Madrid. J. L. Lorente / A. Garrido.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer el nuevo sistema de financiación autonómica con el apoyo de todas las Comunidades del PP, Cataluña y Canarias y el rechazo frontal del PSOE. Pese a las garantías que incluye el acuerdo para que ninguna Autonomía resulte perjudicada –un fondo de 200.000 millones durante los próximos cinco años y un fondo de nivelación de servicios que contará con 10.000 millones en 1997–, los socialistas han dejado fuera del nuevo modelo a las Comunidades donde gobiernan –Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha– por considerarlo insolidario, y amenazaron con presentar recursos de inconstitucionalidad ante el TC.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo sistema con los votos en contra de tres Autonomías –Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha– y dos abstenciones: País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen de financiación especial.
Ante el riesgo de que el nuevo sistema de financiación autonómica genere desequilibrios económicos perjudiciales para algunas regiones, el Gobierno decidió introducir en su propuesta de financiación autonómica los mecanismos necesarios para evitarlos. En primer lugar, se va a crear un Fondo de Garantía, que estará dotado con 200.000 millones de pesetas durante el quinquenio 1997-2001. Con este Fondo se persigue evitar que se produzcan distorsiones en el sistema, pero también garantizar la suficiencia financiera de las Comunidades autónomas.
El Gobierno también tiene previsto dar por fin cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que establece la creación de un Fondo de Nivelación de Servicios, cuyo objeto es que todas las regiones gocen de unos servicios esenciales. Este Fondo contará durante su primer año de existencia, 1997, con 10.000 millones de pesetas. El Ejecutivo prevé descongelar además la asignación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que durante los últimos cinco años ha estado fijada en 128.000 millones de pesetas. La reactivación del FCI supondrá una importante inyección económica para las arcas de las Comunidades autónomas más desfavorecidas. Durante los años de la hegemonía socialista, el FCI fue perdiendo la razón de ser y en los últimos tiempos había coincidencia general en la ineficacia de su funcionamiento.
El Gobierno también ha decidido tener en cuenta la postura defendida por el consejero valenciano José Luis Olivas y por primera vez se tendrá en cuenta el criterio de la población en el nuevo sistema. El Gobierno reconoce que «no parece posible mantener durante tres años las importantes diferencias que existen en algunos aspectos de las citadas ponderaciones, en especial las referentes a la variable población, puesto que, en definitiva, no puede ignorarse que los servicios públicos tienen por destinatarios a los ciudadanos».
Con todas estas garantías el Gobierno pretende eliminar las incertidumbres puestas de manifiesto por algunas regiones, temerosas de salir perjudicadas y de que aumenten las diferencias entre regiones ricas y pobres. Pero además, el Ejecutivo intenta dejar sin argumentos ante la opinión pública a los socialistas, que han rechazado sistemáticamente el nuevo modelo, sin ni siquiera conocerlo.
Apoyo mayoritario
La reunión que ayer mantuvo el Consejo de Política Fiscal y Financiera puso de manifiesto el apoyo mayoritario al sistema de financiación de las Autonomías para el quinquenio 1997-2001. Este sistema se basa en la cesión de un 30 por ciento del IRPF con capacidad normativa sobre los tributos cedidos y topes mínimos que garanticen que ninguna región perciba menos dinero que con el actual modelo.
Por otra parte, Felipe González, en rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, defendió que lo «prudente» sería que el actual sistema de financiación autonómica «se pudiese prorrogar hasta que se resolvieran los problemas de déficit» público, y emplazó al Gobierno a que diga claramente «cuánto cuesta y cómo se reparte» el modelo que ha pactado con CiU.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, destacó que el nuevo sistema tendrán un coste adicional inferior al que tuvo el modelo del Ejecutivo socialista: menos de 500.00 millones frente a los 750.000 del sistema antiguo. Rato se mostró sorprendido de que las tres Comunidades socialistas se opusieran también a la integración de Ceuta y Melilla en el nuevo sistema de financiación.
El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, subrayó que no habrá topes máximos de crecimiento y criticó la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PSOE, ya que atacan lo que los socialistas de otras autonomías están de acuerdo. El ministro explicó que las autonomías que no aprueben el nuevo modelo mantendrán el antiguo y «perderán muchos recursos y capacidad de autogobierno», dijo Rajoy.
Por su parte, los consejeros socialistas descalificaron con dureza el nuevo modelo. El representante de Extremadura, Manuel Amigo, y la de Andalucía, Magdalena Álvarez, anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, en tanto que el de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Montañés, dijo que su Comunidad estudiará también esta medida, al entender que existen "vicios" de inconstitucionalidad.
El consejero de Economía de la Generalidad de Cataluña, Maciá Alavedra, consideró que las críticas al nuevo sistema «no son justificadas». Alavedra afirmó que antes de criticar habría que hacer una reflexión sobre el modelo actual, que calificó de «injusto».