Elaborar una Ley de lo Audiovisual y un Reglamento del Cable y el Satélite, «piezas fundamentales» para la competitividad de España, privatizar Retevisión y poner en marcha el segundo operador, reglamentar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y modificar la Ley del Tercer Canal, de TV Local y TV Privada son las asignaturas pendientes del Ejecutivo en materia de Telecomunicaciones que, de superarse, revolucionarán el actual marco televisivo. Todas ellas conforman el programa del curso político crucial que ahora empieza y, si respetan el calendario fijado, desembocarán en la liberalización total del sector en 1999.
El nuevo curso político ha devuelto al escenario de las Telecomunicaciones la actividad propia de un sector con una remodelación pendiente. Pese a que el periodo estival no ha sido precisamente de descanso, con numerosas declaraciones de intenciones del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, y del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, anticipando algunas de las medidas que tomará el Ejecutivo en los próximos meses, los plazos previstos por el Gobierno para adecuar la singular realidad española en materia de telecomunicaciones a la del resto de los miembros comunitarios tocan su vencimiento.
Reglamento del Cable
Liberalizar el mercado, conjugar la pluralidad y el fomento de empresas fuertes así como apoyar la iniciativa privada será el basamento sobre el que el Gobierno intentará levantar una compleja estructura que partirá desde la elaboración del Reglamento de la Ley del Cable, aprobada en diciembre del pasado año. Arias Salgado ya adelantó hace unas semanas que esta reglamentación entraría en vigor antes del próximo 15 de septiembre.
Ley del Tercer Canal
A continuación, siempre según el calendario fijado por el Partido Popular, se realizará la reforma de la Ley del Tercer Canal, proyecto de Ley que «será aprobado en el Consejo de Ministros posiblemente antes de que finalice el verano», tal y como aseguró recientemente Miguel Ángel Rodríguez. Gracias a este proyecto de Ley, el Estado cederá la gestión del Tercer Canal a las Comunidades Autónomas para que éstas dispongan de la modalidad de gestión que consideren más oportuna (directa o indirecta).
Estatuto de RTVE
También el Estatuto de RTVE precisa para el Gobierno una urgente remodelación, al haber sido catalogado como «obsoleto y necesitado de una rápida modificación». El nuevo Estatuto profundizará no sólo en la imparcialidad política sino también en la imparcialidad del ente público.
El programa legislativo en materia de Telecomunicaciones prevé además un estudio para reformar la Ley de Televisión Privada con vistas a que un mismo operador pueda tener más del 25 por ciento del capital social de una empresa, aunque la ley mantendrá la prohibición de participar en varias cadenas simultáneamente. El Ejecutivo entiende que son muchas las quejas que ven sus imposiciones legales como un corsé que impide el desarrollo de las empresas fuertes.
El cambio que será introducido en esta Ley, cuyas nuevas licencias deberán adjudicarse durante el año 1999, aunque no conlleva carácter de urgencia ha despertado discrepancias entre el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, que afirmó que «se llevará a cabo sin prisas y después de numerosas consultas con los miembros del sector»; y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, quien adelantó que la reforma sería siempre «contra reloj».
Comisión del Mercado
Por su parte, la constitución de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones está pensada para finales del presente mes. Esta comisión tendrá una duración superior a la del Gobierno que la constituya y está ideada como organismo regulador del sector. Para esta misma fecha está prevista también la privatización de Retevisión.
TV Local
La modificación de la Ley de Televisión Local, que pretende corregir puntos oscuros como la preferencia de los Ayuntamientos para gestionar el servicio, está marcada en el calendario gubernamental antes de diciembre, fecha en la que el proyecto debería ser enviado a las Cortes.
LOT
La preocupación por la reordenación de las Telecomunicaciones atiende siempre a la introducción de competencia en la progresiva liberalización del sector, proceso éste del que fue precursor Estados Unidos allá por 1984, fenómeno que no se introdujo en Europa hasta 1987 con la publicación del Libro Verde, momento en el que en España se aprobó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT). En esta línea, el Gobierno prepara una Ley General de Telecomunicaciones, cuyo proyecto deberá ser enviado a las Cortes antes del próximo 31 de diciembre y que recogerá la transposición de todas las directivas sobre el servicio básico, sistemas de regulación e interconexión de las redes. En este plazo figura también la entrada en vigor del Reglamento de la TV por satélite.
Para los concursos de adjudicación de las licencias de cable, el calendario marcado establece que tengan lugar en el primer semestre de 1997, para que empiecen a prestar servicio ese mismo verano. Esos servicios en opinión de Arias Salgado, no deberán ser sólo de televisión, sino también telefónicos, especialmente los dirigidos a las empresas, valorando la capacidad de los aspirantes para prestar dichos servicios a la hora de otorgar los permisos.
Privatización en RTVE
Una vez cumplidos todos estos pasos intermedios, el Gobierno espera liberalizar totalmente las Telecomunicaciones a lo largo de 1999, moratoria que se basa en la necesidad de mejorar la red de Telecomunicaciones existente y extender los servicios telefónicos básicos, ajustar definitivamente las tarifas, completar el proceso legislativo y hacer la transposición de las directivas comunitarias a la legislación española. En 1999, además, será cuando el Ejecutivo se pronunciará sobre la posible privatización de uno de los dos canales de Radio Televisión Española.