Fraga amenaza con oponerse al sistema de financiación autonómica pactado por PP y CiU

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
La Xunta de Galicia, presidida por Manuel Fraga, amenaza con descolgarse del nuevo sistema de financiación autonómica pactado entre el PP y Convergencia i Unió (CiU) y alinearse con la posición más reacia al sistema, la de la Junta de Extremadura, que preside el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ambos presidentes autonómicos coinciden, a la vista de las primeras simulaciones de datos, en que el nuevo sistema aumentará las desigualdades entre unas comunidades autonómas y otras. Desde el Gobierno se cree que sólo la mediación de José María Aznar con Manuel Fraga puede evitar el voto negativo de la Xunta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en septiembre.

Manuel Fraga y José María Aznar. (G. Lejarcegi)

La historia puede volver a repetirse ahora igual que hace tres años, cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas. En aquella ocasión, dos comunidades autónomas -Extremadura y Galicia- votaron en contra. Las razones que entonces ofrecieron Manuel Fraga y Rodríguez Ibarra son similares a las que estos días están dando sus consejeros de Hacienda en las rondas que están manteniendo con los secretarios de Estado de Hacienda, Juan Costa, y de Administración Territorial, Jorge Fernández: El nuevo sistema de financiación autonómica aumenta las desigualdades entre unas comunidades y otras, y precisamente Extremadura y Galicia están en la zona más baja.

Según estudios no oficiales, con la cesión del 30% del IRPF sin topes máximos, acompañado de la cesión de capacidad tributaria a las comunidades autónomas, Galicia obtendría una sobrefinanciación del 9,61% mientras que la que recibiría Cataluña sería tres veces superior: un 31,8%.

Éstas son las razones que la Xunta de Galicia pone sobre la mesa de negociación, pero desde el PP se interpreta que Manuel Fraga aparece, a su vez, condicionado por la actitud que mantuvo en septiembre de 1993, cuando no sólo se opuso a una descentralización mucho más tímida del IRPF, como era el 15%, sino que, además, recurrió al Tribunal Constitucional. A su vez, Fraga está siendo sensible a las críticas que desde ese mismo flanco, el de la bandera de la oposición al nuevo sistema de financiación autonómica, está esgrimiento el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Francisco Vázquez.

Cuando ya se acerca la fecha de la reunión preparatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), fijada para el próximo día 23, se dibujan tres núcleos entre las comunidades autónomas por su posición ante el sistema de financiación pactado por el PP y CiU en abril. Un núcleo duro, que encabeza la Junta de Extremadura y al que ahora se suma la Xunta de Galicia.

Núcleo de beneficiados

Hay un segundo núcleo de comunidades autónomas favorables al nuevo sistema pactado entre el PP y CiU, pero que incluso les gustaría que fuera aún más liberal. Ahí están alineadas las tres comunidades mediterráneas gobernadas por el PP -Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares- que han formalizado un pacto para actuar como grupo de presión. En este segundo grupo también puede situarse a la Generalitat catalana y a la Comunidad de Madrid, claramente beneficiadas con el nuevo sistema.

En el tercer grupo se encuentran las comunidades que no aparecen especialmente beneficiadas ni perjudicadas por el nuevo sistema. Algunas están gobernadas por el PP, como Aragón, Cantabria, Asturias o Castilla y León, y otras por el PSOE, como es el caso de Andalucía y Castilla La Mancha. Con todas ellas, tanto el Ministerio de Economía y Hacienda como el de Administraciones Públicas tendrán que emplearse a fondo para ponerlas de su lado. Previsiblemente, el Gobierno podría echar mano de algún tipo de compensación económica -deuda histórica, obras de infraestructura- para compensar a las comunidades que resulten más perjudicadas.

La Administración central intentará poner de su lado a las dos comunidades gobernadas por el PSOE que están dispuestas a negociar el nuevo sistema, Andalucía y Castilla La Mancha, porque con ello favorecería su legitimación. Andalucía ya ha puesto algunas condiciones que el Ejecutivo juzga de imposible cumplimiento, como es la cesión de los impuestos especiales a las comunidades.

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