal contencioso-administrativo por el impuesto de sociedades, que en el País Vasco tributa por 2,5 puntos menos que en las demás comunidades autónomas.

Perplejidad de Mayor

La decisión de Rato de interponer el recurso sorprendió a Aznar y dejó perplejo al titular de Interior y presidente del PP del País Vasco, Jaime Mayor Oreja, al afectar de lleno al pacto PP-PNV, del que fue principal impulsor. El pacto recogía en una de sus claúsulas la revisión de los recursos interpuestos por el Estado a la foralidad vasca hasta el mes de abril. Mayor Oreja llegó a pedir a Rato que informara al vicelehendakari Ibarretxe de la interposición del recurso, para que el representante vasco no se enterara por los medios de comunicación.

Rato tomó la decisión al margen del Gabinete, instado por el informe de sus técnicos en el se que expresaban los problemas que en las comunidades autónomas fronterizas del País Vasco -Cantabria y La Rioja- originaba la reducción en 2,5 puntos del impuesto de sociedades propiciada por las diputaciones forales vascas. El titular de Economía estaba enfrascado, en ese momento, en la negociación presupuestaria y en el reto de la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, donde precisamente Cantabria y La Rioja acosan al Gobierno por lo que creen privilegios fiscales del País Vasco.

Respecto al déficit global de la sanidad, fuentes de CiU han confirmado que el Gobierno se ha avenido a reconocer el agujero en las cuentas públicas, derivado de que los presupuestos del Insalud nunca han respondido a la realidad del gasto. La coalición catalana fija ese desfase en 200.000 millones de pesetas, de los que el 16%, corresponderían a la Generalitat. Esa cantidad no sería incluida en los Presupuestos, pero el Gobierno central ha llegado a un acuerdo para incluirla durante la tramitación de los mismos, según las mismas fuentes de CiU.

Portazo de las Haciendas vascas al Ejecutivo

EL PAÍS ,Madrid
A pesar de que por la tarde los máximos responsables del Gobierno y del PNV conseguían limar asperezas, por la mañana las posturas estaban distantes. Los tres diputados forales de Hacienda de las provincias vascas y el viceconsejero del Gobierno vasco -todos del PNV- acudieron a Madrid con el firme propósito de revisar algunos aspectos fiscales del concierto vasco. Esa revisión fue uno de los compromisos adquiridos por el PP con el PNV para que este partido le diera su voto en la investidura de Aznar, según las fuentes del grupo vasco.

La reunión, que estaba prevista en el calendario desde antes de que comenzaran las hostilidades, acabó como el rosario de la aurora. La actitud de los representantes de la Administración no era precisamente lo abierta que querían sus interlocutores y éstos optaron por dejar la mesa a mitad de la sesión, a excepción del viceconsejero. Fuentes de Economía se limitaron a decir que la reunión se aplazaba.

Los diputados forales encajaron de mala gana que Hacienda enviara al encuentro a un grupo de subdirectores y no a alguien de más rango. La falta de preocupación de Rato al preparar la reunión se sumaba a la desairada posición en que había dejado a su homólogo de Interior, Jaime Mayor Oreja, sorprendido por la presentación del recurso después de que él mismo negociara la revisión de los recursos interpuestos por el Estado a la foralidad vasca hasta el mes de abril. «Con lo que está cayendo, es inaudito que hagan esto», manifestó una fuente cercana a los asistentes a la reunión, refiriéndose a la tensión que preside las relaciones del Gobierno con el PNV y que ha hecho peligrar el pacto de investidura. «Creíamos que iba a haber una actitud más constructiva», destacaron.

Los aspectos que estaban sobre la mesa son: la armonización fiscal, el IRPF, impuestos especiales y la tributación de los no residentes. En el impuesto sobre la renta, el pacto de investidura contempló dar al País Vasco las mismas atribuciones que Navarra. Es decir, capacidad normativa no sólo sobre las deducciones, como ahora, sino también sobre la propia tarifa del impuesto. Reclaman también plena capacidad normativa sobre los impuestos especiales (los que gravan el consumo del tabaco, el alcohol y las gasolinas) y buscan un acuerdo para fijar los criterios de residencia fiscal.

El presidente canario exige que se cumplan los «pactos no escritos»

CÉSAR FERNÁNDEZ-TRUJILLO ,Santa Cruz de Tenerife

El presidente canario, Manuel Hermoso, recordó ayer en Bruselas que para la aprobación de los Presupuestos del Estado es clave el grado de cumplimiento de los «pactos no escritos entre PP y Coalición Canaria (CC)». Hermoso aseguró que el Gobierno y el PP deben poner «muy buena voluntad» para responder «satisfactoriamente» al compromiso político asumido en su día. Coalición Canaria estima que serán unos 84.000 millones de pesetas los que Canarias deberá recibir el próximo año si el Gobierno de José María Aznar quiere que los nacionalistas canarios apoyen los presupuestos para 1997. Esta cifra supondría un incremento de 40.000 millosobre el dinero recibido en el presupuesto de este año.

El portavoz de CC en el Congreso, José Carlos Mauricio, señaló que el PP ya ha aceptado cerca de 25.000 millones y añadió que en estas cifras no se incluye el dinero para aeropuertos y puertos, cuya cuantía se negociará aparte con los entes públicos. Al respecto, indicó que el Estado aportará a Canarias en los próximos cinco años unos 30.000 millones para infraestructuras de puertos y cerca de 80.000 para aeropuertos.

Según Mauricio, el obstáculo más difícil de superar en la negociación presupuestaria es el de la financiación de la LOGSE en Canarias. La semana pasada el consejero de Educación del Gobierno regional, José Mendoza, dijo que Canarias exigirá a la Administración central que aporte el dinero que le corresponde para cofinanciar la reforma educativa en las islas. Mendoza señaló que, de no cumplirse la solicitud, se pondría en peligro el pacto entre CC y el PP.

Ante la imposibilidad de establecer un convenio con Canarias sobre la LOGSE, los negociadores estudian incluir en el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) partidas para construir centros de formación profesional. Sobre la financiación del plan, el Gobierno canario no renuncia a recibir 20.000 millones de pesetas en 1997, aunque, según el consejero Víctor Díaz, se podría flexibilizar la postura y aceptar una cantidad menor.

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