Ocho meses y todo sigue igual. Los funcionarios de prisiones recordaron ayer a José Antonio Ortega Lara con este pensamiento en la cabeza. Desde que el pasado 17 de enero la banda mafiosa ETA diera el pistoletazo de salida al calvario de Ortega, sus compañeros comienzan a tener la impresión de que los responsables políticos han aceptado la situación «como una inevitable y rutinaria carga que no queda más remedio que soportar». Por su parte, Instutuciones Penitenciarias confía en que las investigaciones policiales den pronto su fruto al tiempo que reitera la negativa del Ministerio del Interior a dialogar con «aquellos que se mueven por la lógica de las pistolas».
«Ocho meses y todo continúa igual; Interior está demasiado entretenido en marear con los nacionalistas la cuestión del acercamiento de presos etarras como para ocuparse de la liberación de José Antonio». Esa es la actual queja de los representantes de los funcionarios en un momento en el que, si no se produce una pronta liberación, el cautiverio de Ortega Lara a manos de ETA pasará a convertirse en el más largo después del secuestro de José María Aldaya.
Fruto de la tensión a la que se ven sometidos cada día desde el pasado 17 de enero, los compañeros de José Antonio Ortega creen que los responsables políticos han aceptado la situación como una inevitable y rutinaria carga que, de momento, no queda más remdio que soportar. Los funcionarios de prisiones se confiesan «hartos de la situación y extremadamente preocupados por que ésta se prolongue mucho más tiempo».
La sensación de incertidumbre e impotencia aflora a poco que se mencione el nombre del compañero secuestrado. «No se trata de responsabilizar al Ministerio del Interior de lo que está ocurriendo –afirman– pero, después de tantos días, creemos que ha llegado el momento de que, por lo menos, se nos informe sobre qué se está haciendo para liberar a José Antonio».
Desde Instituciones Penitenciarias dicen «comprender» las quejas de los funcionarios de prisiones, que atribuyen a la prolongación del secuestro así como al hecho de se hayan convertido en objetivo «reconocido» de la banda criminal ETA. No obstante, el Departartamento que dirige Ángel Yuste asegura que la liberación de Ortega depende de la investigación policial, cuyos «progresos no pueden, por razones obvias, hacerse públicos, y ni siquiera comunicarse a los trabajadores de prisiones». Los funcionarios demandan una mayor implicación de los responsables de Interior en la lucha por la libertad de Ortega, para lo que no descartan la negociación con los terroristas mientras Instituciones Penitenciarias rechaza de plano esa vía para solventar felizmente la situación. «Un secuestro en una sociedad democrática no es una situación normal –señala–, por lo que negociar la libertad de Ortega Lara sería reconocer la tortura de ETA como un método legítimo de reivindicación política. Eso sería ceder al chantaje terrorista, eso significaría complacer a la banda».
De la misma opinión es Gesto por la Paz, cuyo portavoz, Jesús Herrero, ve un solo reponsable de la situación: la banda criminal ETA. «Sería absurdo atribuir responsabilidades a los funcionarios o a las instituciones –dice–; la única responsabilidad es de los terroristas, que son los que tienen la llave de la liberación de Ortega».
En cualquier caso, lo cierto es que el cautiverio de Ortega Lara no pasa inadvertido a la sociedad. Compañeros, instituciones y plataformas cívicas continúan implicados en la exigencia de una liberación inmediata del funcionario secuestrado.
En este marco habría que situar las muestras de solidaridad organizadas ayer en todos los puntos de España. Desde Burgos, lugar de residencia de Ortega, hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde cerca de diez mil funcionarios públicos gritaron «Soltad a Ortega Lara!» ante la sede de la Delegación del Gobierno de las Islas, informa A. Sánchez.
Sin embargo, también hay políticos que plantean una salida dialogada, que otros prefieren interpretar como cesión a los violentos. En este sentido, Carlos Garaicoechea dijo ayer que el Gobierno había perdido la oportunidad de «dar una salida política lógica» a la liberación de Ortega con su rechazo a un plan global de acercamiento de presos de etarras a cárceles del País Vasco.
Otros apelan a la unidad de los demócratas como principal arma para luchar contra el intento de chantaje etarra. De esta opinión es José Ignacio Ceniceros, secretario general del PP en La Rioja y amigo personal de Ortega Lara. «Sin entrar a valorar las declaraciones de Garaicoechea–señala– de lo que se trata en estos momentos es de permanecer unidos contra los violentos y de exigirles que, ya que no parecen dispuestos a liberarlo, den al menos muestras del estado en que se encuentra José Antonio».