CRUZ BLANCO,
Madrid
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A las puertas de este comienzo en el que será implantado con carácter obligatorio en todos los centros el primer año de la ESO, diversos sindicatos de la Enseñanza entre los que se encuentran CC OO, UGT, STEs y USO, se han lanzado ya a protestar contra las normas dictadas en agosto por el equipo de la ministra Esperanza Aguirre que regulan la aplicación de la reforma (LOGSE) en la secundaria.
Será el próximo 23 de septiembre cuando se incorporen a las aulas los escolares de la nueva secundaria. Primero lo habrán hecho -el día 13- los de educación infantil y primaria que, en todo el territorio nacional, ascienden aproximadamente a cinco millones de escolares y que son los personajes, una vez más, del escenario de otra protesta: la del gasto en material escolar, denunciado por las asociaciones de consumidores y que oscila entre las 7.000 y 15.000 pesetas por hijo, según los cursos.
El curso pasado se despidió con la protesta de los padres de las zonas rurales porque no querían que sus hijos se desplazaran de los pueblos a cursar el primer año de la ESO en institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y con la promesa ministerial de aportar una solución «flexible» que permitiría a la mitad de ellos permanecer en los centros de EGB. Y el curso que está en capilla presenta ya signos de hervidero en el que los sindicatos de enseñantes han comenzado ya a agitar las ascuas. La espoleta son las nuevas normas del Ministerio de Educación dictadas en agosto que regulan el número de alumnos por aula, el horario de los profesores y la oferta de asignaturas optativas en la secundaria que estará limitada al corsé de grupos con un mínimo de 10 alumnos por asignatura.
«La ley nos dice que 'Cultura Clásica' será de oferta obligada y no habla de mínimos», afirma un profesor de Griego, recordando el compromiso de la ministra en el sentido de potenciar las humanidades.
«Lo más preocupante del modelo que ofrece el ministerio», afirma Álvaro Marchesi, uno de los padres de la reforma en gobiernos anteriores, «es que provocará el peligro de llegar a prescindir la optatividad y, con ello, una tendencia a que todos estudien lo mismo».
A decir de sindicagos de enseñantes, padres de alumnos y políticos anteriores, se está poniendo en peligro el espíritu de la reforma. «Habrá discriminación entre centros en materia de oferta de optativas, se aumentará el número de alumnos por profesor y todo esto irá en detrimento de la calidad», afirma Fernando Lezcano, secretario general de la federación de Enseñanza de CC OO. «Se han sacado estas normas sin un diálogo con padres y profesores, sólo las conocía la Administración y representan un ataque frontal al conjunto de la enseñanza porque se va a colocar en vía muerta la ESO».
Los docentes exigen algo que no se consiguió en la legislatura anterior: una ley de financiación del sistema educativo. «Maastricht es un pretexto. Las medidas de agosto responden a una obsesión enfermiza de ahorro que nos distancian de la homologación de los sistemas educativos comunitarios», afirma José Valverde, coordinador de acción sindical de enseñanza en CC OO.
USO (Unión Sindical Obrera), que reclama un proceso de negociación, no acepta la congelación de los salarios de los docentes y resalta cómo, aunque el ministerio hizo promesas a las zonas rurales antes de las vacaciones estivales, estas zonas se verán discriminadas.
«El PP no cree en la LOGSE que en su día no votó», reprocha al partido en el Gobierno la federación de UGT, dispuesta a emprender una próxima guerra escolar. «Constatamos que su estrategia es hacer inviable la reforma en la práctica a través del ahogo financiero», añade. Y explica: «La prórroga de presupuestos de 1995 para 1996 y los sucesivos ajustes de enero y junio han presentado un recorte del 10,9% sumando el 6,5% de inflación acumulada desde enero del 95 a julio del 96, originan un recorte real del 17,4% del presupuesto dedicado, llevando el gasto público en educación a un 3,9% del PIB (Producto Interior Bruto), los niveles más bajos desde la década de los setenta». Estas cifras no son compartidas por todos. Incluso personalidades de anteriores legislaturas hablan de un PIB de 4,7.
Las protestas no se han quedado reducidas al ámbito del profesorado. Los padres de alumnos denuncian falta de información y desarreglos que les preocupa porque el curso está a la vuelta de la esquina. «Faltan unas normas generales de la Administración sobre los horarios que permitan a los centros organizarse y adaptarlos», reclama Carlos Ladrón de Guevara, presidente de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos). «Y faltan otras cosas tales como equipamiento en los colegios de primaria donde se va a implantar el 1º de la ESO. Se va a producir una discriminación entre los niños que irán a institutos y los que se queden en las escuelas».
Otro motivo de preocupación para esta asociación es la cuestión de los conciertos con la enseñanza privada. «Están ampliándolos en lugares donde no hay demanda suficiente cuando hay tantas restricciones». Ante la ola de protestas de los enseñantes, Eugenio Nasarre, secretario general de Educación, asegura que todas las medidas tomadas para el curso 1996/97 grantizan la escolarización del alumnado «en las mejores condiciones de calidad y procurando una aplicación racional y eficiente de los recursos públicos. Las normas de agosto no van a suponer recortes», añade. «Las declaraciones de algunos sindicatos no están justificadas». Nasarre no comparte los cálculos realizados por UGT que colocan a la enseñanza pública en un 3,9% del PIB.
«Una congelación de salarios es una situación que nos viene heredada», puntutaliza Nasarre y subraya que ha existido diálogo con los sindicatos: «Tuvimos un encuentro con la mesa sectorial el 19 de julio y tenemos otra prevista para el próximo 13».
Mismo número de docentes
A pesar de la prevista disminución del alumnado (86.000 alumnos menos en la enseñanza primaria y 95.000 en la secundaria), Nasarre asegura que no se va a rebajar el número de profesores. «En primaria, la ratio alumnos / profesor va a ser de 16/1 y, en secundaria habrá grupos hasta de 13 alumnos. Hace 10 años en primaria era de 23,8 y de 15,5», afirma Nasarre. Sin embargo, lo que no queda claro es si el ministerio va a poder cumplir su compromiso con las zonas rurales para el primer ciclo (12-14 años), compromiso que supondría una inyección de 1.000 profesores más.
En cuanto al número de alumnos por grupo en la secundaria (30 son los fijados por la reforma), Nasarre recuerda el real decreto de 1994 en el que se hablaba de llegar a 30 pero de manera progresiva. «Habrá hasta 39 alumnos sólo en algunas optativas», aclara. «No todos los centros podrán tener la misma oferta de materias optativas porque si lo pide una minoría eso se convertiría en clases particulares. Y es razonable exigir un mínimo de 10 alumnos en las optativas».
En cuanto a los horarios lectivos dice: «Los maestros que impartan el primer ciclo de la ESO tendrán 21 horas y los profesores del antiguo BUP, 18 horas».
Sobre la acusación de una posible disminución de becas para el próximo curso, Nasarre la desmiente. «Se han establecido los mismos requisitos económicos que en la convocatoria anterior actualizada por el IPC», asegura el secretario de Educación.
Las medidas de la discordia
» Más alumnos en las clases. Del texto del documento de agosto, los sindicatos interpretan que los grupos de alumnos podrán llegar a ser de 39 cuando la reforma hablaba de 30 con un aumento del 10% para casos excepcionales.
» Aumento del horario de los profesores: Siempre según la interpretación de los docentes, el horario de los profesores sufrirá un aumento real en las horas lectivas, ya que se colocarán en 21 por obligación cuando hasta ahora es de entre 18 y 21 horas.
» Menos profesores interinos: La medida anterior reducirá la incorporación de interinos -«sólo en el territorio administrado por el Ministerio se podrían perder hasta 1.500 puestos de trabajo-.
» Asignaturas optativas limitadas: La oferta de asignaturas optativas quedará limitada en algunos centros porque la circular de agosto fija un mínimo de 10 alumnos por grupo para cada materia optativa.
» Centros urbanos pequeños y zonas rurales, los más afectados: Todo ello afectará particularmente a los centros urbanos de pequeña dimensión y a los de las zonas rurales, amén de la posibilidad de que en muchos de ellos desaparezcan los departamentos de orientación (una innovación de la reforma), las tutorías y las enseñanzas nocturnas. Temen que el ministerio no cumpla con su compromiso de aumento de profesores para atender a las zonas rurales que comiencen con la ESO.
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