El Gobierno presentó ayer una nueva oferta a las Comunidades autónomas para intentar consensuar el nuevo marco de la financiación autonómica con los socialistas. A primera hora hacía llegar a los consejeros su nueva propuesta, que de nuevo fue rechazada. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por lograr pleno acuerdo, la estrategia política pesó más que los intereses de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, según fuentes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pese a todo, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, tuvo que desautorizar a José María Benegas y afirmó que el PSOE no ha decidido recurrir al TC.
Felipe González, en rueda de Prensa celebrada tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, defendió que lo «prudente» sería que el actual sistema de financiación autonómica «se pudiese prorrogar hasta que se resolvieran los problemas de déficit» público y emplazó al Gobierno a que diga claramente «cuánto cuesta y cómo se reparte» el modelo que ha pactado con CiU.
Ejecutiva socialista
La financiación autonómica fue discutida en extenso en la reunión con que la dirección socialista abrió ayer el curso político. González, ante las diferencias que persisten en el PSOE sobre el modelo alternativo –aunque José María Benegas destacó que en estos meses se ha producido un acercamiento entre los socialistas catalanes y el resto del partido–, centró la posición socialista en la exigencia de un pronunciamiento claro del Gobierno sobre cuánto cuesta el modelo y cómo se repartirá la financiación. Ésta fue la única condición para participar en una negociación que, según dijo, hasta ahora no ha existido «en el sentido propio de la palabra».
«Nosotros –dijo– queremos discutir de contenidos, pero para discutir el modelo primero hay que conocerlo y para eso hay que saber lo que cuesta en el funcionamiento ordinario». «Basta con un folio», subrayó González, quien concluyó que «no será tan difícil ponerse de acuerdo si el sistema es transparente». Aunque los expertos del PSOE han echado sus propias cuentas sobre varias hipótesis, el secretario general socialista se negó a facilitarlas para no desviar la atención de su exigencia de que sea el Gobierno el que haga públicas las suyas, ya que la opinión mayoritaria dentro del PSOE es que, como oposición, no le corresponde presentar un modelo propio, por lo menos hasta que se conozca en todos sus extremos el del Ejecutivo.
Por otra parte, González desautorizó el anuncio hecho por José María Benegas, a través de un periódico, de que el PSOE recurrirá el nuevo modelo ante el Tribunal Constitucional. «No está decidido. Ni siquiera se ha discutido colectivamente si se puede plantear y no creo que sea prioritario tampoco», afirmó.
Durante la reunión de la Ejecutiva el único presidente autonómico que intervino fue el de Andalucía, Manuel Chaves, que, aunque se opone al modelo pactado entre el PP y CiU, es el que defiende una alternativa más próxima, mientras que en el extremo opuesto se sitúa el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Búsqueda de consenso
El Gobierno buscó hasta el último momento el mayor nivel posible de consenso. Por la mañana hizo una última propuesta a los consejeros, que se vio reflejada en un nuevo documento que fue rechazado por los socialistas.
Este documento incide en el establecimiento de los instrumentos de solidaridad, ante el «riesgo de que se produzcan distorsiones financieras». Con este objetivo, se establece un Fondo de Garantía, «con lo que al mismo tiempo que se avanza en la autonomía financiera se garantiza la conservación del equilibrio financiero y la suficiencia para aquellas Comunidades que, de otro modo, no podrían mantener su participación relativa en el conjunto de los recursos», según el texto del documento.
Solidaridad
Este fondo de garantía estará dotado durante el quinquenio con 200.000 millones de pesetas, mientras que el Fondo de Nivelación de Servicios contará con una partida presupuestaria de 10.000 millones de pesetas durante 1997.
Además, se desbloqueará por primera vez en cinco años la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que en la actualidad quedaba fijada en 128.000 millones de pesetas.
El nuevo sistema facultará a las Comunidades autónomas para regular los tributos cedidos, aunque los socialistas estiman que no debe dividirse la normativa en materia de impuestos. Además, habrá topes mínimos, aunque no máximos, como quiere el PSOE. Con los mínimos se pretende garantizar un nivel de financiación adecuada para la prestación de servicios.
La reunión que ayer mantuvo el Consejo de Política Fiscal y Financiera puso de manifiesto el apoyo mayoritario al sistema de financiación de las Autonomías para el quinquenio 1997-2001. Este sistema se basa en la cesión de un treinta por ciento del IRPF con capacidad normativa sobre los tributos cedidos y topes mínimos que garanticen que ninguna región perciba menos dinero que con el actual modelo.
El Consejo estuvo presidido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, y por el ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y participaron los consejeros de Economía de las Comunidades autónomas. El modelo de financiación será incorporado a los Presupuestos Generales del Estado, que debe presentarse antes del próximo día 30.
Posteriormente, y a lo largo de la tarde, ya en el seno del Consejo de Política Fiscal, los empeños del Gobierno por demostrar que el nuevo modelo no perjudicaría a ninguna Comunidad autónoma chocaron con la inflexible actitud de las regiones socialistas, cuya estrategia viene marcada desde hace varios meses y que, precisamente ayer, fue refrendada en la ejecutiva federal del PSOE.
Los representantes de José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves no hicieron ningún esfuerzo, según fuentes de la reunión, por intentar acercar posturas. Por el contrario, según esas mismas fuentes, primó el interés político común contra el Gobierno que los intereses reales de estas tres Comunidades autónomas. Su objetivo es ahora interponer ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad, tal y como era previsible. El secretario general del Grupo Socialista, Jesús Caldera, aseguró en el Congreso que el sistema incumple el principio de «igualdad tributaria», que se centra en que paga más el que más tiene.
Pujol, confiado
Mientras, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestaba en Cardona su confianza en el cumplimiento de los compromisos pactados entre CiU y el PP, así como en la aprobación del sistema de financiación «si no por unanimidad, sí con la mayoría suficiente», informa Ep.
Respecto a las críticas de dirigentes socialistas a la actitud de CiU en esta cuestión, Pujol dijo que no quería "polemizar.
Antes también discutíamos con ellos, sobre el nuevo sistema de financiación. Con el anterior Gobierno socialista, la financiación "no se hizo tan bien como para que ahora puedan criticarlo todo. Hemos encontrado más comprension en algunas cuestiones en el PP que con el PSC», concluyó. Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Jorge Fernández Díaz, negó ayer que el Gobierno haya hecho «pactos secretos» con algunas autonomías para que acepten el nuevo sistema de financiación, informa Efe. Fernández dijo que «este Gobierno está haciendo las cosas con absoluta transparencia, y el acuerdo que firmamos con CiU establece las bases de lo que ha sido la oferta del Gobierno al Consejo de Política Fiscal y Financiera».